El ministro Martín Arrau defiende un aumento histórico para las policías, pero el proyecto reduce cerca de $13.800 millones los gastos reales de personal de PDI y Gendarmería, mientras eleva recursos para tecnología y operaciones en 2027
El Gobierno de José Antonio Kast anuncia un aumento histórico del presupuesto policial para 2027, pero el detalle de las partidas revela una diferencia entre el crecimiento institucional y los recursos destinados a sus funcionarios. La Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería registran reducciones reales en gastos de personal que suman aproximadamente $13.800 millones, mientras aumentan considerablemente las asignaciones para tecnología, equipamiento y funcionamiento operativo.
El contraste surge después de que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendiera la propuesta gubernamental y afirmara que “es un presupuesto histórico para las tres policías, incluyendo la Gendarmería de Chile como policía penitenciaria”.
El secretario de Estado sostuvo que el financiamiento representa el mayor presupuesto policial de la última década y destacó las nuevas iniciativas legales que prepara el Ejecutivo para fortalecer a las instituciones.
Sin embargo, los aumentos se distribuyen de manera desigual. La PDI recibirá $628.147 millones, un crecimiento real de 7,4%, mientras Gendarmería aumentará 17,9%, hasta alcanzar $787.696 millones en su programa principal.
Carabineros dispondrá de $1.659.044 millones, un incremento de 3,6%. Las diferencias aparecen en los gastos de personal, al comparar el proyecto con la base presupuestaria 2026 ajustada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), precisamente cuando el Congreso revisa los incrementos y ajustes del Presupuesto 2027.
PDI: menos recursos para personal mientras crece el gasto tecnológico
La Policía de Investigaciones registra una reducción real de 2,2% en gastos de personal, equivalente a aproximadamente $11.000 millones, pese al crecimiento de su presupuesto general. El ajuste contrasta con incrementos de 492,2% en equipos informáticos, 264,3% en máquinas y equipos, y 29,3% en bienes y servicios de consumo, partidas que concentran una parte importante de los nuevos recursos operativos.
La distribución presupuestaria coincide con los esfuerzos de modernización de la institución, que contempla ampliar sus capacidades tecnológicas, fortalecer el combate al crimen organizado y formar nuevos agentes policiales. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el financiamiento de dotaciones y futuras contrataciones, especialmente frente a los compromisos de crecimiento del personal investigador.
Como contrapunto al presupesto 2027, el subprefecto Rodrigo Zamora, director del Centro de Capacitación Profesional de la PDI, destacó anteriormente la importancia de preparar funcionarios capaces de enfrentar delitos de mayor complejidad. Al abordar los planes de formación institucional, sostuvo que “necesitamos formar agentes policiales integrales que tengan las mejores capacidades, para apoyar los distintos procesos investigativos a nivel nacional”.
La institución proyecta incorporar 250 estudiantes a su centro de formación de Talcahuano durante 2027, en el marco de la ley que establece un aumento progresivo de agentes policiales. La expansión formativa y la reducción real de la partida de personal deberán examinarse conjuntamente para establecer cómo se financiará el crecimiento comprometido y qué recursos estarán disponibles para las labores investigativas.
Gendarmería: disminuye el gasto en personal frente a necesidades de dotación
En Gendarmería, el crecimiento institucional de 17,9% contrasta con una reducción real de 0,5% en gastos de personal, equivalente a aproximadamente $2.800 millones. Mientras esa asignación disminuye, los bienes y servicios de consumo aumentan 82,3% y las partidas para máquinas y equipos crecen 371,2%, reflejando una expansión del financiamiento destinado al funcionamiento y la seguridad penitenciaria.
No obstante, las necesidades de recursos humanos figuraban entre las principales preocupaciones de los funcionarios penitenciarios. El entonces presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile, Pablo Jaque, advirtió sobre la sobrecarga laboral que enfrentaban los equipos de vigilancia debido al crecimiento de la población penal. “Hoy debemos administrar espacios que no existen, con la misma cantidad de funcionarios de hace 15 años”, sostuvo al describir las dificultades para mantener el control de los establecimientos.
Las advertencias gremiales encontraron coincidencias con el diagnóstico expresado por la propia dirección institucional. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, reconoció que “Gendarmería históricamente tiene muchas necesidades en materia de recursos humanos, de infraestructura, y de carácter presupuestario”, al abordar las prioridades del servicio en una reunión con el ministro Arrau.
Esas necesidades adquieren relevancia frente al proyecto de 2027, que contempla financiar 19.902 cargos e incorporar sistemas de seguridad electrónica en doce establecimientos penitenciarios e inhibidores de celulares en nueve unidades penales. A las reducciones en gastos de personal se suman ajustes de 66,2% en proyectos de inversión y de 7,5% en bienes y servicios para programas de rehabilitación y reinserción social.
Carabineros presenta una situación distinta. Su gasto en personal aumenta 1,3%, equivalente a unos $16.000 millones adicionales, y contempla completar el financiamiento anual de mil cupos asignados en 2026 e incorporar otros 132. Sin embargo, también disminuye 40,8% la asignación específica del Modelo de Integración Carabineros-Comunidad (MICC), destinado al trabajo policial de proximidad territorial.
Variaciones reales en gastos de personal para 2027
| Institución | Variación real | Diferencia aproximada |
|---|---|---|
| PDI | -2,2% | -$11.000 millones |
| Gendarmería | -0,5% | -$2.800 millones |
| Carabineros | +1,3% | +$16.000 millones |
Comparación con la base presupuestaria 2026 ajustada por Dipres. Montos aproximados en pesos de 2027.
El Congreso deberá aclarar el destino de los recursos
Las disminuciones en gastos de personal no significan necesariamente despidos, menores remuneraciones ni una reducción efectiva de funcionarios. Sin embargo, las cifras abren interrogantes sobre las prioridades de financiamiento, particularmente cuando ambas instituciones mantienen compromisos de modernización, formación y fortalecimiento de sus capacidades operativas.
Una situación similar se observa en el Ministerio Público, donde el fiscal nacional Ángel Valencia cuestionó restricciones presupuestarias para investigar el crimen organizado, pese al aumento global de los recursos asignados a la institución. En ambos casos, las diferencias entre financiamiento disponible y condiciones operativas adquieren importancia frente a las nuevas exigencias de la persecución penal.
La distribución de recursos también deberá examinarse frente a las nuevas facultades de seguridad propuestas por el Ejecutivo, que incluyen medidas contra el crimen organizado y regímenes penitenciarios especiales. Su implementación requerirá equipamiento e infraestructura, pero también personal especializado y capacidades suficientes para desarrollar esas funciones.
Durante la tramitación legislativa, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá que explicar las razones de las reducciones reales en gastos de personal de la PDI y Gendarmería, determinar su relación con las dotaciones y precisar cómo se financiarán los compromisos de crecimiento institucional.
El aumento presupuestario anunciado por Arrau está respaldado por las cifras, pero las asignaciones muestran que el fortalecimiento financiero no alcanza de la misma manera a los recursos humanos. La revisión del Congreso deberá establecer si las disminuciones responden a ajustes administrativos o a decisiones que modificarán las condiciones de funcionamiento de ambas instituciones durante 2027.
