El diputado y abogado de DD.HH. sostiene que Chile debe determinar el paradero de los niños ingresados por reunificación familiar y revisar qué organismos fallaron en el control, registro y seguimiento de cada caso
Por Daisy Castillo Triviños
El caso de los niños haitianos ingresados a Chile bajo procedimientos de reunificación familiar abrió un complejo frente institucional, judicial y político. La filtración de un preinforme de la Contraloría General de la República reveló graves falencias en el control y trazabilidad de más de 200 menores de edad, mientras se desconoce el paradero de, al menos, 64 niños.
Los antecedentes llevaron al Ministerio Público a iniciar una investigación centrada principalmente en el período comprendido entre enero y abril de 2025, etapa en la que se registró una masiva llegada de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. La indagatoria también revisaría antecedentes vinculados a octubre del año pasado, durante la administración de Gabriel Boric.
La Defensoría de la Niñez anunció que se encuentra recopilando antecedentes para evaluar acciones contra el Estado de Chile, luego de advertir presuntas situaciones de tráfico de niños haitianos desde 2023. En paralelo, el Congreso también activó sus mecanismos de fiscalización: el Senado realizó una sesión especial y la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora.
El diputado Roberto Celedón, abogado vinculado a causas de derechos humanos y querellante en casos emblemáticos como el secuestro y homicidio de Rodrigo Anfruns Papi, conversó con Poderyliderazgo.cl sobre las responsabilidades que, a su juicio, deben investigarse en el ingreso, control migratorio y protección de los niños haitianos.
¿Cuál es su opinión sobre el informe de la Contraloría que revela una masiva llegada de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile y la investigación que abrió el Ministerio Público?
Me parece un tema gravísimo, más aún tratándose de niños y de que, aparentemente, los responsables estarían ejerciendo un derecho que les corresponde desde el punto de vista de la legislación interna e internacional: la reunificación de la familia. Para los niños, la familia es un factor fundamental en su desarrollo.
A su juicio, ¿se podría descartar un eventual tráfico de menores, trata de personas y que el fin último no haya sido reunir a los niños con algún familiar en Chile?
En ese caso, sería una grave violación a la ley y urge conocer la identidad de todos los niños. Es obligación de nuestro país determinar dónde están. Hay que saber si se ha alterado la veracidad en cuanto a la reunificación de familia y, de ser así, hay temores fundados para pensar que ha operado una organización criminal a nivel internacional.
Todos estos niños ingresaron regularmente, a través del aeropuerto. Todo ingreso es controlado por la Policía Internacional y necesariamente, en estas circunstancias, es obligación de la Policía Internacional cumplir con todos los protocolos. Esto está expresamente regulado en la Ley N°20.430, artículo 78, sobre la función de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. En este caso, ha operado la Policía de Investigaciones, a través de su unidad que es la Policía Internacional.
Responsabilidades en el control migratorio
Entonces, ¿hay responsabilidades administrativas y políticas de organismos como la Policía Internacional y el Servicio Nacional de Migraciones?
Los primeros que tienen que informar sobre cada uno de los niños que ingresaron al territorio nacional son los funcionarios de la Policía Internacional: bajo qué antecedentes se les permitió el ingreso y quiénes eran los responsables de esa petición. Existe un protocolo que se debe cumplir porque, además, expresamente la ley así lo ordena.
Me parece que hay que investigar. Pero si hay algo turbio y somos víctimas de una organización internacional de trata y tráfico de personas y de niños, el primer responsable es la Policía Internacional. Hay que saber qué información entregaron a los otros órganos del Estado a este respecto. Hay que investigar todas las responsabilidades, pero partiendo por el primer responsable, que es la Policía Internacional.
¿Le cabe alguna responsabilidad al expresidente Gabriel Boric, considerando que los hechos ocurrieron bajo su administración?
Todo eso desvirtúa la sinceridad de la preocupación. Es absolutamente injurioso y calumnioso tratar de imputar responsabilidad al Presidente de la República de la época, por responsabilidad política o personal. Eso es un absurdo.
El Ministerio Público tendrá que investigar y determinar la existencia del delito y los responsables. La Dirección General de Aeronáutica tiene todos los nombres de las personas que tripulaban estas naves y las empresas debieron pedir autorización para aterrizar en Chile. Ahí también tiene que responder quién dio el visto bueno para la llegada de los vuelos chárter.
Bachelet, uso político y crimen organizado
¿Toda esta situación vinculada a denuncias de irregularidades en el ingreso de niños haitianos puede afectar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU?
En absoluto. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es la mala intención de aquellos que, debiendo haber apoyado a una expresidenta de Chile, como lo hicieron múltiples Estados, el Gobierno chileno se ha restado.
Es nuevamente utilizar de mala manera la política contingente de un hecho que, de haberse cometido, es gravísimo, pero sin ninguna complicidad de ninguna autoridad en el país. Me parece una especulación completamente agraviante y que solo tiene por objeto tratar de justificar el no apoyo de este Gobierno a una compatriota distinguida por el pueblo de Chile en dos ocasiones como presidenta y reconocida a nivel internacional.
¿Estamos en presencia de una operación organizada y no de situaciones aisladas?
Desde luego. Desgraciadamente, este sería el primer caso en que el acto de corrupción y colusión con órganos del crimen internacional sea con miembros de la Policía Internacional. Eso es gravísimo.
¿Se hace necesario revisar si se está cumpliendo a cabalidad el proceso de reunificación familiar, la vía migratoria destinada a permitir que extranjeros residentes en Chile puedan traer a sus familiares directos?
El ejercicio de ese derecho es lo que autorizaría el ingreso al país de estos niños y eso tiene aparentemente, al menos, un fundamento legal. El ejercicio de ese derecho también requiere que sea invocado por los adultos que representan a esos niños para efectos de obtener la reunificación.
Hay que investigar todo, porque hoy, por un trascendido de una investigación inconclusa aún por parte de la Contraloría, se permite especular sobre la eventual comisión del delito de trata y tráfico de niños, lo que es inaceptable.
Protección infantil migrante bajo examen
Más allá de la investigación penal, el caso instala una alerta mayor sobre la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas y adolescentes migrantes que ingresan al país bajo figuras legales como la reunificación familiar. La pregunta no solo es quién autorizó el ingreso, sino qué institución verificó después su situación, domicilio, adulto responsable y condiciones reales de cuidado.
El punto de fondo, advierte Roberto Celedón, es que Chile debe reconstruir la ruta completa de cada niño y determinar si el sistema actuó con los estándares mínimos de protección. En un caso donde aún existen antecedentes pendientes de investigación, la prioridad institucional no puede ser la disputa política, sino establecer dónde están los menores, quién los recibió y qué responsabilidades administrativas o penales deben perseguirse.
