Por: Andrés Kogan V. Sociólogo de la Municipalidad de Lo Prado
El pasado 15 de diciembre se cumplió 1 año de la inédita consulta ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en la cual 2,4 millones de personas desde los 14 años en adelante, votaron manifestándose ante la posibilidad de una nueva Constitución en Chile.
Es así como 221 comunas se sumaron a esta iniciativa local, en donde el 93% optó por la redacción de una nueva constitución y un 72% lo hizo por una convención constitucional elegida íntegramente por ciudadanos (1).
Asimismo, los resultados arrojaron que el 86% de los votantes se inclinó por restablecer el voto obligatorio, el 95% por que las personas condenadas por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico, tengan prohibido, de por vida, postular a cargos de representación popular y empleos públicos, el 87% por que los municipios tengan más atribuciones y recursos, y el 93% votó por un IVA rebajado para productos de primera necesidad.
Esto sumado a las demandas sociales con más prioridad, en donde destacan mejorar las pensiones y calidad de vida para los adultos mayores, mejorar la calidad y más financiamiento para la salud pública, acceso y calidad de la educación pública, reducir la desigualdad de ingresos, reducir costos de servicios básicos, reducir la impunidad y la delincuencia, acceso y calidad de la vivienda, cuidado del medio ambiente, ampliar el acceso al agua y un mejor transporte público.
Planteo esta votación como antecedente de un malestar generalizado de la población y también en la convicción de construir un país distinto, reafirmado posteriormente con la enorme victoria en el plebiscito del 25 de octubre, en donde el apruebo por una nueva constitución a través de una convención constitucional alcanzó más del 78%.
A su vez, lo que muestran también esos datos, es una necesidad imperiosa de más democracia, participación y descentralización política, frente a formas autoritarias, clientelares y subordinadas a lógicas de mercado, las cuales se han mantenido en el tiempo.
Una falta de descentralización política, que como bien ha planteado Egon Montecinos, ha estado ausente en prácticamente toda la historia de Chile, a través de las constituciones de 1833, 1925 y 1980, las cuales sentaron las bases de modelos políticos y económicos presidencialistas y centralizados, dejando a las regiones y las comunas con un bajo nivel de poder en la toma de decisiones sobre los territorios.
De ahí que si bien la constitución de 1980 planteó la necesidad de una descentralización del Estado, mediante procesos de regionalización y municipalización, ha sido más bien un medio de carácter administrativo desde el Ejecutivo para un desarrollo económico neoliberal y extractivista del país, el cual ha estado sujeto a la venta de materias primas, sin importar lo más mínimo las condiciones socioambientales de aquellos territorios.
Por ende, llegó el momento de interpelar a una idea de descentralización administrativa, gerencial y de mercado, que solo busca que se elijan las autoridades subnacionales, sin cambiar mayormente su estructura de financiamiento y su misma composición interna, la cual ha heredado muchas veces formas machistas, racistas y verticales frente a la ciudadanía.
Me parece que en el caso más local, el rol activo que han asumido los municipios y vecinos organizados, desde la revuelta social, por vía de cabildos y la misma consulta ciudadana del 15 de diciembre, es muy esperanzador.
Así como también lo realizado en este contexto de pandemia, por la Atención Primaria de Salud (APS) a través de los CESFAM (Centros de Salud Familiar), y por comedores comunitarios y ollas comunes, lo que puede ser visto como una oportunidad histórica de replantearse el tipo de municipio que queremos construir y nos merecemos tener.
Señalo esto, ya que es sabido que las 345 municipalidades que conocemos son estructuras de poder heredadas de la dictadura y que fueron usadas como aparatos burocráticos y represivos contra cualquier tipo de organización vecinal o de pobladores, por medio de la designación de alcaldes y dirigentes sociales desde el gobierno central.
De igual manera, fueron instrumentalizadas durante la dictadura, como parte de un proceso de modernización de carácter subsidiario y de desconcentración administrativa, que desmanteló al Estado, creando corporaciones de salud y de educación desfinanciadas, y una focopolítica para erradicar la pobreza, la cual esta nueva estructura local solo debía ejecutar.
