Por: Mirko M. Hernández. Vocero CONFECh, Presidente Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta
Es importante comprender, que Gobierno de la plutocracia, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, desde la llegada del COVID-19 a Chile ha sido incapaz de conducir acuciosamente la emergencia y activar los protocolos gubernamentales necesarios para evitar la masividad de contagios. Por el contrario, han propiciado la propagación y exposición de nuestras familias con el virus, privilegiando la economía de las grandes empresas, multinacionales y holding empresariales.
Así es como, en una suerte de instrumentalización política de la Dirección del Trabajo, es que se ha permitido el empobrecimiento de nuestras familias, les han negado los sueldos a nuestros padres y les han despedido injustificadamente desapareciendo el sustento familiar en centenares de hogares.
Sin embargo, debemos ser conscientes de la situación de emergencia sanitaria y en como esta ha afectado no solo el sistema de salud que predice un colapso, sino que, ha afectado todas las esferas de lo social incluida la educación, en el que ni el MINEDUC ni los establecimientos educacionales están preparados para enfrentar un cambio de modalidad (de lo presencial a lo virtual) de manera tan brusca, mas aun cuando la pandemia ha venido a visibilizar el mas cruel abandono por parte del Estado y a mostrar los estragos de un sistema de prestaciones sociales mercantilizados.
Es en este contexto, en que las y los estudiantes junto a sus familias han abierto, una vez más, el debate del financiamiento a la educación, principalmente la educación superior al hacer exigencia de la disminución de los aranceles adentrándonos en un conflicto entre nuestras familias, rectore y parlamentarios, estos últimos disten un proyecto de ley que contempla el congelamiento del pago de aranceles y matriculas.
Lo cierto, es que hoy nuestras familias no cuentan con sustento y en caso de tenerlo las prioridades familiares, dado el contexto de emergencia, están puestas en tener para comer o en poseer las condiciones mínimas de subsistencia familiar. Por otro lado, las universidades han dicho que de congelar el pago de aranceles o bien disminuir su valor le generaría un grave menoscabo al borde de la quiebra, ¿Cómo no?, si el estado ha mantenido a la educación pública en un completo detrimento y abandono a tal punto que hoy el MINEDUC ha expresado que no habrá aportes financieros, debiendo las universidades públicas endeudarse para apalear los gastos.
Lo injusto, es que se nos cargue más la mata a nuestras familias que se encuentran en un completo empobrecimiento y que la crisis social que se nos avecina, la tengamos que cargar las y los de siempre, ¿a costa de qué? Del sacrificio de muchos para mantener los privilegios de unos pocos.
Lo importante, es que el proceso educativo es un derecho inalienable, el cual debe ser asegurado en todas sus formas, así se ha exigido desde la CONFECH, que el Estado, por intermedio del MINEDUC garantice el derecho a una educación digna y aporte en mejorar las condiciones de los estudiantes y sus familias que se encuentran a la deriva en contextos de esta crisis. Así, nuestra disposición y compromiso, como estudiantes organizados, estarán para aportar en todo tipo de tareas en este difícil momento; desde nuestras disciplinas hasta las acciones que fueran posibles y necesarias.
Será beneficioso que el MINEDUC de respuestas a las comunidades educativas y que seamos apoyados por nuestras autoridades universitarias, que deberían estar preocupadas de abrir los debates y espacios necesarios y no terminar actuando como alfiles del modelo.
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