La Comisión de Futuro y Ciencias revisó el proyecto que busca modificar los cobros del Crédito con Aval del Estado, en una sesión donde representantes de deudores denunciaron embargos, falta de transparencia y ausencia de respuestas del Ejecutivo
Los embargos asociados al Crédito con Aval del Estado dejaron de ser un problema administrativo para transformarse en un flanco político. La Comisión de Futuro y Ciencias retomó el análisis del proyecto que modifica la Ley 20.027 en materia de cobro de las deudas CAE, en una sesión donde los testimonios de los afectados instalaron una presión directa sobre el Gobierno, los bancos y los organismos fiscalizadores.
La sesión esperaba contar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la ministra de Educación, María Paz Arzola, pero ambos se excusaron de asistir. La ausencia pesó en el debate, porque la discusión no apunta solo a la deuda educacional, sino también al rol del Estado frente a procedimientos de cobranza que hoy afectan cuentas bancarias, líneas de crédito y bienes familiares.
Ante la comisión, representantes de la Coordinadora Nacional de Deudores CAE, Hugo Silva y Zoi Alexopulos, expusieron las dificultades que enfrentan las personas demandadas por este sistema de financiamiento. Según relataron, los procesos de embargo han generado temor en hogares que ven amenazada su estabilidad económica por deudas cuyo cálculo, evolución y cobro no siempre resultan comprensibles.
Cuando estudiar termina en cobranza judicial
El punto más duro de la exposición fue la denuncia de casos en que se han embargado líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes. Para los deudores, esa situación abre una zona de incertidumbre mayor, porque muchas familias temen que el proceso avance hacia bienes de alto valor, como viviendas o vehículos.
La coordinadora sostuvo que el sistema de cobro carece de suficiente transparencia. Sus representantes afirmaron que, en numerosos casos, las personas no logran saber con precisión cómo se calcula el monto final exigido, qué reajustes se aplican, qué intereses se acumulan y cuánto pesan los gastos vinculados a la cobranza judicial.
Según señalaron, existen deudas cuyo monto exigido termina siendo cuatro o cinco veces superior al valor originalmente adeudado. Por eso, pidieron detener los embargos, convertir la deuda a pesos, terminar con reajustes que incrementen el saldo y establecer mecanismos de pago flexibles, con información clara y trazable para cada deudor.
El reclamo toca el corazón de una política pública que nació para ampliar el acceso a la educación superior, pero que hoy arrastra una carga social y financiera difícil de administrar. Para los afectados, el problema no se reduce a pagar o no pagar, sino a enfrentar un sistema donde el deudor pierde capacidad de defensa frente a montos que no logra verificar.
El Congreso busca poner límites al cobro
La diputada Gael Yeomans planteó que el proyecto busca establecer un mecanismo de cobro que garantice el debido proceso y evite prácticas abusivas. Además, señaló que la comisión seguirá avanzando en la votación de la iniciativa, pese a la ausencia de representantes del Ejecutivo, porque la situación de los deudores exige una respuesta legislativa.
El diputado Andrés Celis advirtió que los oficios enviados a organismos públicos suelen tardar en responderse. Por ello, solicitó invitar nuevamente al ministro de Hacienda y sumar a representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de obtener respuestas directas sobre la actuación de bancos, reguladores y organismos involucrados en los procesos de cobro.
La comisión acordó enviar oficios al Ejecutivo y a distintas instituciones del Estado para reunir antecedentes. Sin embargo, el debate dejó una señal más amplia: sin información precisa de Hacienda, Educación y los fiscalizadores financieros, cualquier reforma al cobro del CAE corre el riesgo de avanzar con datos incompletos.
| Foco del debate | Problema expuesto | Respuesta que se busca |
|---|---|---|
| Embargos | Afectación de cuentas, créditos y patrimonio familiar | Detener o limitar procedimientos abusivos |
| Transparencia | Deudores no logran verificar el cálculo de la deuda | Información clara, trazable y fiscalizable |
| Cobranza judicial | Incremento de costos, intereses y presión económica | Debido proceso y reglas proporcionales |
| Rol del Estado | Falta de respuestas de Hacienda, Educación y reguladores | Oficios e invitaciones a autoridades competentes |
Becas Chile y la discusión por el talento avanzado
La sesión también abordó propuestas para modernizar el Programa Becas Chile. Representantes de la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile expusieron medidas orientadas a perfeccionar el Decreto Supremo 664 y aumentar el retorno de la inversión pública destinada a la formación de capital humano avanzado.
Entre sus propuestas, plantearon reemplazar la obligación de residencia en Chile por un sistema de retribución efectiva, flexible y verificable. La idea es que los becarios puedan aportar al país mediante investigación, docencia, transferencia de conocimientos, innovación o proyectos de colaboración, sin que el lugar de residencia sea el único criterio de cumplimiento.
Las expositoras también propusieron fortalecer la inserción laboral de investigadores, crear redes de colaboración nacionales e internacionales y establecer una mesa de trabajo que permita implementar mecanismos de retribución más eficientes. A su juicio, el país necesita aprovechar mejor las capacidades formadas con recursos públicos.
Una agenda educacional con cuentas pendientes
Aunque el CAE y Becas Chile responden a instrumentos distintos, ambos temas exponen una misma tensión: cómo el Estado financia trayectorias educativas y qué mecanismos utiliza luego para cobrar, exigir retorno o medir impacto. En un caso, la pregunta apunta a la justicia del cobro; en el otro, al aprovechamiento del conocimiento financiado con recursos públicos.
Para el Congreso, el desafío será evitar que la discusión quede atrapada entre oficios pendientes y sesiones sin autoridades clave. Para el Gobierno, la presión es mayor: responder si mantendrá distancia frente a los embargos o si impulsará cambios que corrijan los efectos más duros del sistema vigente.
