Por: Roberto Lagos Flores. Académico del Diplomado en Seguridad Humana, Universidad Tecnológica Metropolitana-UTEM
El Subsecretario del Interior ha señalado recientemente que al 31 de agosto hay 603 homicidios en el país, cifra altísima, que ya se proyecta a superar con creces todos los homicidios del año pasado (692) y que podría sobrepasar en los meses que vienen al peor año de registros de la última década que fue el año 2020 en que se registraron 889 fallecidos por este delito. Aún más, es muy probable que este año sea el peor del último lustro: en 2017 hubo 638, en 2018 hubo 654 y en 2019 hubo 695 homicidios.
Este delito es uno de los más graves que contempla la legislación, pero también lo es para la conciencia colectiva de las sociedades, el impacto en la opinión pública es enorme y eleva los niveles de inseguridad de la población. No se debe olvidar que por cada homicidio consumado hay decenas de intentos de homicidio que no se reportan o que quedan en un manto de opacidad y poco esclarecimiento. Como también que la publicidad y transmisión de este delito hace crecer la sensación de impunidad en la población.
¿Cuál es la raíz del problema? Comúnmente se pensaba que los homicidios eran derivados de conflictos interpersonales, que se desarrollaban en pasos secuenciales y con el encadenamiento de otros delitos. Existe abundante literatura al respecto. Además, se deben hacer diferencias según los lugares en que son cometidos, pues responden a dinámicas diferenciadas. Por ejemplo, según sea en las macrozonas norte, centro o sur; urbano o rural.
No obstante, no hay que descuidar la irrupción de fenómenos altamente relacionados con el homicidio como las pandillas juveniles o la propiedad de armas de fuego por parte de antisociales y el crimen organizado en el territorio nacional. En suma, analizar el fenómeno de la violencia homicida es también una invitación a profundizar en las perspectivas territoriales existentes, su relación con otros delitos (armas, drogas) o la emergencia del sicariato como un hecho relativamente nuevo en que el autor a sueldo actúa con rapidez y sin dejar rastro, lo que dificulta la acción investigativa.
La pregunta de fondo es ¿cuál es el Plan de acción para revertir este preocupante escenario? La autoridad ha señalado poseerlo. Ha indicado la puesta en marcha de un trabajo especial para prevenir homicidios. Sin embargo, las cifras siguen al alza y el sentido de urgencia debería acelerar un trabajo más concreto, planificado y dotado de recursos.
El Ministerio Público ya ha dicho que no tiene las capacidades humanas para enfrentar este fenómeno en particular. La evolución de la violencia homicida en el país es algo de estudio y de preocupación para los ciudadanos, pero lo debe ser más para las autoridades, pero son ellos los que deben conducir al resto de la institucionalidad y producir resultados.
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