El Ejecutivo optó por una auditoría interna liderada por Segpres, descartando licitación internacional por restricciones fiscales, mientras avanza revisión del uso de recursos públicos entre 2025 y marzo de 2026 con un comité interministerial
El Gobierno de José Antonio Kast resolvió descartar la auditoría externa internacional comprometida durante la campaña presidencial, optando por un proceso de revisión interna de las cuentas públicas. La decisión se fundamenta en la estrechez fiscal y en la priorización de recursos dentro del propio aparato estatal.
La determinación fue adoptada por la Subsecretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezada por Constanza Castillo, quien lidera además el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. La instancia tiene como misión levantar un diagnóstico del uso de los recursos fiscales y consolidar un informe sobre la situación financiera del Estado.
Del compromiso de campaña a la restricción presupuestaria
Durante la campaña, el equipo del Presidente había planteado una “auditoría total al Estado” con participación de firmas internacionales de primer nivel, con el objetivo de revisar ministerios, servicios y empresas públicas. La propuesta incluía además la publicación íntegra de los resultados y el seguimiento de eventuales irregularidades.
Sin embargo, la decisión actual marca un giro respecto de ese compromiso inicial, al privilegiar una revisión interna sin licitación internacional. En el proceso previo, firmas globales como Deloitte, PwC, EY y KPMG habían seguido de cerca la eventual convocatoria.
Aunque existía interés en participar, también se había manifestado cautela desde estas compañías debido a los riesgos reputacionales asociados a una auditoría con alto componente político.
Comité estratégico y cronograma de revisión
El proceso interno ya se encuentra en marcha. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal —integrado por autoridades de Interior, Hacienda, Dirección de Presupuestos y el Gabinete Presidencial— solicitó a los servicios públicos remitir información detallada sobre el uso de recursos fiscales.
El período de análisis abarca desde el año 2025 hasta el 11 de marzo de 2026, con un primer informe preliminar esperado durante los primeros días de abril. El comité dispone de un plazo de seis meses para entregar conclusiones definitivas y eventuales recomendaciones de ajuste o corrección.
Desde Segpres, Castillo ha señalado que el objetivo es “conocer el estado real de la nación con rapidez y transparencia”, reforzando la idea de que el proceso interno puede cumplir con los estándares de revisión requeridos.
Auditoría interna y control del gasto público
La auditoría interna se formalizó el pasado 20 de marzo, estableciendo un plazo acotado para que los servicios entreguen antecedentes. Esta fase inicial busca ordenar la información financiera del aparato estatal y detectar posibles inconsistencias en el uso de recursos públicos.
El foco del proceso incluye la revisión de programas, contrataciones y ejecución presupuestaria, en línea con los objetivos planteados durante la campaña presidencial, aunque ahora bajo un esquema exclusivamente estatal.
Impacto político y señales al sistema institucional
La decisión del Ejecutivo abre un nuevo eje de análisis respecto de la capacidad del Estado para auditarse a sí mismo sin apoyo externo, especialmente en un tema que fue presentado como prioritario durante la campaña.
Al mismo tiempo, instala una señal hacia el sistema político y económico: la revisión de las cuentas públicas seguirá adelante, pero con un diseño ajustado a las restricciones presupuestarias actuales. El resultado de este proceso será clave para evaluar el cumplimiento de los compromisos en materia de transparencia, control del gasto y probidad administrativa.