De ahí que las municipalidades hasta el día de hoy sean prestadoras de servicios sociales con pocos recursos y sin posibilidad de crear políticas territoriales situadas. Las cuales además conviven con la figura del alcalde, que muchas veces ha generado liderazgos caudillistas, populistas y clientelares, que han coartado la posibilidad de construir una real democracia municipal.
Lo que se añade a las enormes diferencias entre municipalidades, en donde hay comunas con presupuesto anual de 1.200.000 por habitante, mientras que otras cuentan con 150.000 al año. Esto como consecuencia de lo recaudado desde los vecinos a través de las contribuciones por bienes raíces, patentes comerciales y permisos de circulación, lo que está determinado por la especulación inmobiliaria y el nivel de ingresos de las personas, concentrados en solo pocas comunas.
El llamado Fondo Común Municipal (FCM), creado en dictadura a través de la ley de rentas en 1979, si bien busca redistribuir el 65% de esos tributos del total de los vecinos, no ha sido capaz de generar un piso igualitario para los municipios más pobres. El motivo, es que el 70% de los municipios depende de aquel fondo para sobrevivir, haciendo cómplice al Estado de aquella desigualdad de presupuesto entre comunas. De hecho, actualmente solo el 3% de los recursos municipales provienen del Estado, lo que muestra el abandono total a los vecinos.
Se podrá decir que desde el retorno a la democracia han habido cambios en las municipalidades, como es el caso de la elección de los alcaldes, la elección de concejales, la creación de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), el impulso del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), Presupuestos Participativos, la creación de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), mayores fondos regionales concursables (FNDR), la Ley de Asociativismo Municipal (farmacias populares) y el límite a dos periodos como máximo para los alcaldes, pero lamentablemente siguen siendo muy insuficientes.
Las municipalidades son aún un fiel reflejo de las distintas desigualdades y de la alta segregación territorial existente en Chile, como también del centralismo imperante, siendo meros instrumentos para la implementación de distintos programas sociales, muchos de ellos descontextualizados y desterritorializados, los cuales son creados por Ministerios y Servicios Nacionales que desconocen en buena parte la realidad de las comunidades.
A la vez, esa desigualdad se ve entre municipalidades, en donde el desarrollo de esos programas sociales, depende en buena parte del presupuesto de cada una de ellas, ya que algunas administraciones locales son capaces de aportar económicamente, mientras otras no. Esto hace que las oficinas de las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO) sean muy dispares entre sí, en lo que respecta a equipos de trabajo y condiciones laborales de sus profesionales.
En consecuencia, como bien plantean María José Becerra e Iván Borcoski en su libro “Las Huellas del Futuro: Apuntes municipales para una nueva constitución”, los municipios son organismos que simplemente administran y reproducen decisiones del gobierno central, así como también pobrezas y vulnerabilidades de carácter estructural, a pesar de ser el organismo público con contacto más directo con la ciudadanía y más propicio para la participación.
Por lo tanto, lo que se necesita instalar en esta nueva constitución que se escribirá, es una nueva estructura de municipalidades, para que sean verdaderos gobiernos locales y con recursos propios para impulsar políticas internas, y que prioricen una relación con los vecinos mucho más horizontal, en donde la democracia directa se vuelva una costumbre.
En otras palabras, construir un tipo de municipalismo descentralizado pero superador del neoliberalismo imperante, en donde su gestión no dependa de la buena voluntad de un alcalde en particular, sino de una gobernanza local fuerte que ayude a democratizar los territorios e impulse políticas propias en todos los ámbitos.
Se hace indispensable un nuevo sujeto político local, que sea capaz de impulsar medidas de manera participativa y autónoma, a través de plebiscitos vinculantes para desarrollar políticas propias de género, interculturalidad, sustentabilidad, diversidad sexual, hábitat y un plan económico local, en el marco de la construcción del Buen Vivir, en donde el centro sea la dignidad de las personas, comunidades y territorios.
En síntesis, lo que se trata es construir un municipalismo ecoterritorial, feminista, comunitario y asociativo, en donde se instalen una gestión municipal participativa, un mayor respeto de la Madre Tierra y la solidaridad territorial. Para ello, la nueva constitución en Chile tiene que definir lo que es un municipio desde las necesidades de los territorios y no desde un centralismo de más de 200 años, que derivó en los últimos 40 años en una mera descentralización de mercado.
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