Las Jefaturas de Áreas Fronterizas cumplen 1.097 días de despliegue con más de 600 mil controles en el norte, mientras autoridades regionales y parlamentarios impulsan reformas constitucionales para consolidar permanentemente el rol del Ejército frente a la migración irregular
Lo que comenzó como una medida extraordinaria hoy completa 1.097 días de operación continua. Las Jefaturas de Áreas Fronterizas (JAFs) del Ejército consolidan tres años de despliegue en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, transformando una respuesta contingente en componente estable de la seguridad interior del Estado.
El operativo, habilitado por el Decreto Supremo N°78 sobre Infraestructura Crítica, ha permitido más de 600.000 controles de identidad en coordinación con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Patrullajes terrestres preventivos, vigilancia aérea mediante drones y monitoreo permanente se despliegan sobre cerca de 185.000 kilómetros cuadrados del altiplano y el desierto.
Desde el Ejército subrayan la exigencia técnica del despliegue. El Jefe de Operaciones de la JAF Arica y Parinacota explicó que “cobra suma importancia una preparación integral”, que incluye protocolos interinstitucionales y condición física certificada para operar sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
En Antofagasta, el oficial a cargo del campamento en San Pedro de Atacama señaló que diariamente “ejecutamos patrullajes terrestres preventivos, vigilancia aérea mediante drones y en puestos de observación, con el fin de interceptar posibles delitos en flagrancia y garantizar la soberanía en la zona”, agregando que “el resguardo de nuestras fronteras implica un compromiso ineludible con la seguridad de nuestros compatriotas”.
Gobernadores del norte: continuidad con visión estratégica
El gobernador José Miguel Carvajal de Tarapacá ha defendido la decisión adoptada en 2021 de disponer Fuerzas Armadas en la frontera como un punto de inflexión frente a la crisis migratoria.
“Me parece que una de las decisiones más importantes del Gobierno y del Estado frente a la situación migratoria ha sido disponer de Fuerzas Armadas en la frontera. Cuando asumí como gobernador regional en 2021 no solamente enfrentábamos una crisis migratoria con un cierto caos en nuestras comunidades, sino que además veíamos que el Estado tenía una capacidad y recursos insuficientes para custodiar adecuadamente la frontera”.
Carvajal sostuvo que las definiciones adoptadas desde entonces fortalecieron la capacidad de respuesta territorial: “A raíz de estas decisiones se ha mejorado la coordinación y se ha incrementado la tecnología, lo que ha permitido disminuir el ingreso irregular. Me parece una medida importante de mantener por parte del próximo gobierno respecto de las tareas que cumplen las Fuerzas Armadas en esta materia”.
En Arica y Parinacota, el gobernador Diego Paco ha insistido en avanzar con “mayor celeridad” y en “fortalecer la frontera”, mientras que en Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz Cortés ha planteado que la discusión no puede quedar anclada en la contingencia. “Esta región no puede quedarse solo en la emergencia, tiene que mirar su futuro”, subrayando que la seguridad fronteriza debe integrarse a una planificación territorial estratégica y sostenible.
Las regiones convergen en una señal común: la presencia militar es necesaria, pero su continuidad exige estabilidad jurídica, coordinación interinstitucional y respaldo presupuestario.
El Congreso entra en la definición constitucional
Tres años de despliegue han trasladado el debate desde el terreno hacia el Parlamento. El diputado electo por Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra, anunció que buscará integrar la Comisión de Constitución para impulsar una reforma que incorpore de manera permanente a las Fuerzas Armadas en la protección de las fronteras en tiempos de paz.
La iniciativa apunta a dar respaldo constitucional a un modelo que hasta ahora ha operado bajo decretos sucesivos y prórrogas administrativas. Díaz adelantó además que promoverá mayores recursos para “fortalecer el cuidado fronterizo a través de más tecnología, la que tiene que estar a disposición de las Fuerzas Armadas”, enfatizando que el control territorial requiere presencia, atribuciones claras y financiamiento sostenido.
La primera prueba del gobierno de Kast
El gobierno encabezado por José Antonio Kast asumirá con un discurso explícito de mayor control migratorio y endurecimiento frente al ingreso irregular. La frontera norte será el primer territorio donde esa narrativa deberá traducirse en decisiones institucionales concretas.
No se trata únicamente de mantener el despliegue existente, sino de definir si el Ejecutivo impulsará activamente la consolidación constitucional del modelo, ampliará atribuciones o reforzará el componente tecnológico y presupuestario del sistema.
En las regiones del norte, la expectativa no es abstracta. Gobernadores han planteado que la continuidad debe ir acompañada de coordinación real y reglas estables. La definición que adopte el nuevo gobierno marcará el tono de su política migratoria y su capacidad de liderazgo territorial.
Una decisión que trasciende el corto plazo
Tres años después del inicio del despliegue, la presencia del Ejército en la frontera norte ha demostrado continuidad operativa y respaldo regional. Lo que está en juego ahora es su arquitectura futura.
Consolidar el modelo bajo respaldo constitucional implicaría transformarlo en política estructural de seguridad interior. Mantenerlo bajo mecanismos transitorios prolongaría la excepcionalidad.
La frontera norte dejó de ser un borde distante. Hoy concentra el debate sobre migración, seguridad, coordinación regional y liderazgo presidencial. La definición que enfrente el gobierno de Kast marcará el diseño institucional de los próximos años.
