El Gobierno Regional de O’Higgins presentó un recurso de protección tras denuncias ciudadanas por remoción de suelo en el humedal La Capilla, abriendo un nuevo frente sobre gobernanza ambiental, fiscalización y resguardo de ecosistemas rurales
El humedal rural La Capilla, ubicado en la comuna de Malloa, enfrenta un escenario de riesgo ambiental luego de que se detectaran trabajos de remoción de suelo ejecutados por un privado, que podrían alterar gravemente su equilibrio ecológico. La situación activó una respuesta institucional inmediata del Gobierno Regional de O’Higgins, que decidió recurrir a la justicia para frenar las intervenciones.
La acción judicial, ingresada ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, busca detener las obras de forma preventiva mientras se evalúan sus efectos sobre el ecosistema, en un caso que vuelve a tensionar la relación entre desarrollo local y protección ambiental.
Denuncia ciudadana activa respuesta institucional
El caso se origina a partir de registros difundidos por organizaciones ambientalistas, donde se observa una retroexcavadora realizando movimientos de tierra en el humedal. Estas imágenes encendieron las alertas sobre posibles daños irreversibles en un ecosistema que alberga una alta biodiversidad.
El gobernador regional Pablo Silva Amaya explicó que la acción se adoptó tras recibir denuncias en redes sociales, enfatizando que la prioridad es detener las intervenciones antes de que se produzcan impactos mayores sobre la flora y fauna del lugar.
La autoridad subrayó que el objetivo del recurso es garantizar una revisión técnica por parte de los organismos competentes, evitando decisiones tardías frente a un daño potencialmente irreversible.
Fiscalización en terreno y posibles infracciones
En paralelo, la Dirección General de Aguas (DGA) activó procesos de fiscalización en el sector, abriendo tres expedientes por eventuales infracciones, entre ellas extracción ilegal de agua y obras no autorizadas dentro del área del humedal.
La directora regional, Dayanna Aravena, indicó que equipos técnicos ya se encuentran en terreno verificando si los trabajos se emplazan dentro del polígono del humedal y si vulneran el Código de Aguas.
Este punto es clave, ya que la delimitación del humedal y la legalidad de las intervenciones definirán el curso de eventuales sanciones administrativas o judiciales.
Biodiversidad en riesgo y efectos sobre el hábitat
El humedal La Capilla no es un área menor. En él habitan 111 especies de aves endémicas y migratorias, además de reptiles, anfibios y peces nativos, lo que lo posiciona como un ecosistema relevante a nivel regional.
Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la encargada regional Nataly Valdés advirtió que movimientos de suelo sin evaluación ambiental pueden generar fragmentación de hábitat, afectando especialmente a especies en etapa de reproducción.
El riesgo es concreto: cuando se altera el entorno durante períodos de anidación, las crías pueden quedar aisladas y morir, profundizando el impacto ecológico del daño.
Gobernanza ambiental y coordinación interinstitucional
Ante la gravedad del caso, el GORE convocó a una reunión de emergencia del Comité Regional de Humedales, instancia que busca articular acciones entre servicios públicos con competencias en agua, biodiversidad y evaluación ambiental.
El seremi del Ministerio del Medio Ambiente en la región, José Pablo Lagos, señaló que se pondrá a disposición toda la información técnica existente, incluyendo estudios y delimitación del polígono del humedal, elementos clave para sustentar decisiones regulatorias.
Este tipo de coordinación refleja una tensión estructural: la necesidad de actuar con rapidez frente a amenazas ambientales, pero con base técnica y jurídica sólida.
Lo que está en juego: protección ambiental y desarrollo territorial
Más allá del caso puntual, la situación del humedal La Capilla instala una discusión de fondo sobre la capacidad del Estado para proteger ecosistemas rurales frente a intervenciones privadas, especialmente en territorios donde la fiscalización suele ser más limitada.
Aquí no solo se debate la legalidad de una obra, sino el modelo de desarrollo territorial y la prioridad que se le otorga a la conservación de ecosistemas estratégicos.
El desenlace del recurso de protección marcará un precedente relevante: si las instituciones logran actuar de forma preventiva o si, nuevamente, la reacción llega después del daño.
