Por: María Elba Chahuán. Vicepresidenta y Fundadora de Unión Emprendedora
Chile enfrenta una paradoja preocupante: las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan el 98,5% del total de empresas del país y generan más del 50% del empleo privado formal, pero apenas participan del 12,5% de las ventas nacionales. Estas cifras nos revelan una realidad incómoda: existe poco apoyo e incentivos reales para quienes son hoy los principales motores de la economía.
Este hecho se manifiesta de múltiples formas. Por ejemplo, en la gran cantidad de pymes que operan sin inicio de actividades ante el SII, prefiriendo la informalidad antes que enfrentar una maraña burocrática que coarta sus opciones. Estas limitantes por parte del aparato público terminan siendo contraproducentes para el crecimiento que se desea conseguir.
Los emprendedores no piden privilegios, sino reglas claras y un trato equitativo. Quieren saber exactamente qué se espera de ellos, poder iniciar sus actividades sin trabas innecesarias y contar con el apoyo del Estado cuando corresponde. Sin embargo, se encuentran con un sistema que los limita antes de comenzar a operar y que los sumerge en una “permisología” donde hasta obtener una simple patente municipal puede tomar meses.
La solución no pasa por eliminar la fiscalización, sino por transformar radicalmente los procesos. El Estado debe partir de la premisa de que los emprendedores actúan de buena fe y quieren cumplir las normas. Esta confianza inicial debe traducirse en mecanismos concretos que faciliten el emprendimiento formal. A
sí, en lugar de obligar a las pequeñas y medianas empresas a esperar meses para obtener una autorización, el Estado debería permitirles iniciar operaciones contra una declaración jurada de cumplimiento de requisitos, reservándose el derecho de fiscalizar posteriormente. Este modelo, exitoso en países desarrollados, reconoce que la inmensa mayoría de los emprendedores quiere hacer las cosas bien y que la velocidad de entrada al mercado es crucial para su supervivencia.
Medidas de este tipo requieren un cambio cultural profundo. Los funcionarios públicos deben entender que su rol no es obstaculizar, sino facilitar el cumplimiento normativo. La Inspección del Trabajo, las Seremis de Salud, el Sernac y los municipios deben migrar desde una lógica restrictiva hacia una de apoyo y orientación, especialmente con las empresas de menor tamaño.
La confianza también implica reconocer las diferencias de escala. Una microempresa familiar no puede someterse a los mismos procedimientos que una multinacional. El Estado debe establecer regímenes diferenciados que reconozcan estas realidades, simplificando obligaciones administrativas sin sacrificar la protección de trabajadores y consumidores.
Los beneficios de este cambio serían inmediatos y significativos. Una mayor formalización aumenta la recaudación tributaria, mejora la cobertura previsional de los trabajadores y permite focalizar mejor las políticas públicas. Además, libera recursos humanos y económicos que hoy se desperdician en trámites improductivos, permitiendo que las pymes se concentren en lo que mejor saben hacer: generar valor y empleo.
El desafío es político y cultural: ¿está Chile dispuesto a apostar por la confianza? La respuesta determinará si las pymes seguirán siendo un potencial desperdiciado o se afianzarán en el largo plazo como el motor real del crecimiento económico que el país necesita.
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