Por: Gabriel Benavente. Presidente CChC Valparaíso
Es una buena noticia la reciente aprobación de la “Ley Miscelánea” de Vivienda por parte del Congreso, porque genera condiciones legales para la implementación del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) y facilitaría la ejecución de obras urbanas. En este sentido, va en la dirección correcta y la valoramos. Pero es un paso y no resuelve por si sola el principal problema que tiene la Región de Valparaíso hoy, que sin lugar a dudas es el tremendo déficit habitacional.
Ahora, para solucionar el problema y hacer realidad el PEH, debemos afrontar a nivel local a lo menos dos grandes desafíos: por un lado, planos reguladores comunales obsoletos y restrictivos, propios de ciudades de otra época, que evidencian la falta de una regulación urbana moderna y propositiva.
Y también falta de voluntad para avanzar hacia un modelo sostenible, que permita preservar entornos, pero al mismo tiempo genere los espacios necesarios para construir las viviendas y la infraestructura urbana que las familias necesitan para su calidad de vida. Y esto sólo se puede hacer dialogando, fomentando una real participación ciudadana y abandonando los sesgos ideológicos.
Ante la evidencia de un importante crecimiento urbano de la ciudad durante los últimos años, y a la vista de las nuevas necesidades de la población, como gremio reiteramos que es crucial que los planos reguladores y los instrumentos que normen el crecimiento de la ciudad, deben ser actualizados de manera periódica, máximo cada 10 ó 15 años.
Y, por otro lado, esta un tema crucial: el acceso al financiamiento de las empresas, uno de los principales problemas que explican el actual estancamiento del sector, la caída de la actividad y bajo número de proyectos en la región. En este caso, tanto la banca como el sistema financiero en general, deben hacer una contribución mayor y decidida a las empresas, para la reactivación de una actividad como la construcción, que bien sabemos es multiplicadora y tienen foco ahí donde están las reales necesidades de las personas, como son la vivienda, la infraestructura y el equipamiento urbano.
En este terreno, también se necesita un compromiso más decidido del sector público, en orden a desterrar todo nivel la burocracia, la tramitación excesiva e innecesaria y el retraso de los estados de pago por obras contratadas por el Estado, que ahoga a las empresas y les impide sacar la cabeza del pozo. Y, por más ganas que tengan, de asumir nuevos proyectos. La capacidad técnica y las ganas de los empresarios están. Pero hoy todos, tanto los actores públicos como los privados, tenemos el deber moral de enfrentar el problema de la crisis de acceso a la vivienda de las familias de la región, con un sentido de urgencia, con buena voluntad y con un compromiso social genuino.
En este sentido, las modificaciones presentadas a los diversos cuerpos legales para la materialización del PEH, debieran extenderse al total de la producción habitacional del país, alcanzando con esta acción a segmentos socioeconómicos y tipológicos que van más allá del 40% de la población objetivo del PEH.
Por otra parte, y valorando el hecho que se han reajustado montos de proyectos públicos principalmente del MOP y del Minvu, el Estado tiene aún una enorme deuda pendiente con una serie de empresas constructoras, principalmente pymes, que, al comienzo de la pandemia, estaban construyendo obras mandatadas por distintas reparticiones públicas. Y que se vieron golpeadas por las cuarentenas, paralizaciones, mayores plazos y alzas de los materiales y servicios de la construcción, y que tuvieron que asumir con sus propios recursos estos mayores costos para poder terminar los proyectos. Estas empresas no han recibido el pago por mayores costos y plazos, lo que las perjudicó fuertemente, a pesar de haberlas terminado y entregado para su uso.
El gobierno sólo ha ido pagando en algunos casos muy acotados, en líneas de tiempo discrecional, dejando fuera a muchas empresas socias de nuestro gremio, que debieron poner su patrimonio y endeudarse para terminar las obras publicas. Esto ha sido sumamente injusto. El Estado y los chilenos estamos en deuda con estos empresarios y empresarias. Hay que levantar a esas empresas y compensarlas por lo que es justo, porque los necesitamos a todos para cumplir la meta presidencial de construir esas 31 mil viviendas que las familias de nuestra región necesitan (260.000 a nivel nacional, de acuerdo a la meta gubernamental).
Junto con ello, creo que es importante destacar que como gremio participamos activamente y desde todas las cámaras regionales, durante la tramitación de esta ley, aportando argumentos técnicos, jurídicos y sociales, que fueron considerados y recogidos en buena parte. Y que esta es una manera de materializar la alianza público privada, que es lo que promovemos como gremio para construir un mejor país para todos y todas.
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