Con una gestión técnica, incómoda y sin concesiones, la contralora general reposicionó el rol fiscalizador a la institucionalidad estatal y marcó la agenda pública en 2025
En un año marcado por la desconfianza ciudadana, el cuestionamiento al uso de los recursos públicos y la presión por mayores estándares de probidad, Dorothy Pérez Gutiérrez, contralora general de la República, se consolidó en 2025 como una de las figuras más influyentes del aparato estatal chileno.
Desde una institución históricamente técnica y de bajo perfil, su gestión transformó a la Contraloría en un actor central del debate público, capaz de incomodar a gobiernos, servicios públicos, fuerzas de orden, autoridades regionales y al propio sistema político.
Nacida el 3 de marzo de 1976 en Santiago, Pérez construyó su carrera desde el rigor académico y el conocimiento profundo del Estado. Realizó su enseñanza secundaria en el Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra y estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde egresó con distinción máxima.
Su tesis —centrada en la sistematización de jurisprudencia de la Contraloría General de la República y sentencias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones— anticipó tempranamente una vocación por el control administrativo, la técnica jurídica y el funcionamiento interno del aparato público.
A ello sumó una formación de posgrado poco habitual en el mundo jurídico chileno: magíster en Gestión con mención en Control (PUCV), magíster en Gerencia y Políticas Públicas (UAI), además de diplomados en Derecho Administrativo Económico, Prevención, Detección e Investigación de Fraude e Inteligencia Artificial, configurando un perfil híbrido entre derecho, gestión pública y control moderno del Estado.
Salida, restitución y validación institucional
Un episodio clave en su trayectoria ocurrió en 2018, cuando se desempeñaba como subcontralora general. En agosto de ese año, bajo la dirección del entonces contralor Jorge Bermúdez, su cargo fue declarado vacante, en un contexto de tensiones internas y diferencias de criterio sobre la conducción y el alcance del control institucional.
Pérez recurrió a tribunales y, meses después, la Corte de Apelaciones —fallo confirmado posteriormente— determinó que la medida vulneró el debido proceso, ordenando su restitución.
El fallo no solo la devolvió al cargo, sino que validó jurídicamente su trayectoria y reforzó su autoridad técnica, antecedente clave para entender el sello exigente de su gestión posterior.
Su regreso estuvo marcado por una agenda clara: fortalecer los sistemas de control, modernizar los mecanismos de fiscalización y reforzar la autonomía técnica de la institución.
Y fue esa agenda, ese recorrido técnico y jurídico, lo que desembocó en su llegada al máximo cargo del organismo, ya que ejerció como contralora general de la República en calidad de subrogante entre el 18 de diciembre de 2023 y el 4 de noviembre de 2024.
Posteriormente, tras ser nominada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y ratificada por el Senado, asumió formalmente como contralora general de la República el 6 de noviembre de 2024, cargo que ejercerá por el período 2024–2032.
“La Contraloría no fiscaliza personas; fiscaliza actos administrativos y el correcto uso de los recursos públicos”, ha reiterado, marcando distancia frente a interpretaciones políticas de su labor.
Licencias médicas: el caso que remeció al empleo público
Uno de los hitos más visibles de 2025 fue el informe sobre el uso irregular de licencias médicas, que reveló que miles de funcionarios públicos viajaron al extranjero o realizaron actividades incompatibles mientras se encontraban con reposo médico, gracias al cruce de bases de datos administrativos. “La licencia médica no es un beneficio personal; es un instrumento de seguridad social que exige responsabilidad”, sostuvo la contralora.
El impacto fue inmediato: sumarios administrativos masivos, cuestionamientos transversales y un golpe directo a la confianza ciudadana en el empleo público.
El Presidente Gabriel Boric respaldó públicamente la labor del organismo, señalando que “la Contraloría cumple un rol esencial para el buen funcionamiento del Estado, y sus observaciones deben ser asumidas con seriedad por todas las instituciones”.
$1,5 billones observados: el informe que marcó junio
En junio de 2025, la Contraloría publicó un informe consolidado de fiscalización que reveló irregularidades administrativas y financieras por más de $1,5 billones en distintas reparticiones del Estado.
Entonces, el senador Juan Antonio Coloma sostuvo que “la Contraloría está haciendo el trabajo que durante años se evitó por razones políticas, y eso inevitablemente incomoda al poder”.
El documento expuso pagos improcedentes, contratos sin respaldo suficiente, rendiciones incompletas y graves falencias de control interno, afectando ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y, en gran medidad a las municipalidades. “Estas cifras reflejan problemas estructurales de gestión que no pueden seguir normalizándose”, advirtió Pérez.
La Tía Rica y Carabineros: fiscalización sin excepciones
El caso de La Tía Rica (DICREP) dejó al descubierto deficiencias graves en procesos de tasación, control interno y trazabilidad de bienes, afectando la confianza en una institución de alto impacto social.
A ello se sumaron los informes sobre Carabineros de Chile, donde la Contraloría detectó falencias administrativas, debilidades en la ejecución presupuestaria y problemas en la rendición de recursos. “El control del uso de recursos públicos es exigible a todas las instituciones del Estado, sin excepción”, recalcó la contralora.
Regiones bajo la lupa
La fiscalización a los gobiernos regionales fue otro eje crítico de 2025, en un contexto de mayor descentralización y aumento del gasto público. Sobre este informe evacuado por la Contraloría, el senador Esteban Velásquez afirmó que “la descentralización no puede confundirse con ausencia de control; por el contrario, exige más capacidades y mayor responsabilidad en el uso de los recursos”.
El sello de una gestión incómoda
De liderazgo austero y discurso técnico, Pérez ha optado porque los informes hablen por ella. Su gestión devolvió a la Contraloría un rol incómodo pero indispensable dentro del sistema democrático.
En 2025, la fiscalización volvió al centro del debate público. Sin estridencias ni protagonismo personal, Dorothy Pérez Gutiérrez se consolidó como el personaje del año, reinstalando una convicción esencial: “el respeto a la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos no son optativos; son obligaciones básicas de todo órgano del Estado”, incluso —y sobre todo— cuando el control incomoda al poder.
