Por Pablo T. Silva Jordán, Especialista en Recursos Hídricos
A partir del 2025, cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Glaciares. En Chile, que concentra más del 80% del hielo de Sudamérica y más de 26.000 glaciares, la conservación de estos cuerpos adquiere una dimensión estratégica.
La evidencia es clara: entre 2002 y 2018 la superficie glaciar nacional se redujo en más de 1.900 km² (−8,1%). Casos como el glaciar Echaurren Norte, con una pérdida del 62% de su área, muestran la magnitud del fenómeno y sus implicancias para la disponibilidad hídrica.
Los catastros oficiales basados en teledetección han sido útiles para obtener una visión de escala, pero generan discrepancias con la información de terreno. Se produce una brecha entre inventario satelital y realidad local: los métodos de gran escala pierden precisión en el detalle y no integran el contexto ecológico complejo que solo puede validarse con datos presenciales.
La protección de entornos periglaciares y del permafrost exige una mirada técnica diferenciada. Es necesario caracterizar mejor los tipos de glaciares y su influencia en el sistema hidrológico, así como incorporar inventarios periódicos y series climáticas de alta resolución que permitan evaluar estabilidad territorial y regulación hídrica.
La degradación del permafrost plantea riesgos físicos concretos; organismos financieros internacionales, como el IFC, exigen evaluar esos riesgos integrando peligro, exposición y vulnerabilidad, aplicando metodologías que consideren impactos sobre agua y biodiversidad en zonas de alta montaña (Estándares de Desempeño, PS6).
Estas exigencias elevan el estándar técnico requerido para proyectos en zonas de criósfera y obligan a integrar riesgo físico con gestión hídrica y ambiental.
En el plano normativo, la discusión nacional reconoce la necesidad de mejorar procedimientos. La propuesta de ley de glaciares contempla un nuevo inventario con métodos y detalles específicos aprobados por la autoridad competente, reforzando los métodos previos.
Asimismo, la reforma al Código de Aguas (Ley 21.435) manda a la Dirección General de Aguas a establecer y mantener una red de estaciones de control físico en cada cuenca, reconociendo que la medición de volumen, acumulación y características específicas demanda monitoreo in situ y no puede depender exclusivamente de imágenes satelitales.
Para proyectos mineros e infraestructura, la caracterización de la interacción entre glaciares y aguas subterráneas y superficiales, y la evaluación de la estabilidad frente a vibraciones por tronaduras, requieren estudios presenciales avanzados y una base técnica robusta para la toma de decisiones.
Desde una perspectiva operativa, se podrían establecer cuatro líneas prioritarias. Primero, implementar planes piloto de monitoreo combinado (teledetección más campañas de campo) en cuencas representativas para validar metodologías y calibrar algoritmos satelitales con observaciones en terreno.
Segundo, consolidar una mesa técnica permanente que reúna al Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas y CONAF, junto con la academia, comunidades locales y el sector privado, para acordar protocolos mínimos de inventario, muestreo y evaluación de riesgos.
Tercero, fortalecer la Red Hidrométrica Nacional en Alta Montaña y garantizar la publicación de datos abiertos y estandarizados que faciliten investigación y planificación. En este punto podría ser interesante generar un trabajo colaborativo con Argentina, considerando que compartimos la cordillera.
Cuarto, desarrollar un manual operativo alineado con estándares internacionales (incluido el enfoque peligro-exposición-vulnerabilidad) que establezca criterios técnicos y operativos proporcionales al riesgo real, de modo que las exigencias regulatorias sean claras y previsibles para las empresas.
Estas líneas permiten cerrar la brecha entre ciencia y gestión pública y fortalecer la gobernanza hídrica en zonas de alta montaña.
Cerrar la brecha entre catastro y terreno, mejorar la caracterización del entorno periglaciar y alinear la normativa con exigencias internacionales no son objetivos contradictorios: son condiciones para asegurar la gestión sostenible de cuencas en contextos de alta demanda hídrica y cambio climático.
La conservación de los glaciares no es un lujo ambiental, sino una estrategia de seguridad hídrica y una condición habilitante para el desarrollo productivo sostenible en Chile.
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