El parlamentario socialista cuestionó en la Comisión de Hacienda el diseño del proyecto de reconstrucción del Gobierno, advirtiendo incoherencias entre su foco declarado y su contenido, además de riesgos fiscales y bajo impacto en generación de empleo
El debate legislativo del proyecto de reconstrucción nacional presentado por el Ejecutivo comenzó a escalar en la Comisión de Hacienda, donde el diputado Daniel Manouchehri instaló cuestionamientos de fondo al contenido de la iniciativa expuesta por el ministro de Hacienda, Rodrigo Quiroz.
Durante su intervención, el parlamentario sostuvo que “el proyecto dice una cosa y hace otra, porque se presenta como reconstrucción nacional, pero de los treinta y tres artículos solo uno se refiere directamente a los afectados por los incendios, mientras el resto incluye rebajas tributarias, desregulación ambiental e invariabilidad por veinticinco años”, marcando una brecha entre el objetivo declarado y las medidas concretas.
En esa línea, profundizó su crítica señalando que “cuando un proyecto se disfraza, pierde credibilidad, y por eso llamarlo reconstrucción nacional en estas condiciones termina siendo algo derechamente tramposo”, instalando dudas sobre la coherencia política del diseño.
Propuesta de dividir el proyecto y acelerar ayuda directa
Más allá del cuestionamiento, Manouchehri planteó una salida legislativa concreta, apuntando a separar el componente de reconstrucción de las medidas estructurales incluidas en la iniciativa.
El diputado sostuvo que “aún estamos a tiempo de corregir esto: envíen los recursos a los damnificados en un proyecto separado, con discusión inmediata, y nosotros en menos de siete días lo aprobamos para ir directamente en ayuda de quienes lo necesitan”, enfatizando que existe disposición transversal para avanzar en esa línea.
La propuesta tensiona el diseño original del Ejecutivo, al obligar a diferenciar entre urgencia social y reformas económicas de mayor alcance.
Impacto fiscal en debate: cuestionamientos a los supuestos de crecimiento
Uno de los puntos más críticos de la intervención estuvo en el análisis del impacto fiscal del proyecto. Manouchehri advirtió que el propio informe financiero reconoce una caída relevante en los ingresos fiscales.
En ese sentido, afirmó que “según el informe, esto va a reducir en torno a tres mil millones de dólares anuales el régimen, y se sostiene en supuestos de crecimiento que nadie puede garantizar, lo que en la práctica es apostar recursos públicos a una ficción, a una teoría que ya conocemos”, cuestionando la base económica de la propuesta.
El parlamentario también puso el foco en las consecuencias de largo plazo, señalando que “si esa teoría falla, el problema no lo paga este gobierno, lo paga Chile, lo paga el siguiente gobierno, que además no va a poder corregirlo porque queda amarrado con una invariabilidad tributaria por veinticinco años”, advirtiendo sobre restricciones futuras en política fiscal.
Generación de empleo bajo la lupa
El impacto en empleo fue otro eje relevante de la intervención. El diputado cuestionó que los recursos comprometidos no estén vinculados a obligaciones concretas de inversión o contratación.
En esa línea, sostuvo que “se habla de cuatro mil millones de dólares para beneficiar trabajadores, pero en realidad esto es una transferencia a empresas sin condiciones claras de inversión ni de generación de empleo, y nuestros estudios indican que en el mejor escenario se generarían cerca de cuarenta mil puestos de trabajo”, relativizando las proyecciones oficiales.
El análisis se vuelve más crítico al evaluar el costo por empleo. “Estamos hablando de cerca de cuarenta mil dólares por cada puesto de trabajo, lo que evidencia un problema serio cuando la meta es generar empleo pero no se establecen mecanismos que aseguren ese resultado”, agregó, cuestionando la eficiencia del gasto público.
Dudas institucionales y preguntas al Ejecutivo
En el cierre de su intervención, Manouchehri abrió un nuevo flanco de cuestionamiento, esta vez respecto de la tramitación del proyecto y su respaldo dentro del gabinete.
El parlamentario planteó que “este proyecto modifica al menos diez leyes relevantes —como pesca, medio ambiente, educación o propiedad intelectual—, pero viene firmado solo por un ministro, lo que abre preguntas legítimas sobre si el resto del gabinete fue consultado o si se buscó evitar inhabilidades”, instalando dudas sobre la coordinación interna del Ejecutivo.
Asimismo, dirigió preguntas directas al ministro Quiroz, señalando que “sin la promesa de crecimiento, ¿este proyecto deteriora o no las cuentas fiscales en el corto y mediano plazo?, y segundo, ¿qué cifra concreta de empleo adicional garantiza esta iniciativa que justifique que todos los chilenos financiemos más de mil cuatrocientos millones de dólares en la planilla de las empresas?”, exigiendo mayor precisión en los fundamentos del proyecto.
Respaldo a la reconstrucción, pero críticas al diseño
Pese al tono crítico, el diputado marcó una diferencia entre el objetivo y el instrumento propuesto, reconociendo la necesidad de avanzar en reconstrucción y reactivación económica.
Sin embargo, fue categórico al evaluar la iniciativa en su forma actual, señalando que “Chile necesita reconstrucción, necesita inversión y necesita empleo, pero este proyecto, tal como está formulado hoy, no cumple ese objetivo y más bien termina siendo un beneficio para el uno por ciento más rico del país”, dejando abierta una discusión que recién comienza en el Congreso.
