Fiscalía y Migraciones indagan el ingreso de menores bajo reunificación familiar, mientras Contraloría detectó 64 casos no ubicados en una muestra de 105 y un anexo vinculó a 486 niños y adolescentes con vuelos bajo revisión
El caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes ingresados a Chile bajo la figura de reunificación familiar dejó de ser solo una investigación penal. La denuncia por menores con paradero no verificado instaló una crisis institucional que cruza a Migraciones, Policía Internacional, DGAC, organismos de niñez, Fiscalía, Congreso y La Moneda.
La gravedad no está únicamente en la cifra. Está en que los menores ingresaron por una vía legal, con permisos, vuelos identificados y adultos responsables declarados. Pese a ello, el Estado no logró acreditar después dónde estaban, con quién vivían ni bajo qué condiciones de protección quedaron. Esa falla de trazabilidad abrió investigaciones penales, una comisión investigadora en la Cámara y un acuerdo unánime del Senado para exigir un plan nacional de búsqueda.
El Servicio Nacional de Migraciones puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes recopilados sobre vuelos chárter provenientes de Haití, adultos que registraron ingresos reiterados con grupos de menores y eventuales irregularidades en procesos de reunificación familiar. El director del organismo, Frank Sauerbaum, advirtió que la magnitud podría superar ampliamente la muestra revisada por la Contraloría General de la República, que fiscalizó 105 casos y no logró ubicar a 64 menores en los domicilios registrados.
Una vía legal bajo sospecha
El nuevo antecedente más complejo proviene de un anexo del preinforme de Contraloría, que elevó a 486 el número de niños y adolescentes asociados a 61 vuelos entre 2024 y 2025. Según ese reporte, solo 12 adultos, siete haitianos, dos dominicanos y tres nacionalizados chilenos, habrían ingresado con esos menores bajo una vía legal creada para reunir familias.
Sauerbaum explicó que entre 2022 y 2025 se autorizaron más de 16 mil procesos de reunificación familiar, la mayoría vinculados a menores de edad. A su juicio, la investigación de Contraloría revisó un grupo acotado de casos, por lo que el universo bajo análisis podría ser mayor.
El director de Migraciones también describió una ruta recurrente que se habría repetido en distintos ingresos. Los menores eran trasladados desde Haití a República Dominicana y desde allí abordaban vuelos hacia Chile. Según sostuvo, la Fiscalía buscará reunir distintas causas abiertas para abordar el fenómeno completo, incluyendo hipótesis de tráfico de migrantes y eventual engaño a padres o familiares.
Entre los antecedentes detectados figuran casos que hicieron saltar las alarmas. Un ciudadano dominicano registró 12 ingresos a Chile con un total de 130 niños y adolescentes. Otro adulto, también dominicano, entró nueve veces con 74 menores. Un ciudadano haitiano ingresó en un solo vuelo con 34 menores, cifra difícil de conciliar con un proceso ordinario de reunificación familiar.
| Antecedente clave | Dato conocido |
|---|---|
| Menores asociados al anexo de Contraloría | 486 |
| Adultos que ingresaron con grupos de menores | 12 |
| Vuelos registrados entre 2024 y 2025 | 61 |
| Muestra fiscalizada por Contraloría | 105 |
| Menores no ubicados en domicilios registrados | 64 |
| Reunificaciones autorizadas entre 2022 y 2025 | más de 16 mil |
Fiscalía busca destino, ruta y financiamiento
El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio por hechos graves vinculados a los ingresos de menores bajo reunificación familiar. Las diligencias buscan determinar el destino de los niños, las fuentes de financiamiento y eventuales responsabilidades de particulares o funcionarios públicos.
La Fiscalía analiza posibles delitos de tráfico de migrantes, trata de personas, soborno y cohecho, en caso de acreditarse participación de funcionarios públicos. La investigación también busca reconstruir los listados de pasajeros, las autorizaciones utilizadas, los adultos responsables declarados y las eventuales redes que participaron en los traslados.
La investigación penal, sin embargo, no agota el problema. El diputado y abogado de derechos humanos Roberto Celedón advirtió en entrevista con Poderyliderazgo.cl que el foco debe estar primero en reconstruir el paradero de los menores. “Es obligación de nuestro país determinar dónde están”, sostuvo.
Senado exige plan nacional de búsqueda
La presión política escaló también en la Cámara Alta. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, suspendió la tabla ordinaria y convocó una sesión especial para abordar exclusivamente el caso, en medio de las críticas por la falta de trazabilidad de menores ingresados bajo reunificación familiar.
