A semanas del ajuste legal, el aumento de fiscalizaciones y el alto número de infracciones evidencian fallas en gestión documental, control de asistencia y capacidad operativa para responder a nuevas exigencias regulatorias
La cuenta regresiva ya comenzó. A pocas semanas de que entre en vigencia la reducción de la jornada laboral a 42 horas, un 62% de las empresas en Chile reconoce que aún no ha realizado los cambios necesarios para cumplir con la normativa. El dato surge en un momento en que la implementación de la nueva jornada sigue en proceso en gran parte de las organizaciones, mientras los plazos legales avanzan hacia su entrada en vigencia.
El contexto se cruza con un aumento en la fiscalización. La Dirección del Trabajo informó 1.329 fiscalizaciones adicionales en el último periodo, con un resultado donde el 65% de las empresas inspeccionadas terminó con infracciones. Las multas promedian los $2,8 millones y se concentran principalmente en materias como documentación laboral, contratos y control de asistencia.
La autoridad también fijó el calendario de implementación. El 26 de abril de 2026 entrará en vigencia la reducción de la jornada a 42 horas semanales, en el marco de la Ley 21.561. El ajuste debe realizarse mediante acuerdo entre empleador y trabajador, el cual debe quedar formalizado por escrito. En caso de no existir acuerdo, el empleador igualmente deberá adecuar la jornada dentro de los límites establecidos.
Ajustes pendientes en empresas
En la práctica, la implementación ha implicado revisar turnos, actualizar contratos y ajustar sistemas de control de asistencia. Estos cambios se mantienen en proceso en distintas empresas, especialmente en sectores con operación continua o con alta rotación de personal. En ese escenario, la adaptación a la nueva jornada avanza a distintas velocidades según el tamaño y rubro de las empresas, mientras los ajustes operativos se concentran en áreas clave de gestión laboral.
El abogado laboralista Rubén Soto señaló que “el cumplimiento ya no es solo una intención, sino una capacidad operativa que muchas organizaciones aún no logran consolidar”, apuntando a la necesidad de contar con respaldo documental y sistemas que permitan responder a fiscalizaciones. El especialista agregó que “persiste una brecha entre el deseo de cumplir y la trazabilidad necesaria para demostrarlo ante la Dirección del Trabajo”.
Fiscalización y documentación
De acuerdo con los datos disponibles, una de las principales causas de sanción es la imposibilidad de exhibir documentación laboral exigida, lo que acumuló más de 23 mil infracciones en el último periodo. A esto se suman problemas en los registros de asistencia y contratos desactualizados, que siguen siendo observados en los procesos de fiscalización.
En este contexto, la exigencia no solo está en cumplir la normativa, sino en poder acreditarla en el momento en que la autoridad lo requiere. Esto ha llevado a que distintas empresas comiencen a revisar sus procesos internos y sistemas de registro.
Uso de tecnología en la gestión laboral
En paralelo, algunas empresas han comenzado a incorporar herramientas digitales para ordenar procesos laborales. Sistemas de control de asistencia, gestión de contratos y plataformas centralizadas permiten reducir errores y facilitar la trazabilidad de la información.
Desde Workera, su Product Manager Claudia Toledo señaló que “la ansiedad normativa se combate con orden y centralización”, agregando que empresas que han implementado estos sistemas han logrado mejoras en la gestión. “Empresas del rubro logístico han reducido el pago de horas extras en un 47%, con ahorros superiores a los USD $50.000 mensuales”, indicó.
Implementación en curso
La reducción de la jornada forma parte de un proceso gradual que continuará en los próximos años hasta alcanzar las 40 horas semanales. En esta etapa, el foco está puesto en la adecuación a las 42 horas y en el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente.
El avance de la fiscalización y los plazos definidos por la autoridad configuran un escenario donde las empresas deberán completar sus ajustes en el corto plazo, en un proceso que ya se encuentra en curso en distintos sectores productivos del país.
