Por: Thierry de Saint Pierre. Presidente mesa IA de ACTI y Director NAVIGO
La modernización del Estado chileno avanza, pero no al ritmo que las personas demandan y que la tecnología posibilita. Si bien existen leyes en marcha, como la de Transformación Digital y la Ley Marco de Ciberseguridad, los desafíos de interoperabilidad, talento, infraestructura y gobernanza siguen siendo enormes.
De acuerdo con el Índice de Ciudadanía Digital, el 95% de la ciudadanía cuenta con al menos una habilidad digital básica, pero solo el 54% declara saber, por ejemplo, conectarse a una red wifi o realizar búsquedas avanzadas en internet.
En ese contexto, la firma del Memorando de Entendimiento (MoU) entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI A.G.) suma una pieza relevante: Por primera vez, un gremio tecnológico chileno establece una alianza formal con un organismo multilateral para colaborar en el diseño y ejecución de acciones que impulsen la modernización pública aportando el conocimiento técnico y toda la experiencia del ecosistema digital.
El BID ha sido enfático en la necesidad de modernizar los gobiernos latinoamericanos y ha situado a la transformación digital como un eje para el desarrollo económico. La firma de este acuerdo se enmarca en ese contexto: no es solo un documento simbólico.
Es una hoja de ruta con acciones concretas como la creación de un Observatorio para monitorear el cumplimiento de la Ley 21.180, un plan de formación técnica para funcionarios públicos, la instalación de una Mesa Público-Privada de Digitalización y la organización del evento Estado Digital 2025.
La firma también reconoce que la transformación digital del Estado no puede depender exclusivamente del aparato público, sino que el ecosistema tecnológico, además de proveer, debe ser parte del diseño de las soluciones. Y para eso, necesita espacios de participación estructurados, con continuidad, visión de largo plazo y un marco técnico compartido.
Sabemos que los desafíos son grandes. Las brechas de talento digital en el sector público persisten, la infraestructura aún requiere inversión y los marcos regulatorios deben seguir avanzando. Pero también somos conscientes de que Chile tiene condiciones únicas para liderar este proceso en la región.
Contamos con una industria tecnológica robusta, altos niveles de conectividad, una ciudadanía digitalizada y una institucionalidad que, si bien perfectible, ha dado señales claras de avanzar hacia un modelo más moderno y sostenible.
El llamado es a las instituciones públicas a abrir espacios de colaboración y a ver en el ecosistema digital un socio. Al Congreso, a facilitar un marco normativo que permita avanzar con agilidad. Y al propio sector tecnológico, a asumir su rol con responsabilidad, ética y vocación pública. El desarrollo de Chile no se juega en la próxima aplicación que lancemos, sino en la capacidad de construir un Estado digitalmente transformado, moderno, interoperable y centrado en las personas.
La firma con el BID no es un punto de llegada. Es el inicio de un camino que exige voluntad política, trabajo técnico y convicción. Y aunque no sea todos los días que un gremio firme con un organismo multilateral, esperamos que este hito inspire nuevas formas de colaboración y como resultado una transformación digital del Estado que ya no puede seguir esperando, ya que la fecha autoimpuesta es el 2027, es decir en sólo dos años.
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