Por Sergio Silva Alcalde, Economista
La discusión sobre la eliminación del impuesto territorial a la primera vivienda ha sido abordada casi exclusivamente desde los criterios clásicos de eficiencia y equidad. Sin embargo, ese enfoque omite una cuestión previa: ¿cuál es el objetivo último del sistema tributario? ¿financiar al Estado o servir a los ciudadanos?
En la práctica, cerca de un 75% de las viviendas no paga contribuciones, mientras que el restante 25% concentra tanto este impuesto como, probablemente, la mayor carga del impuesto a la renta. Ambos tributos son progresivos y recaen sobre una base similar de contribuyentes.
Por lo tanto, eliminar o reducir uno sin ajustar el resto equivale, en los hechos, a trasladar la carga hacia el impuesto a la renta, sin considerar si esa renta es líquida o siquiera existe en términos efectivos.
Este punto es particularmente relevante: el impuesto territorial grava un stock —el patrimonio— mientras que el impuesto a la renta grava un flujo. Sustituir uno por otro sin distinción puede generar distorsiones significativas en contribuyentes con activos de alto valor, pero ingresos corrientes limitados.
A ello se suma una anomalía institucional difícil de justificar: las comunas que generan la recaudación del impuesto territorial no reciben directamente esos recursos, los cuales son redistribuidos hacia otras comunas.
Este mecanismo, más allá de sus fines redistributivos, debilita la relación entre contribuyente, territorio y gasto público, afectando la rendición de cuentas local.
Antes de calificar una política tributaria como “mala”, parece indispensable discutir el tamaño y la estructura del Estado que se pretende financiar, así como la coherencia del sistema en su conjunto. De lo contrario, se corre el riesgo de evaluar instrumentos aisladamente sin considerar la carga total que enfrentan los contribuyentes.