Tras la sesión, el Senado aprobó por unanimidad solicitar al Presidente José Antonio Kast liderar un plan nacional urgente para ubicar a los niños, niñas y adolescentes cuyo paradero no ha sido verificado. El acuerdo pide coordinar a los distintos poderes del Estado y disponer medidas inmediatas para su búsqueda y localización.
La instancia reunió antecedentes de organismos como la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Policía de Investigaciones y la Defensoría de la Niñez, mientras senadores de distintos sectores apuntaron a fallas de coordinación, controles débiles y ausencia de seguimiento posterior al ingreso de los menores. Además, Núñez ingresó junto a Danisa Astudillo, Ximena Órdenes, Rodolfo Carter y Esteban Velásquez un proyecto para modificar la Ley de Migración y Extranjería, con el objetivo de endurecer los procedimientos de reunificación familiar cuando involucren a menores de edad.
El caso también activó a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se aprobó una Comisión Especial Investigadora para revisar la actuación de los organismos públicos vinculados al ingreso y seguimiento de menores extranjeros. El punto común entre ambas cámaras es la necesidad de determinar qué institución tenía la información, qué controles fallaron y por qué no se activaron alertas suficientes.
Policía Internacional en el centro del control
El diputado Celedón puso especial atención en la responsabilidad de la Policía Internacional, unidad dependiente de la Policía de Investigaciones encargada del control de ingreso al país. A su juicio, si los menores entraron por el aeropuerto y por una vía formal, el primer punto que debe reconstruirse es qué antecedentes se revisaron en frontera y quiénes figuraban como adultos responsables.
“Hay que investigar todas las responsabilidades, pero partiendo por el primer responsable, que es la Policía Internacional”, afirmó el parlamentario, subrayando que el caso exige determinar qué información se entregó a otros organismos del Estado.
Esa mirada coincide con uno de los puntos más sensibles del preinforme de Contraloría: la falta de trazabilidad posterior al ingreso. No basta con verificar que un menor tenga un permiso o aparezca vinculado a una solicitud de reunificación familiar. El sistema debe asegurar que el adulto responsable tenga vínculo acreditado, que el domicilio sea verificable y que exista seguimiento institucional si aparecen inconsistencias.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, cuestionó la falta de coordinación entre organismos públicos. Según relató, cuando solicitó antecedentes recibió respuestas fragmentadas de Interior, Justicia, Migraciones, Seguridad y la PDI. Para el senador, el caso evidencia que las instituciones no compartieron información suficiente para detectar a tiempo el patrón de ingresos.
Congreso apunta a vacíos de fiscalización
La diputada del Frente Amplio Lorena Fries valoró la aprobación de la comisión investigadora y apuntó al eje central del caso: la falta de trazabilidad. A su juicio, la ausencia de información sobre el paradero de los menores abre dudas sobre riesgos graves y obliga a revisar vacíos de fiscalización e incluso legislativos.
El diputado socialista César Valenzuela calificó el caso como una situación gravísima y sostuvo que, a medida que se conocen nuevos antecedentes, el cuadro se vuelve más complejo. Tanto la Comisión de Gobierno Interior como la Comisión de Familia solicitaron citar a la Defensoría de la Niñez, al Servicio Nacional de Migraciones y a la PDI para esclarecer los hechos y acceder al informe completo de Contraloría.
Desde Renovación Nacional, la bancada pidió a Contraloría instruir un sumario administrativo en la Policía de Investigaciones para establecer eventuales responsabilidades en los registros de ingreso de menores extranjeros. El subjefe de bancada, Eduardo Durán, sostuvo que cuando el Estado falla en la protección de niños corresponde revisar a todos los organismos vinculados al control migratorio, fronterizo y policial.
La falla que expone al Estado
El caso golpea un principio básico de cualquier política migratoria con enfoque de infancia: autorizar el ingreso de un menor no basta si el Estado no asegura que ese niño quedará bajo cuidado real, identificable y verificable. La reunificación familiar protege derechos, pero requiere controles sólidos para evitar que una vía humanitaria sea utilizada por redes o intermediarios ajenos al interés superior del niño.
La pregunta de fondo no es solo cuántos menores ingresaron ni cuántos no han sido ubicados. La pregunta es cómo una cadena institucional completa permitió que niños y adolescentes entraran por una vía formal sin que el Estado pudiera acreditar después dónde estaban, con quién vivían y bajo qué condiciones de protección quedaron.
Mientras Fiscalía indaga eventuales delitos y el Congreso prepara la revisión política del caso, la prioridad inmediata sigue siendo ubicar a los menores cuyo paradero no ha sido verificado. Luego vendrá la tarea más compleja: determinar responsabilidades administrativas, penales y legislativas, y cerrar una falla que no comenzó en una frontera clandestina, sino dentro de los propios procedimientos legales del Estado chileno.
