Fundación AndyMar documentó dificultades de fiscalización, educación y financiamiento en la aplicación de la normativa. La investigación también expone el peso del voluntariado y cuestiona la capacidad institucional para responder oportunamente al persistente maltrato animal en Chile
Por: Daisy Castillo Triviños
Más de 17.000 denuncias por maltrato animal se registraron en Chile entre 2023 y junio de 2025, de las cuales cerca de 11.000 fueron archivadas provisionalmente, según antecedentes recopilados por Fundación AndyMar. Las cifras forman parte de una investigación que expone las dificultades del sistema institucional para responder a una problemática que involucra a la justicia, los municipios y las organizaciones de protección animal.
A nueve años de la promulgación de la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como Ley Cholito, las obligaciones establecidas por la normativa conviven con limitaciones de fiscalización, escasez de recursos y problemas de coordinación entre organismos públicos. Las consecuencias recaen especialmente en las comunas, donde las denuncias, los animales abandonados y las necesidades de esterilización exigen respuestas permanentes.
Durante ocho meses, Fundación AndyMar desarrolló un levantamiento que incluyó una encuesta a 2.056 personas, consultas a municipios y organismos públicos, además de entrevistas con 24 organizaciones de protección animal. El trabajo identificó dificultades en la investigación de denuncias, el control de criaderos, los programas educativos y el financiamiento de iniciativas que frecuentemente dependen del voluntariado.
Una ley conocida, pero con dificultades para hacerse cumplir
La Ley Cholito establece obligaciones para quienes mantienen animales de compañía, entre ellas proporcionar alimentación, cuidados sanitarios, identificación e inscripción en el registro correspondiente. También entrega responsabilidades a las municipalidades para fiscalizar su cumplimiento. Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones depende de capacidades institucionales que, según la investigación, presentan diferencias importantes entre los territorios.
Fernanda Solari, animalista y gerente general de Fundación AndyMar, sostiene que la principal dificultad consiste en convertir las disposiciones legales en acciones concretas. “Precisamente, uno de los aprendizajes que hemos obtenido en Fundación Andymar, a través de nuestro estudio sobre la implementación de la Ley N° 21.020 de Tenencia Responsable, es la importancia de mirar más allá de lo que establece una norma y conocer cómo se aplica realmente”.

La investigación también identificó dificultades en el conocimiento ciudadano sobre las obligaciones que establece la normativa. La identificación de mascotas, las responsabilidades de sus propietarios y los procedimientos de denuncia requieren información accesible, pero también instituciones capaces de orientar, fiscalizar y actuar cuando se producen incumplimientos.
“Esta brecha entre conocimiento declarado y conocimiento efectivo convive con una coordinación institucional aún insuficiente para hacer cumplir la norma en toda su extensión, lo que ha llevado a que fundaciones, rescatistas y ciudadanos asuman con recursos propios una parte importante del esfuerzo que la ley contempla como responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil”, advierte Fernanda Solari.
Esa responsabilidad compartida presenta dificultades especialmente visibles en la atención de animales abandonados y víctimas de maltrato. Fundaciones y rescatistas deben financiar tratamientos veterinarios, alimentación y traslados, además de reunir antecedentes para denunciar posibles delitos. En numerosas comunas, estas labores dependen de aportes particulares y de la capacidad de las organizaciones para mantener redes de colaboración.
Municipios con recursos limitados y denuncias que no avanzan
La capacidad de respuesta municipal constituye uno de los principales focos del estudio. Los antecedentes recopilados por AndyMar muestran dotaciones reducidas de personal especializado, ausencia de catastros de criaderos y programas sujetos a financiamiento concursable. Estas dificultades limitan las posibilidades de mantener una fiscalización periódica y responder a las necesidades de protección animal.
Radiografía de la aplicación de la Ley Cholito en Chile
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Denuncias por maltrato animal (2023-junio 2025) | Más de 17.000 |
| Denuncias con archivo provisional | Cerca de 11.000 |
| Municipios sin catastro de criaderos | 66% |
| Municipios con cuatro veterinarios o menos | 73% |
| Recursos del programa PTRAC | $3.474 millones en 2020 y $2.707 millones en 2025 |
Fuente: Investigación de Fundación AndyMar sobre la implementación de la Ley 21.020. Antecedentes penales, levantamiento municipal y cifras presupuestarias recopiladas por la fundación.
