La decisión del Ejecutivo de retirar la normativa, impulsada durante la administración de Gabriel Boric, reabre el debate sobre transparencia, legitimidad y equilibrio entre pesca industrial y artesanal en Chile
El Gobierno confirmó el retiro del proyecto de nueva Ley General de Pesca desde su tramitación en el Congreso, decisión que modifica el curso de una iniciativa que buscaba reemplazar el actual marco normativo vigente. La medida implica que se mantendrá la denominada Ley Longueira, mientras se abre un nuevo proceso de revisión.
La decisión vuelve a instalar una discusión de fondo: cómo construir una regulación con legitimidad social y equilibrio entre los distintos actores del sector pesquero, en un contexto marcado por cuestionamientos históricos y alta sensibilidad en regiones.
Sector artesanal advierte retroceso y cuestiona señales del Ejecutivo
Desde la pesca artesanal, la reacción fue inmediata. La Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal manifestó su preocupación por el impacto de la decisión, apuntando a posibles cambios en el enfoque del proyecto. Su presidenta, Sara Garrido, sostuvo que “es una pésima señal, porque vemos una relación directa entre los puntos que hoy se cuestionan y los artículos que históricamente han sido resistidos por el sector industrial”.
La dirigenta agregó que “lo que hemos pedido es una nueva ley al alero de la probidad y la transparencia, para dejar atrás la llamada Ley Longueira”, enfatizando que la medida representa un retroceso para el sector.
Debate político: críticas transversales y cuestionamientos al Ejecutivo
En el ámbito político, el retiro del proyecto generó un amplio cuestionamiento. La diputada Nathalie Castillo afirmó que “retirar esta ley es una muy mala señal y confirma que el gobierno está optando por salvar la corrupta Ley Longueira”, agregando que la decisión “lesiona el debate democrático y vuelve a poner al Ejecutivo del lado de quienes han capturado por años la política pesquera en Chile”.
Las críticas también apuntan al impacto en el proceso legislativo. El diputado Jorge Brito, expresidente de la Comisión de Pesca, sostuvo que “la Ley Longueira es la mayor vergüenza de la política chilena, porque terminó con autoridades condenadas por corrupción”, subrayando que la nueva propuesta había sido construida con amplia participación.
En esa línea, advirtió que “este trabajo incluyó más de 200 audiencias en ocho regiones del país y no se puede desechar”, agregando que la decisión afecta directamente a la pesca artesanal, “que enfrenta alzas de costos y ahora pierde una oportunidad de cambio regulatorio”.
Desde el Senado, Iván Flores cuestionó el alcance institucional de la medida, señalando que “pareciera que el gobierno pretende saltarse el Congreso, el debate y la deliberación”, mientras que el diputado Carlos Carvajal advirtió que “seguir postergando esta ley es un retroceso en la construcción de una normativa legítima”.
La Ley Longueira: origen y cuestionamientos que siguen vigentes
El trasfondo del debate está directamente vinculado a la actual normativa. La denominada Ley Longueira —impulsada durante el gobierno de Sebastián Piñera y liderada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira— redefinió el sistema de asignación de cuotas pesqueras en Chile.
Con el tiempo, la ley quedó marcada por una profunda crisis de legitimidad. Investigaciones judiciales establecieron que parlamentarios recibieron financiamiento irregular de empresas del sector pesquero industrial durante su tramitación, lo que derivó en condenas por delitos de corrupción en algunos casos.
Estos antecedentes instalaron una crítica estructural al modelo, asociada a la percepción de influencia indebida de grandes actores industriales en la definición de la normativa, debilitando la confianza en la institucionalidad del sector.
Desde entonces, la demanda por una nueva ley ha estado vinculada no solo a aspectos productivos, sino también a la necesidad de reconstruir transparencia, equilibrio y legitimidad en la regulación pesquera.
Un proceso interrumpido y un nuevo escenario regulatorio
El proyecto de nueva Ley de Pesca ingresó al Congreso en 2024 y avanzó en su tramitación en la Comisión de Pesca de la Cámara, con discusión en particular y urgencia legislativa, pero sin alcanzar votación en Sala.
Este escenario permitió al Ejecutivo ejercer su facultad de retiro, abriendo un nuevo ciclo de análisis. La iniciativa había considerado más de 200 audiencias y participación en distintas regiones, lo que le otorgaba un componente territorial relevante.
El desafío ahora será definir cómo se retoma el proceso y bajo qué criterios se construye una propuesta que logre conciliar intereses productivos, sostenibilidad y legitimidad institucional.
Impacto en regiones: incertidumbre y presión sobre el sector
La decisión tiene efectos directos en regiones donde la pesca es una actividad económica central, como Biobío, Valparaíso y Los Lagos. En estos territorios, el marco regulatorio incide directamente en empleo, ingresos y sostenibilidad.
Para el sector artesanal, el escenario combina incertidumbre normativa y presión económica, en un contexto marcado por el aumento de costos operacionales, especialmente en combustibles.
El retiro del proyecto abre una nueva etapa en la discusión, donde el foco estará en definir un marco regulatorio capaz de responder a las demandas de equidad, sostenibilidad y legitimidad del sector pesquero chileno.
