El proyecto busca regular imitaciones digitales realistas generadas con inteligencia artificial, estableciendo consentimiento previo, sanciones, reparación y obligaciones para plataformas digitales ante usos no autorizados de imagen, cuerpo o voz
La inteligencia artificial vuelve a instalarse en la agenda legislativa, esta vez con una derivada especialmente sensible para la vida pública: la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas. El proyecto, ingresado el 21 de agosto de 2025, figura en la tabla semanal de la Cámara de Diputadas y Diputados y se encuentra en primer trámite constitucional.
La iniciativa, identificada con el Boletín 17795-19, nació como moción parlamentaria y fue presentada por las diputadas y diputados Gael Yeomans, Lorena Fries, Andrés Giordano, Javiera Morales, Ericka Ñanco, Camila Rojas, Patricio Rosas, Jaime Sáez, Emilia Schneider y Carolina Tello. El texto fue derivado a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde ya cuenta con primer informe.
Un derecho sobre la identidad digital
El informe de la comisión define la idea matriz del proyecto con claridad: otorgar a toda persona el derecho exclusivo a controlar la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de su imagen, cuerpo y voz generadas mediante inteligencia artificial. Para ello, propone consentimiento previo y revocable, prohibiciones, sanciones, reparación judicial y administrativa, además de coordinación con la normativa de protección de datos personales.
La propuesta no se limita a reconocer el problema. También establece deberes para las plataformas digitales, incluyendo la obligación de retirar contenido no autorizado en un plazo máximo de 72 horas desde la notificación del afectado o sus representantes. Ese punto ubica la discusión en el centro de las políticas públicas digitales, porque traslada parte de la responsabilidad al ecosistema donde estos contenidos circulan y producen daño.
El proyecto fue aprobado en general por la comisión por seis votos a favor, uno en contra y una abstención. Además, el informe financiero asociado a las indicaciones del Ejecutivo señala que la iniciativa no irrogará mayor gasto público, por lo que no requiere pasar por la Comisión de Hacienda. La diputada informante designada fue Gael Yeomans Araya.
Deepfakes, reputación y confianza pública
El informe advierte que el desarrollo acelerado de tecnologías de IA generativa abrió nuevas posibilidades creativas y comunicativas, pero también riesgos inéditos para los derechos fundamentales. El uso no autorizado de estas herramientas permite reproducir imagen, cuerpo o voz de una persona real, generando contenidos conocidos popularmente como deepfakes.
Según los antecedentes revisados por la comisión, estas representaciones pueden ser difíciles de distinguir de la realidad y han sido utilizadas para afectar reputación, suplantar identidades, impulsar fraudes, generar desinformación o manipular discursos de figuras públicas. En Chile, el informe sostiene que todavía no existe una norma específica frente a la suplantación digital mediante IA, pese a que el derecho a la imagen cuenta con reconocimiento en otras áreas del ordenamiento jurídico.
El punto crítico está en que la imagen, el cuerpo y la voz forman parte de la identidad personal. Por eso, la discusión legislativa no solo involucra tecnología, sino también seguridad ciudadana, confianza institucional, protección de datos, libertad de expresión y responsabilidad de plataformas. Una pieza falsa puede producir daño antes de ser desmentida y circular con velocidad suficiente para afectar personas, empresas, autoridades o procesos públicos.
Excepciones, plataformas y protección posterior
El articulado descrito en el informe contempla doce artículos permanentes. Entre sus ejes aparece el derecho de toda persona a autorizar la reproducción digital de su imagen, cuerpo o voz mediante IA, junto con la prohibición de generar, difundir o almacenar imitaciones digitales realistas sin consentimiento. También se contemplan medidas cautelares y sanciones ante infracciones.
La propuesta incluye excepciones para contenidos con fines satíricos, críticos o informativos, siempre que sean manifiestamente identificables como irreales y no generen desinformación ni perjuicio grave a la persona representada. Ese equilibrio será parte central del debate, porque la regulación deberá proteger derechos sin anular espacios legítimos de crítica, creación, periodismo o expresión pública.
Otro elemento relevante es la protección posterior al fallecimiento de la persona imitada, por hasta 50 años, además de una protección especial para artistas y figuras públicas. La norma también vincula el tratamiento de datos biométricos o sensibles con la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, instalando una conexión directa entre innovación, identidad digital y regulación de datos personales.
Chile mira experiencias internacionales
La comisión revisó legislación comparada y antecedentes sobre cómo otros países han comenzado a enfrentar el uso indebido de deepfakes. El informe menciona experiencias de Estados Unidos, Francia, Australia, Dinamarca y España, además de regulaciones europeas vinculadas a transparencia, responsabilidad de plataformas y retiro de contenidos generados por IA.
Uno de los antecedentes citados señala que el contenido deepfake en plataformas de redes sociales aumentó 550% entre 2019 y 2023. Aunque estas herramientas pueden tener usos legítimos en educación, entretenimiento, salud o prevención de fraudes, el informe también reconoce usos nocivos asociados a desinformación, fraudes, acoso y afectación de derechos personales.
Para Chile, la discusión puede marcar un precedente relevante en materia de desarrollo territorial y confianza digital. Alcaldes, gobernadores regionales, parlamentarios, dirigentes sociales, empresas, medios y servicios públicos ya operan en un espacio donde imagen y voz son activos de credibilidad. Regular su uso no autorizado será clave para proteger liderazgos, ciudadanía y funcionamiento institucional.
La tramitación recién comienza, pero el proyecto instala una pregunta de fondo para la economía chilena, la democracia y la vida pública: cuánto tiempo puede operar el país sin reglas claras frente a contenidos que parecen reales, circulan como reales y pueden producir consecuencias reales. La respuesta legislativa será una prueba relevante para medir la capacidad del Estado de anticiparse a los riesgos de la inteligencia artificial sin frenar sus oportunidades.