El diagnóstico muestra problemas que se acumulan durante el proceso de protección animal. Una fiscalización limitada dificulta detectar incumplimientos, mientras las denuncias requieren antecedentes y diligencias para avanzar judicialmente. En paralelo, los municipios deben atender demandas de esterilización, identificación y control de animales sin disponer necesariamente de equipos suficientes para desarrollar todas esas funciones.
La experiencia recogida entre las organizaciones de protección animal refuerza este diagnóstico. Un 79% de las experiencias de denuncia fue calificado como muy negativo o nulo, mientras alrededor del 47% de las organizaciones consultadas declaró no mantener una relación efectiva con su municipio. Esta desconexión dificulta aprovechar el conocimiento territorial de quienes realizan rescates, reciben denuncias y mantienen contacto directo con las comunidades.
Solari identifica la persecución penal como una de las áreas más comprometidas: “En materia de persecución penal, el Ministerio Público enfrenta una alta carga de denuncias, más de 17.000 entre 2023 y junio de 2025, con recursos insuficientes y criterios institucionales desactualizados, lo que ha resultado en el archivo provisional de cerca de 11.000 casos”.
El archivo provisional permite suspender una investigación cuando no existen antecedentes suficientes para realizar nuevas diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos, sin impedir que pueda reabrirse posteriormente. Sin embargo, para las organizaciones que denuncian, reunir pruebas y dar continuidad a los casos representa una exigencia adicional, especialmente cuando también deben encargarse del cuidado y recuperación de los animales afectados.
Financiamiento, educación y el desafío de fortalecer la protección animal
El estudio también identifica debilidades en las políticas preventivas. En una parte del levantamiento, solamente dos de las 14 comunas representadas desarrollaban talleres de tenencia responsable en establecimientos educacionales. La escasa presencia de estas actividades dificulta instalar conocimientos sobre cuidado animal antes de que se produzcan situaciones de abandono, reproducción sin control o maltrato.
Solari advierte que las dificultades alcanzan al sistema educativo: “El diagnóstico institucional revela oportunidades de mejora significativas. El MINEDUC aún no ha desarrollado un programa ni malla curricular específica sobre tenencia responsable”.
El financiamiento constituye otra preocupación central. Los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, disminuyeron entre 2020 y 2025, según los antecedentes recopilados por la fundación. La dependencia de concursos obliga a municipios y organizaciones a planificar operativos de esterilización, identificación y educación sin contar siempre con continuidad presupuestaria.
La investigación señala que ninguno de los municipios examinados disponía de un presupuesto propio y permanente para esterilización. Cuando los proyectos no obtienen recursos, las actividades pueden postergarse y las organizaciones deben buscar financiamiento alternativo. El problema adquiere especial importancia para las comunas con equipos reducidos, donde la capacidad de desarrollar programas preventivos depende en gran medida de las convocatorias disponibles.
Al abordar las condiciones necesarias para mejorar la protección animal, Fernanda Solari plantea: “Mi experiencia en protección animal me ha demostrado que no basta con establecer normas o implementar nuevas herramientas. Es fundamental que existan educación, fiscalización y recursos para asegurar su cumplimiento”.
Las propuestas de Fundación AndyMar apuntan a capacitar a funcionarios municipales, policías y fiscales, fortalecer los mecanismos de financiamiento y establecer una colaboración más directa entre gobiernos locales y organizaciones de protección animal. También consideran ampliar la educación en establecimientos escolares y mejorar el acceso a recursos para esterilización, identificación y atención veterinaria.
Para Solari, el objetivo va más allá de mejorar los procedimientos administrativos. “uno de mis principales anhelos es poder llegar a ver un Chile sin abandono animal y con una cultura inspirada en la convivencia responsable con los animales”.
A nueve años de su promulgación, el desafío pendiente de la Ley Cholito es asegurar que sus obligaciones puedan cumplirse y fiscalizarse en cada comuna. La investigación pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la respuesta judicial, entregar continuidad a los programas preventivos y reconocer a las organizaciones sociales como parte de una política pública que requiere coordinación, recursos y presencia efectiva en los territorios.




