Por: Antonio Leal L. Sociólogo y Doctor en Filosofía. Ex presidente de la Cámara de Diputados
La revuelta social del 18 de Octubre pasado impuso un proceso constituyente que se transforma en un hito histórico porque por primera vez los chilenos, vía plebiscito, decidiremos sobre la apertura de un proceso constituyente que desde su inicio cancela la Constitución de Pinochet ya que en la elaboración de la Nueva Constitución se parte de una hoja en blanco o más bien de los anhelos de la mayoría del país que por 40 años ha perseguido este objetivo democratizador y, también, de una tradición institucional histórica que la Constitución del 80 destruyó para consolidar el poder dictatorial.
Si gana la opción Convención Constitucional será ella la que, con una composición políticamente plural, con paridad de género y presencia inclusiva de los pueblos originarios, elabore un nuevo texto Constitucional, sancionado finalmente en un segundo plebiscito.
La Constitución de 1980, ilegítima en su origen e impuesta al país, rompe con una tradición democrática que se remonta a los orígenes mismos del proceso independentista de Chile. El objetivo fue reemplazar el sistema democrático, especialmente generado a partir de la Constitución de 1925 por un régimen autoritario militar, corporativista, con un rol de tutelaje permanente de las FFAA que deja fuera a los partidos políticos, cierra el Congreso, elimina a la ciudadanía, cancela la soberanía popular como origen del poder e instala a las FFAA como un cuarto poder dominante sobre el resto de los poderes del Estado porque, además, posee el monopolio de las armas.
La Constitución del 80 termina, además, con el rol social del Estado que las diversas reformas a la Constitución y las experiencias políticas reformadoras habían incorporado. Pone fin a un constitucionalismo social y de ampliación de derechos que se había logrado, cancela conquistas y procesos que gobiernos de diverso signo había dado a Chile e impone, vía privatización de todo lo estratégico que estaba en manos del Estado y de la implantación de una economía de mercado sin regulación. la hegemonía de políticas neoliberales que dominan en el ámbito económico y que no se han logrado desmontar en los años de la democracia.
En lo político pasa de un presidencialismo, ya presente en la Constitución de 1833 y reforzado en la Constitución de 1925, a un hiperpresidencialismo que concentra absolutamente el poder y que actúa sin contrapeso alguno del resto de los poderes del Estado que son disueltos o subordinados a la dictadura y donde se cancela el pluralismo de ideas excluyendo a los partidos y declarando a las ideologías y a la política como elementos subversivos.
La Constitución del 80 tiene el sello de la guerra fría y patrocina e instala la doctrina de seguridad nacional de los enemigos internos a combatir por parte de las FFAA y del orden. Por tanto, una Constitución destinada a avalar institucionalmente la represión que la dictadura utiliza como la principal herramienta de su gestión del poder.
En ella se instalaron resguardos para controlar todo proceso de apertura: quórums especiales para impedir reformas, un sistema electoral binominal mayoritario pensado para controlar un futuro Parlamento, enclaves autoritarios que mantenían el poder militar sobre el civil a través de un rol tutelar de las FFAA y de una forma de democracia protegida que debía tener siempre como garante a las FFAA, convertodas en un cuarto poder del Estado.
Así, la ex dictadura y la derecha política y económica, derrotadas en el plebiscito del 88, y pese a ser minoría electoral, controlaron y condicionaron el proceso de transición y solo 15 años después de la elección del Presidente Aylwin, las reformas introducidas el año 2005 por parte del gobierno del Presidente Ricardo Lagos pusieron fin a los enclaves autoritarios pero no podían, sin embargo, cambiar la esencia autoritaria y la ilegitimidad de una Constitución que fue creada con el propósito explícito de romper con una tradición democrática y consolidar un modelo económico neoliberal, el más radical del mundo.
La Constitución de Pinochet que ha dividido a los chilenos por 40 años puede llegar a su fin el próximo 25 de Octubre a través del voto democrático, de marcar Apruebo y Convención Constitucional, y finalmente escribir, en un proceso participativo único, una Nueva Constitución, una nueva historia, un nuevo país, ya liberado de los residuos institucionales de la dictadura.
Por su legitimidad de origen y de generación, todos los chilenos podremos sentirnos representados en la Nueva Constitución porque en sus valores, principios y normas incorporará los temas acuciantes de hoy, los derechos sociales, de género, étnicos y de diversidad, la universalidad del respeto y la protección de los derechos humanos, una democracia con ciudadanía participativa e incidente, un proceso de desconcentración político, territorial y financiero hacia las regiones, un modelo de desarrollo sustentable que proteja el medio ambiente, un Estado presente en la construcción de una sociedad más integrativa e igualitaria. No es posible cambiar el modelo neoliberal que en su esencia consagra abusos, concentración de la riqueza, desregularización del mercado, bajos salarios y que impide una salud y una educación pública de calidad, sin cambiar el actual rol subsidiario el Estado.
Una Constitución que responda a la complejidad del mundo global, digital, de la inteligencia artificial, el mundo del siglo XXI que ya no es el mundo simple y lineal de los 80, el de la guerra fría, plagado de dictaduras de diverso signo, sino un mundo global caracterizado por la aceleración, la incertidumbre, la liquidez, el riesgo y que por tanto debe incorporar los derechos emergentes y los resguardos éticos y jurídicos a los riesgos existenciales y esenciales de los cambios biotecnologícos, tecnocientíficos, biopolíticos, que regulados pueden potenciar positivamente la vida de los seres humanos.
Oponerse a una Nueva Constitución, es no solo quedarse con la Constitución originada en dictadura sino también ir en contra de un mundo que se mueve aceleradamente en otra dirección, hacia otra civilización, y desconocer que las sociedades necesitan un piso común donde nos reconozcamos todos, un nosotros, que responda a la realidad cambiante, flexible, donde las legítimas diferencias se expresen dentro del ámbito de la democracia, de las libertades políticas, sociales y culturales, de la tolerancia y la no violencia.
Hay un tema de fondo: construir una identidad común y ello solo puede lograrse si todos participamos en la creación de una Nueva Constitución que de esperanza, que recree confianzas y que aborde ahora ya los reclamos, las frustraciones que generaron la sublevación social, que siguen latentes y se presentarán de manera aún más aguda, dado el empobrecimiento y el retroceso que provoca la pandemia que vivimos, si no se adoptan las medidas socioeconómicas y políticas para abordarlos.
Transformemos el voto del 25 de Octubre en un voto de esperanza de que juntos, en la legítima diversidad de las posturas políticas e ideales de todos y todas, con un nuevo marco Constitucional verdaderamente democrático y de derechos sociales, podamos establecer un nuevo pacto que cierre definitivamente la transición inconclusa y elimine el clivaje dictadura – democracia como factor de referencia de una polarización que la Constitución del 80 ha mantenido abierto por 40 años.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
