La ley chilena protege a creadores ante registros de marca sin consentimiento, pero los procesos pueden ser lentos y costosos
El caso entre Daniel Fuenzalida y la influencer Rosario Bravo no solo generó debate en redes sociales, sino que puso sobre la mesa un tema crucial para emprendedores y creadores de contenido: la protección legal de las marcas.
Según la acusación, Fuenzalida habría inscrito como propia la marca del podcast que ambos conducían, sin consentimiento de su co-creadora. Un conflicto que evidencia cuán vulnerables pueden ser las ideas cuando no se respaldan jurídicamente.
Las marcas deben inscribirse desde el comienzo
“El error más común es creer que la idea es suficiente para protegerse. Pero sin registro, la marca no tiene respaldo legal”, afirma la abogada Mariela Ruiz Salazar, directora del estudio jurídico Ruiz Salazar.
La experta recalca que la primera acción recomendada es registrar la marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Sin embargo, si otro ya inició el trámite, la ley permite oponerse al registro dentro de los 30 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial.
“Quien haya utilizado una marca de forma efectiva y continua puede presentar una oposición, siempre que lo pruebe”, explica Ruiz. Este proceso suele tardar entre 6 y 8 meses. En casos más complejos, cuando la marca ya fue concedida a un tercero, existe la posibilidad de presentar una acción de nulidad, pero es un procedimiento más largo y costoso, que puede extenderse hasta tres años.
Acciones legales y daños económicos
Ruiz detalla que el plazo para interponer una acción de nulidad es de cinco años desde la inscripción, salvo que se acredite mala fe. “Estas disputas pueden obligar al creador legítimo a dejar de usar su propia marca, mientras el titular sigue explotándola comercialmente”, comenta la especialista.
Por ello, insiste en la importancia de anticiparse: registrar la marca, renovarla cada 10 años y contar con asesoría legal especializada. En situaciones extremas, también es posible exigir una indemnización por daños y presentar una querella penal si se comprueba dolo o infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Las multas pueden alcanzar hasta 1.000 UTM, equivalentes a cerca de $68 millones.
Para los expertos, el caso Fuenzalida-Bravo no solo deja una lección mediática, sino también jurídica. Proteger legalmente una marca es proteger una idea, una inversión y un proyecto a largo plazo.
