ACTI advierte que la sobrerregulación y la lentitud en permisos están retrasando proyectos clave en infraestructura digital, en un escenario de creciente demanda tecnológica que exige mayor capacidad operativa para sostener servicios esenciales y el desarrollo de la economía digital
La infraestructura digital dejó de ser un soporte técnico para transformarse en una base operativa del país. Desde la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información advierten que data centers, servicios cloud y conectividad sostienen hoy funciones críticas como pagos, telecomunicaciones y servicios públicos, mientras que su estabilidad resulta determinante para asegurar la continuidad de procesos productivos y servicios esenciales.
En ese contexto, el crecimiento de la demanda tecnológica no muestra señales de desaceleración. El avance de la inteligencia artificial, la analítica avanzada y la digitalización de procesos está elevando la necesidad de capacidad de cómputo, al mismo tiempo que exige una infraestructura más robusta, escalable y resiliente para responder a nuevas cargas operativas.
Permisos y regulación ralentizan proyectos estratégicos
El problema, advierten desde el sector, no está en la tecnología disponible, sino en las condiciones para desplegarla. La sobrerregulación, la fragmentación normativa y la lentitud en la tramitación de permisos están retrasando proyectos clave, mientras que la falta de plazos claros genera incertidumbre y dificulta decisiones de inversión de largo plazo.
La gerenta general de ACTI, Luz María García, advierte que el impacto ya es tangible: “Hoy la infraestructura digital es infraestructura crítica y necesitamos plazos ciertos y reglas claras para invertir responsablemente en data centers, cloud y conectividad”, enfatizando que “de eso depende la continuidad de servicios clave para personas y empresas”.
Riesgo de pérdida de inversión y competitividad
El efecto de estas trabas no se limita a la ejecución de proyectos, sino que comienza a trasladarse a decisiones estratégicas. “El costo de no avanzar no es teórico: son proyectos que se postergan o se van a otros mercados”, advierte García, agregando que “eso implica más riesgo operacional y menos desarrollo del ecosistema local en Chile”.
En paralelo, el escenario global aumenta la presión. La competencia por atraer inversiones en infraestructura digital se intensifica entre países, mientras que los mercados que logran procesos más ágiles capturan proyectos estratégicos vinculados a tecnología y datos.
Modernización del Estado como condición para acelerar inversión
Desde el gremio subrayan que destrabar la inversión no implica flexibilizar exigencias. “Destrabar no significa bajar estándares, sino modernizar el Estado para dar certeza con criterios homogéneos y tramitación eficiente”, plantea García, destacando que la coordinación intersectorial resulta clave para viabilizar proyectos complejos.
En esa línea, el país cuenta con avances institucionales relevantes. Existe un Plan Nacional de Data Centers y lineamientos técnicos para evaluación ambiental, pero la falta de rutas de aprobación predecibles y plazos definidos limita su implementación efectiva.
Llamado a coordinación para sostener el desarrollo digital
Frente a este escenario, el gremio plantea avanzar en una instancia de trabajo estructurada. “Chile puede liderar, pero requiere coordinación público-privada y una agenda de permisos a la altura del desafío”, sostiene García, subrayando que acelerar la ejecución de inversiones es clave para no perder competitividad en el contexto regional.
La discusión se instala así en un plano más amplio. La infraestructura digital se consolida como un habilitador del desarrollo económico, mientras que la capacidad del país para sostener su crecimiento tecnológico dependerá de cómo resuelva sus cuellos de botella regulatorios.
