Por: Diego Ancalao G. Presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena
Durante varias décadas nos convencieron que la mayor parte de la sociedad chilena vivía en la condición de “clase media emergente”. Esa ilusión, estructurada cual estrategia de marketing, se ha desvanecido en unas cuantas semanas, a propósito de la pandemia producida por el Covid-19.
Esta crisis sanitaria, dejó al desnudo algo que ya había levantado a la mayoría excluida del país y que se llamó eufemísticamente “estallido social”. Lo que realmente ocurrió desde octubre de 2019, fue la expresión indignada de todos quienes, hastiados de los abusos de un sistema injusto, decidieron desahogar sus angustias repletando las calles de nuestras ciudades.
Digámoslo claro. La democracia postdictadura, más allá de los slogans y las buenas intenciones que sin duda existieron, terminó por dar continuidad a los postulados neoliberales que le antecedieron. Sabemos que mucha gente salió de la pobreza extrema, que muchas familias por primera vez conocieron de un hijo universitario, que Chile se conectó con el mundo, etc. Todo eso es cierto, pero también lo es, que nunca se cambiaron las bases de un modelo de desarrollo eminentemente inhumano, reproductor de la desigualdad y de desesperanza.
En los hechos y solo en los últimos días, se han profundizado los niveles de pobreza. Esto, debido a la disminución dramática de los ingresos económicos, los despidos masivos y un sesgo evidente en las medidas adoptadas para frenar la emergencia. No pretendo teorizar, sino mirar los hechos. Hoy, existen leyes especiales que favorecen a las grandes empresas, lo que parece ser absolutamente inmoral.
Solo debe considerarse que las 75 empresas más grandes del país tienen ingresos por ventas que superan en cada una de ellas los mil millones de dólares anuales, y por sí solas dan cuenta del 63% de las ventas del segmento de grandes empresas.
Y es justamente la concentración del ingreso y de la riqueza de los grupos económicos que controlan la propiedad de esas empresas, las que generan parte significativa del PIB nacional. Es decir, ese puñado de empresas son el núcleo duro de la desigualdad, que explica, entre otros hechos, la inconsistencia que hay entre el elevado ingreso per cápita del país y el bajo nivel de vida de la mayoría de la población, que no accede a los empleos provistos por este sector de “alta productividad”.
A esto se suma que el ingreso generado por el sistema de pensiones es absolutamente deficiente y no cubren las necesidades básicas de nuestros viejos, que dejaron toda su vida en trabajos que consumieron todas sus energías.
Si a todo esto sumamos la incapacidad de poner el Estado al servicio de la protección del ciudadano, a propósito de una casta política de todos los colores que hasta hoy sigue usufructuando de sus privilegios, lo que tenemos es una tormenta perfecta para Chile, en la cual, solo naufragan los más humildes.
Como es bien sabido, un rasgo central de la desigualdad en el país, es la concentración del ingreso y la riqueza, en el 1% más rico. Esta es una dimensión que, obviamente, no mide la encuesta Casen, puesto que estas encuestas de hogares no registran los ingresos de la población más acomodada.
Pero, lo que es claro, es que los registros tributarios, muestran que el 33% del ingreso que genera la economía chilena, lo capta el 1% más rico de la población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico. Estas encuestas permiten constatar el nivel de pobreza del 99% de la población restante y los niveles en que han sido vulnerados sus derechos.
Uno de esos instrumentos del Estado, que tiene como objetivo identificar la población vulnerada, y con ello posibilitar la identificación de las familias sujetas a recibir beneficios sociales, es la “Ficha de Protección Social”, que el Ministerio de Desarrollo Social define como: “la puerta de acceso a todas las prestaciones sociales que otorga el Estado”. Esta herramienta es la que cataloga a las personas como ciudadanos destinatarios de una política de protección, fundada en derechos. Es decir, de esta ficha, dependen absolutamente las familias, en este momento de crisis humanitaria, para ser objeto de los recursos necesarios para sobrevivir.
Sin embargo, y sospechosamente, justo ahora, esta ficha como por arte de magia a cambiado los porcentajes de vulnerabilidad. De un día a otro, esas familias que llevan más de un año sin trabajo y por lo tanto sin ingresos, registran hoy en ese sistema, sueldos que las ubican entre el 80 y 100% de familias con mayores ingresos del país.
En un matinal de TV, recientemente, muchas familias denunciaban públicamente la adulteración de las fichas, lo que les impide obtener los bonos necesarios para comer. No cabe duda, esta es una estrategia para disfrazar la pobreza y para no mostrara los verdaderos índices, lo que permite al gobierno evitar disponer de los recursos necesarios para las familias que realmente lo necesitan.
Ante estos graves hechos, el silencio cómplice de la “oposición”, muestra su verdadero perfil. La verdad, es que, a fin de cuentas, no les interesa realmente el sufrimiento de las grandes mayorías sociales.
Aunque, en medio de este desastre, debe destacarse la participación en dicho matinal, de Francisco Vidal que, en su calidad de dinosaurio de la política nacional, oficia de una especie de vocero “encubierto” del gobierno. Allí mostró sus notables dotes de analista farandulero, indicando que los bienes y la profesión de la persona, no influyen en el puntaje de la “Ficha de Protección Social”. Esto vuelve a recordar aquel principio de que es fácil hablar de pobreza y exclusión, cuando estas no se sufren en carne propia. De todas maneras, hablamos aquí de un sobreviviente de esa casta política que decidió administrar la pobreza y la desigualdad, y no erradicarla.
Aquello se debe a que las acciones que apuntan a la reducción de las desigualdades y la pobreza, implican la contracción de ventajas y privilegios institucionalizados, que por supuesto, no se quieren perder. Por lo tanto, disfrazar la pobreza con manipulaciones flagrantes, es también una forma de proteger esos privilegios.
Por otro lado, quienes no estiman necesario reducir la desigualdad, argumentan que los esfuerzos por disminuirla afectarían el crecimiento económico, lo que es su divina prioridad. Este tipo de discusiones, que debiera dirimirse sobre la base de evidencia empírica, termina siempre escondida en esa tradicional y conveniente retórica política, que nadie entiende.
El Estado debiera diseñar e implementar instrumentos de mediciones sociales mucho más efectivas y precisas, así como también, aplicar políticas públicas para reducir la desigualdad y propiciar modelos de desarrollo más inclusivos. Para ello, es absolutamente necesaria la restitución de la decencia en la política y el imperio del Buen Vivir como modelo de desarrollo, que restituya al ser humano como centro de las decisiones que nos conduzcan a un desarrollo integral.
El “buen vivir” es una llamada a la unidad, al afecto social, a la fraternidad humana y a la reciprocidad. Ello es incompatible con la exclusión y la desigualdad del Chile actual. Esa es la gran diferencia que establecemos los Mapuche, y los indígenas en general, en que ubicamos la vida en el centro del desarrollo. Esta es una diferencia sustantiva, que permite encontrar en la cosmovisión Mapuche un nuevo modelo de desarrollo que puede ser una contribución al Chile postergado y excluido de un modelo de desarrollo hecho a la medida de unos pocos.
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