Por: Natalia González Bañados. Presidenta del Consejo para la Transparencia
El 28 de septiembre fue el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, ocasión propicia para reflexionar sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública (DAI) y su institucionalidad. Aunque parezca un derecho consolidado, hechos ocurridos dentro y fuera de Chile sugieren lo contrario, por eso conmemoraciones como esta nos recuerdan que requiere defensa permanente.
El DAI permite ejercer control social sobre el aparato público: conocer decisiones, fundamentos y uso de recursos. También refuerza la rendición de cuentas y la participación ciudadana, sentando las bases para aumentar la confianza pública.
Desde hace más de 16 años contamos con la Ley de Transparencia y el Consejo para la Transparencia (CPLT) que la garantiza, organismo autónomo y con potestad sancionatoria. En este tiempo, el CPLT ha resuelto más de 100 mil casos y el Portal de Transparencia ha recibido más de 50 millones de visitas y tramitado más de 2 millones de solicitudes, consolidando una cultura de transparencia.
Hoy, esta valiosa legislación requiere actualizarse. Existe consenso académico en extender el régimen de transparencia al Poder Legislativo, Judicial y órganos autónomos constitucionales, poniendo fin a los regímenes atenuados que los rigen.
También en aprovechar la inteligencia artificial para facilitar la búsqueda y disponibilidad de información pública. En este contexto, surge el desafío de que los ciudadanos conozcan qué sistemas de decisión automatizada usa el Estado, cómo funcionan y cómo los afectan. Por eso, el CPLT publicó sus Recomendaciones de Transparencia Algorítmica, abriendo el debate para incorporar esta materia en la ley.
Si bien el camino a seguir parece delineado, se observan señales inquietantes. En países como México, órganos autónomos han enfrentado su desaparición. En Chile no estamos en ese escenario, pero sigue pendiente desde 2018 el proyecto de modernización de la Ley de Transparencia. Aunque contiene avances, deja cuestiones abiertas: extensión del régimen general de transparencia, transparencia de algoritmos estatales y ampliación de transparencia activa. Debe resguardarse la autonomía del CPLT, como ya ha sido advertido.
El llamado a los colegisladores es a evitar retrocesos que afecten a los órganos fiscalizadores y, en cambio, reforzar la institucionalidad, actualizarla y elevar los estándares de control. Así no solo se protege el DAI, sino que también se recupera la confianza en la gestión pública.
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