Chile avanza en leyes y metas ambientales, pero la infraestructura para gestionar residuos sigue rezagada en muchas comunas. Los ecoparques aparecen como una oportunidad concreta para cerrar brechas territoriales, mejorar calidad de vida y convertir la economía circular en política pública con escala real.
Chile lleva años hablando de economía circular y desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando se observa lo que ocurre en los territorios, la infraestructura ambiental sigue avanzando a un ritmo que no siempre acompaña la magnitud del desafío. Los ecoparques se han transformado en un buen ejemplo de esa brecha entre ambición y ejecución.
En el papel, el país ha avanzado. Existen leyes, metas y compromisos internacionales. En la práctica, gran parte de los residuos continúa terminando en rellenos sanitarios o vertederos que, en muchos casos, ya superaron su vida útil. La distancia entre el discurso y la realidad territorial no es menor, y plantea una pregunta que ya no se puede seguir postergando: ¿estamos creando realmente las condiciones para que la economía circular funcione?
Chile genera cerca de 20 millones de toneladas de residuos al año. Aunque el reciclaje ha crecido, sigue siendo bajo en comparación con los países de la OCDE. La meta de valorización de residuos es ambiciosa, pero choca con una limitación concreta: la infraestructura simplemente no está disponible en muchas comunas.
Ahí es donde aparecen los ecoparques. En teoría, estos espacios deberían ser el corazón de la economía circular: lugares donde los residuos se reciben, se clasifican, se reutilizan y se transforman en nuevos recursos. En la práctica, en Chile siguen operando más como experiencias puntuales que como una política pública con escala nacional.
El desfase entre metas nacionales y realidad local
Los municipios enfrentan diariamente el problema de la basura, pero también son los actores con menos recursos para abordarlo de manera estructural. Gran parte de su presupuesto ambiental se destina a recolectar y trasladar residuos, lo que deja poco margen para invertir en soluciones de fondo.
Desde el nivel central, en tanto, se han impulsado marcos regulatorios y metas de largo plazo, como la Ley REP, que buscan cambiar el modelo de gestión de residuos. Sin embargo, la implementación es compleja y muchas veces lenta, y no siempre logra traducirse en mejoras visibles en los territorios. El resultado es una brecha que se repite de norte a sur: la política pública avanza, pero la infraestructura llega tarde o no llega.
No todas las comunas cuentan con acceso a soluciones modernas. Algunas han logrado desarrollar puntos limpios, centros de reciclaje o proyectos piloto. Otras siguen dependiendo de vertederos o microbasurales, con los impactos sociales y ambientales que eso implica. Esta desigualdad ambiental también es una desigualdad de oportunidades.
Infraestructura ambiental como política de desarrollo regional
En ese contexto, los ecoparques podrían cumplir un rol mucho más amplio. No solo como centros de gestión de residuos, sino como infraestructura pública que aporte a la calidad de vida, a la educación ambiental y al desarrollo local. Bien diseñados, pueden integrar áreas verdes, espacios educativos y soluciones técnicas para residuos complejos, acercando la economía circular a la vida cotidiana de las personas.
Chile ha avanzado en conciencia ambiental, pero el reciclaje domiciliario sigue siendo bajo. Gran parte de los materiales que hoy se valorizan proviene de industrias o grandes generadores, no de los hogares. Esto muestra una relación directa entre infraestructura y comportamiento: cuando las personas no tienen dónde reciclar, simplemente no lo hacen. Y cuando no hay volúmenes suficientes, los proyectos pierden viabilidad económica.
Por eso, la infraestructura no es un complemento. Es una condición habilitante para que la política ambiental funcione y para que las regiones puedan transformar un problema histórico en una oportunidad de desarrollo.
La decisión política que sigue pendiente
Las experiencias donde se han combinado reciclaje, educación y trabajo comunitario muestran que el modelo puede funcionar: menos microbasurales, mayor participación ciudadana y barrios más limpios. Pero estos casos siguen siendo excepciones. Chile todavía no cuenta con una red de ecoparques que permita dar cobertura amplia y homogénea al territorio, especialmente para residuos complejos o de manejo especial.
El país ya vivió una etapa en que la política de residuos se limitó a trasladar la basura cada vez más lejos de las ciudades. Ese modelo está agotado. Hoy existe la oportunidad de avanzar hacia uno distinto, más integrado y con mayor valor social y ambiental.
La pregunta no es si Chile puede hacerlo —capacidades técnicas y experiencia existen—, sino si se logrará convertir la economía circular en una prioridad efectiva de inversión pública y coordinación público-privada. Porque la gestión de residuos ya no es solo un tema sanitario: es un tema de desarrollo territorial, de equidad y de calidad de vida. Y en ese terreno, los ecoparques pueden ser parte de la solución si dejan de ser solo una buena idea y pasan a convertirse en una política pública con escala, continuidad y foco en las personas.
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
