Por Raúl Catalán C. Gerente de CYTIES Investigación & Desarrollo
La descentralización ha sido, desde hace décadas, una de las aspiraciones más legítimas, persistentes y profundamente arraigadas de las regiones chilenas. No se trata únicamente de una demanda por mayor proximidad en la toma de decisiones, sino de una expectativa más amplia y sustantiva: que los territorios puedan conducir su propio desarrollo con mayor autonomía política, capacidad administrativa y suficiencia financiera.
Chile ha avanzado institucionalmente. La elección de consejeros y gobernadores regionales, junto con la transferencia de competencias y la creación de nuevas divisiones en los gobiernos regionales, constituyen progresos relevantes. Sin embargo, la descentralización ha avanzado más rápido en su arquitectura formal que en sus capacidades efectivas.
Descentralizar no es únicamente transferir funciones. Es disponer de planificación estratégica actualizada, equipos profesionales, liderazgo técnico, carteras robustas de inversión y capacidad para articular actores públicos y privados. Cuando estos elementos faltan, la autonomía institucional pierde fuerza transformadora.
Las regiones necesitan instrumentos capaces de ordenar el territorio, proyectar infraestructura, orientar inversiones y anticipar escenarios de largo plazo. También requieren proyectos estructurantes que superen la lógica de ejecutar recursos solo para cumplir metas presupuestarias. El verdadero desafío no es cuánto se gasta, sino cuánto valor territorial genera esa inversión.
En rigor, la descentralización debiera cumplir tres propósitos: elegir autoridades que representen los intereses regionales, gestionar inversiones que mejoren efectivamente la calidad de vida y proyectar estratégicamente el futuro del territorio.
La experiencia chilena demuestra que esos objetivos aún están lejos de consolidarse plenamente. La representación política ha avanzado, pero las capacidades institucionales, técnicas y estratégicas todavía presentan brechas importantes.
Por eso, Chile no necesita solo más descentralización formal. Necesita una descentralización capaz de producir desarrollo. Y esa capacidad no se decreta: se planifica, se profesionaliza, se financia y se construye institucionalmente.
Mientras aquello no ocurra, la descentralización chilena seguirá oscilando entre la legitimidad de su promesa y la insuficiencia de sus resultados. Para regiones llamadas a desempeñar un papel decisivo en el futuro del país, cerrar esa distancia ya no representa solamente un desafío institucional: constituye una oportunidad histórica que Chile no puede seguir postergando ni la ciudadanía puede seguir esperando, Chile necesita más descentralización para gobernar su futuro
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