Proyecto busca modernizar la evaluación ambiental, entregar reglas más claras a la inversión y fortalecer el rol técnico del SEA, en medio de un debate legislativo que también exige proteger estándares, participación ciudadana y confianza pública
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados continuó con la discusión del proyecto que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar la eficiencia del sistema de evaluación de proyectos, una reforma que se instala como uno de los debates clave para destrabar inversiones con mayor certeza jurídica.
La iniciativa, correspondiente al boletín 16.552, propone introducir elementos más técnicos y predecibles en el proceso de evaluación ambiental. Entre sus principales cambios considera fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica, incorporar criterios de cambio climático y desarrollo sostenible, y entregar un rol más activo al Ministerio del Medio Ambiente en la supervisión y seguimiento de los procedimientos.
Más atribuciones para el SEA
Uno de los puntos centrales del proyecto es el reemplazo de las actuales Comisiones de Evaluación Ambiental, entregando mayores atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental. Con ello, los directores regionales o el director ejecutivo del SEA pasarían a calificar los proyectos, con el objetivo de reducir la influencia política directa en estas resoluciones y reforzar una mirada técnica en la evaluación ambiental.
La propuesta también modifica el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, al integrar permisos sectoriales dentro de un mismo procedimiento, acotar los motivos de rechazo de proyectos y establecer reglas más claras para modificaciones y reclamaciones. El diagnóstico apunta a problemas recurrentes como sobrecarga administrativa y superposición de plazos.
Certeza jurídica y legitimidad ambiental
Durante la sesión, diputadas y diputados centraron parte del debate en el modelo de toma de decisiones ambientales. Las intervenciones buscaron despejar las ventajas y riesgos de avanzar hacia una autoridad unipersonal o mantener fórmulas colegiadas, especialmente cuando el objetivo es resguardar la autonomía técnica del sistema sin debilitar su legitimidad pública.
Si bien existe consenso en la necesidad de modernizar la institucionalidad ambiental, persisten diferencias sobre los mecanismos más adecuados para lograr eficiencia, certeza jurídica y participación. La pregunta de fondo es cómo acelerar procesos y reducir incertidumbre sin afectar estándares ambientales ni limitar el acceso oportuno de las comunidades a la información.
Expertos advierten riesgos y oportunidades
Uno de los temas planteados fue la necesidad de perfeccionar los criterios de evaluación dentro de la institucionalidad ambiental. La directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, valoró la incorporación del concepto de impactos acumulativos, aunque advirtió que su redacción podría resultar ambigua si no se fijan criterios claros de aplicación y resguardos técnicos suficientes.
Desde otra perspectiva, el profesor Jorge Femenías defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo más acotado y con reglas claras de ingreso al sistema, señalando que ello permitiría mejorar la certeza jurídica para los proyectos. La diferencia entre ambas miradas refleja uno de los dilemas centrales de la reforma: ganar eficiencia regulatoria sin perder legitimidad ambiental.
El SEIA como activo nacional
La profesora Valentina Durán planteó que el foco de la reforma debe estar en fortalecer los estándares técnicos y la calidad de la evaluación. En su exposición, definió al SEIA como un “activo nacional”, pero advirtió que requiere ajustes para mejorar su eficiencia, legitimidad y capacidad de respuesta.
Durán también relevó el rol de la participación ciudadana como un componente clave para la legitimidad de la institucionalidad ambiental. En esa línea, alertó que persisten desafíos en el acceso oportuno a la información por parte de las comunidades, un punto sensible para cualquier reforma que busque equilibrar inversión y sostenibilidad con confianza pública.
Permisos sectoriales y carga institucional
El exsubsecretario del Medio Ambiente Rodrigo Benítez sostuvo que los principales problemas del sistema no se originan necesariamente en la institucionalidad ambiental, sino en la multiplicidad de permisos sectoriales y en la sobrecarga de exigencias que enfrentan los proyectos. Esa mirada pone el foco en la necesidad de ordenar procedimientos, reducir duplicidades y fortalecer la capacidad de los servicios públicos.
Para los proyectos de inversión, la modernización del SEIA será relevante no solo por sus plazos, sino por la claridad de sus reglas y la calidad de sus decisiones. Especialmente en regiones con menor dotación técnica, el desafío será evitar que la reforma quede solo en cambios normativos y no se traduzca en mejor gestión institucional y mayor capacidad regional.
Modernizar sin debilitar estándares
El debate legislativo deja una señal clara: la reforma ambiental no puede reducirse únicamente a acelerar proyectos. La verdadera prueba estará en construir una institucionalidad capaz de entregar decisiones técnicas, oportunas y legítimas, con estándares claros, participación efectiva y certeza jurídica.
Para Chile, el desafío es mayor. En sectores como energía, minería, infraestructura, desarrollo urbano e industria, la evaluación ambiental seguirá siendo un punto crítico para compatibilizar inversión, sostenibilidad, territorios y confianza ciudadana. La discusión que sigue en el Congreso será determinante para saber si el país logra avanzar hacia un sistema más eficiente y predecible, sin debilitar su legitimidad ambiental.
