Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
Hay ironías que no necesitan demasiado esfuerzo para explicarse. Basta mirar la secuencia completa, ordenar las piezas sobre la mesa y hacer una suma elemental: dos más dos es igual a deuda, déficit y una tensión fiscal que el Gobierno ya no puede envolver solo en lenguaje técnico.
El Senado aprobó un mayor endeudamiento fiscal por US$6.200 millones, dejando la autorización en condiciones de convertirse en ley. La votación, con 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención, le entrega a Hacienda el margen financiero que buscaba para enfrentar una situación fiscal distinta a la prevista en la Ley de Presupuestos. Pero también confirma una paradoja difícil de explicar políticamente.
Hacienda advierte que las cuentas fiscales están tensionadas, que el déficit obliga a corregir la trayectoria del gasto y que el país no alcanzará el equilibrio prometido. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno pide al Congreso ampliar el endeudamiento y sostiene una megarreforma que reduce impuestos a las grandes empresas, bajo la promesa de que el crecimiento futuro terminará pagando la cuenta.
El ministro Jorge Quiroz defendió la solicitud como una decisión responsable. Dijo que no se trata de una discusión sobre el pasado, ni sobre el tamaño del Estado, ni sobre nuevas prioridades de gasto, sino sobre cómo enfrentar una situación fiscal distinta a la prevista. El argumento puede ser razonable desde la administración de caja. El problema aparece cuando esa necesidad de caja convive con una reforma que reduce ingresos estructurales del Estado.
Ahí está el punto. No se trata solo de aprobar más deuda. Se trata de aprobar más deuda mientras se tramita una reforma tributaria que promete reactivación, inversión y crecimiento, pero que descansa en una apuesta futura. Si esa apuesta funciona, el Gobierno podrá decir que abrió espacio para una nueva etapa económica. Si no funciona, la cuenta quedará donde siempre: en el presupuesto público, en los intereses de la deuda, en el menor margen para políticas sociales y en futuras restricciones fiscales. Mientras unos pocos reducirán impuestos.
La crisis como argumento
El problema no está solo en la contradicción política. Está en la arquitectura del relato. Primero se instala la idea de una caja fiscal exhausta. Luego se responsabiliza al gobierno anterior. Después se pide más deuda. Y, en paralelo, se empuja una rebaja tributaria que beneficia principalmente a los grandes contribuyentes empresariales. El resultado es una ecuación conocida: el sacrificio se socializa y el alivio se concentra.
No es una sospecha ideológica. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el propio debate parlamentario volvió a poner sobre la mesa la cercanía de la deuda al límite prudente. El Fondo Monetario Internacional también ha sido claro en una regla básica: los recortes permanentes de impuestos deben compensarse con ingresos permanentes si se quiere mantener la deuda bajo control.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿se está corrigiendo una crisis fiscal o se está usando la crisis fiscal como argumento político para rediseñar el sistema tributario? Porque una cosa es ordenar las cuentas públicas y otra muy distinta es pedir más deuda mientras se reducen ingresos permanentes del Estado.
La tesis oficial descansa en una apuesta: bajar impuestos, estimular inversión, acelerar crecimiento y recuperar recaudación por la vía de una economía más dinámica. Esa promesa no es nueva. Ha sido presentada muchas veces como una solución casi automática. Pero cuando los propios organismos técnicos advierten que los números no cuadran, insistir en la misma fórmula exige algo más que optimismo. Exige explicar quién paga el costo si la apuesta falla.
La cuenta no desaparece
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, sostuvo durante el debate que la discusión ya no era cómo se llegó hasta aquí, porque esa etapa había pasado. La frase resume una parte del realismo político que permitió aprobar el proyecto. El Estado tiene obligaciones, necesita financiamiento y debe evitar una tensión mayor en su caja. Eso es cierto. Pero también es cierto que mirar solo la urgencia puede terminar ocultando la pregunta de fondo.
La deuda no es gratis. No desaparece porque se la nombre como reconstrucción, normalización o responsabilidad fiscal. La deuda se paga con ingresos futuros, con menor espacio presupuestario, con ajustes, con prioridades postergadas o con nuevas restricciones para políticas públicas. Por eso resulta políticamente delicado presentar el endeudamiento como una necesidad inevitable y la rebaja de impuestos como una apuesta virtuosa.
La ciudadanía entiende mejor de lo que algunos creen. Si el Estado está en déficit, si la deuda se acerca al límite prudencial, si el equilibrio fiscal ya no se cumplirá y si los organismos técnicos advierten descalces, entonces la pregunta es simple: ¿por qué el centro de la reforma no está puesto primero en fortalecer ingresos permanentes, productividad e innovación, sino en reducir la carga tributaria de las grandes empresas?
El Gobierno puede envolver esta discusión en lenguaje técnico, hablar de inversión, confianza y crecimiento potencial. Todo eso importa. Pero no alcanza para esconder la operación política que subyace: instalar una crisis heredada, pedir más endeudamiento para administrarla y, al mismo tiempo, impulsar un alivio tributario para los sectores de mayores ingresos empresariales.
El Senado ya aprobó el margen de endeudamiento. La pregunta ahora es qué hará Hacienda con esos US$6.200 millones, cómo ordenará el gasto y cómo evitará que esta autorización se transforme en una señal permanente de fragilidad fiscal. Porque una cosa es conseguir respaldo legislativo para financiar obligaciones del Estado y otra muy distinta es convertir ese respaldo en una coartada para sostener una rebaja tributaria sin financiamiento suficientemente sólido.
Dos más dos no siempre da lo mismo en política, ni mucho menos en la vida actual de la mayoría de los chilenos. A veces el resultado es deuda. A veces la suma y resta da déficit. A veces da una reforma que promete crecimiento, pero deja al Estado con menos ingresos. Y a veces da una paradoja demasiado evidente: se le pide al país apretarse el cinturón para que otros puedan soltárselo.
