[Opinión] A Chile lo estamos secando nosotros

Gabriel Caldes C.  Consultor. MBA, Desarrollo Estratégico y Control de Gestión. Autor del libro “La Industria Sanitaria en Chile, de Cara al Siglo XXI”

En estos últimos meses la situación hídrica del país se ha agravado desde el Maule al norte chico, cambiando el cuadro de la crisis hídrica y se han empezado a visibilizar los efectos de una sequía que nunca habíamos enfrentado. Algunos impactos como la lenta muerte de 100.000 animales y ganado de pequeños crianceros, la ola de destrucción de las siembras de pequeños y medianos agricultores de secano que están quedando sin su fuente de subsistencia obligándolos a emigrar a las ciudades,  localidades rurales sin abastecimiento de agua potable, el incremento cercano a las 200 comunas declaradas como zonas de emergencia agrícola y la desaparición del 30% de la población de abejas, son algunos de los impactos que estamos viviendo en Chile.

Lo que marca la diferencia en esta ocasión, es que por primera vez una autoridad de gobierno como son los ministros del MOP y de Agricultura reconocen públicamente que nos acercamos al “día 0” y posiblemente tendremos que enfrentar racionamiento de agua potable en Santiago y otras ciudades.

Una de las causas de este escenario es producto de un estado que abandonó la gestión hídrica para transferir esa responsabilidad a un mercado sin regulaciones significativas y este no fue capaz de resolver la escasez de agua. Este modelo, en su diseño concebía al agua como un bien económico y renovable, sin limitaciones de uso, donde solo bastaba tener derechos de aprovechamientos de agua para extraerla, sin importar la sustentabilidad hídrica de la fuente o el consumo de los usuarios aguas abajo de su captación o de los ecosistemas acuáticos existentes en la cuenca. Tampoco existió un “alerta temprano” vinculante para los usuarios por parte del disminuido estado u otra institución, que impidiera la sobre explotación de los acuíferos, sabiendo que además nos estábamos enfrentando a una megasequía de 11 años de duración.

Por otra parte y producto del cambio climático, nuestro principal almacenamiento de agua, como es la Cordillera de Los Andes, que está presente a lo largo de nuestro territorio, tampoco está en condiciones de seguir cumpliendo su rol, como consecuencia de la fuerte disminución pluviométrica, nivométrica y de la masa de los glaciares, que con el incremento de la isoterma 0 y de las temperaturas, han aumentado la gravedad de la crisis hídricas con las consecuencias que aquello significa.

Este nuevo escenario hídrico, no tiene “la” solución o una solución única, por el contrario, no basta con eficiencia hídrica, plantas desaladoras, infiltración de acuíferos, transporte de agua dulce por el mar, duchas de tres minutos o soluciones basadas en la naturaleza, en tecnologías o en obras de gran volumen.

Necesitamos implementar un conjunto de soluciones que se puedan complementar y potenciar entre ellas. Para esto, las soluciones de gran volumen deben ser multifuncional o multipropósito, que puedan abastecer a zonas geográficas donde existan varios usuarios y no exclusivamente a un solo usuario como ha sido hasta hoy. Pero la implementación de obras de gran volumen, su implementación es de 4 años o más. Por su parte, las obras a pequeña escala o basadas en la naturaleza, son accesibles al corto plazo y son soluciones en la medida que sean masiva o grupales, por lo general son de bajo costo, involucran a la comunidad en su operación y mantención y tienen un bajo impacto negativo ambiental y social.

Este desafío de lograr la seguridad hídrica, nos está obligando a dejar de mirar solo hacia la cordillera para empezar a mirar con otros ojos al mar, que también nos acompaña a lo largo de todo el territorio, donde podemos encontrar soluciones hídricas que se complementan con otras. El mar no solo puede ser una nueva fuente, sino que también como un medio de transporte de agua dulce desde el sur, donde existe agua que llega al mar, para trasladarla al norte donde falta agua.

Entendiendo que todas las obras de gran o pequeños volúmenes de agua tienen algún tipo de impacto en el medio ambiente y en lo social, las soluciones cualesquiera sean tienen que cumplir al menos con tres requisitos copulativos:

1. Deben ser ambiental y socialmente amigables con el entorno natural, con la comunidad del lugar donde se desplegará y donde se destinará el consumo.
2. Deben ser sostenible económicamente, es decir, al menos los usuarios productivos deben cancelar el valor del agua para financiar la operación e inversión, salvo las economías de sobrevivencia.
3. Bebe ser la opción hídrica más eficiente y que permita, si corresponde, el reuso del agua utilizada.

La desalación, hasta el momento es la única opción que tenemos para abastecer de agua al territorio, pero por sus características de costos de inversión y operación, consumo energético, volúmenes de agua y la regularidad de la demanda, pueden abastecer preferencialmente el consumo humano, minero o industrial, no solo porque estos sectores tienen capacidad de pago, sino que tienen una demanda permanente y volúmenes constante a lo largo del año, por eso hoy operan para estos sectores, cerca de 23 plantas desaladoras que están ubicadas desde Caldera en la región de Atacama, hasta el norte en la región de Arica Parinacota, con un volumen total aproximado de unos 6 m3/seg.

Sin embargo, la agricultura que representa el 73% del total de la demanda del país es “el” gran consumidor de agua y tiene una demanda bastante irregular en el transcurso del año donde en algunos períodos, dependiendo del cultivo, requiere una gran cantidad de agua y en otros casi no consume. En general la agricultura, por el costo del agua desalada no es un sector que pueda interesarse en la medida que no tiene cultura de pago del consumo de agua, pero tarde o temprano y en la medida que la situación hídrica se vaya agravando deberá buscar nuevas fuentes de agua o modificar sus procesos de cultivos y regadía. Hoy solo un 20% del riego agrícola se encuentra tecnificado, el resto continua regando como se hacía en el siglo pasado.

Finalmente, la carencia de una política nacional hídrica de largo plazo, que permita entender lo que queremos hacer con nuestros recursos hídricos, donde existan planes con instituciones responsables y metas concretas que deban dar cuentas públicas periódicamente de los avances, ayuda a dar más dramatismo al uso del agua.

Lo que no podemos seguir haciendo frente a la crisis hídrica, es dejar de evaluar todas las opciones que nos puedan entregar seguridad hídrica permanente y de forma sustentable ambiental, social y económicamente, que nos permitan no solo mantener y conservar nuestros recursos naturales y ecosistemas hídricos, sino que aumentarlos para poder crecer y lograr el desarrollo.

Lamentablemente las autoridades y los grandes usuario siguen inmovilizados esperando que alguna vez llueva, incluso las modificación legales que se encuentran en el parlamento, también están detenidas. Estamos generando las mejores condiciones para un nuevo estallido social por el agua.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.