Documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información
“Ante el aumento de ataques a sistemas de distintos organismos vistos en las últimas semanas, como Consejo lanzamos este documento inédito que reúne estándares apropiados para el tratamiento de información personal y sensible de la ciudadanía por parte de entidades del sector público, porque nos parece que poner el acento en estas cuestiones es prioritario para cualquier Estado”, afirmó esta mañana el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, al presentar una guía orientada funcionarios y funcionarias de organismos de la Administración Central y municipios sobre protección de datos personales.
A través de esta iniciativa se busca explicar de manera simple y accesible temas vinculados a la protección de datos personales, aspectos normativos asociados a la Ley N°19.628 que resguarda este tipo de información, y recomendaciones que el propio Consejo emitió sobre la materia en diciembre de 2020. Ello, entre otros fines, busca robustecer los estándares de tratamiento de datos en poder de organismos públicos.
El titular del CPLT detalló que en este documento se abordan temáticas relevantes para el resguardo de datos personales y que servirán a funcionarios y funcionarias del sector público que, en el cumplimiento de sus funciones, deben tratar o manejar datos personales o sensibles.
Entre estas cuestiones destacó el esfuerzo por ciudadanizar materias normativas y obligaciones legales que tienen las entidades públicas para tratar y proteger este tipo de información. Asimismo, la guía reúne definiciones sobre datos personales, principios orientadores que informan la protección de datos personales en Chile, reglas aplicables para el tratamiento de datos sensibles, derechos que tienen los titulares respecto de sus propios datos personales, como el de rectificar la información que se maneja sobre ellos o la eliminación de los mismos, entre otros contenidos.
Leturia subrayó la relevancia de promover el conocimiento de la normativa vigente y las mejores prácticas en esta materia entre los funcionarios públicos; los que, muchas veces, no tienen suficientemente clara su función en este ámbito y la responsabilidad y obligaciones que conlleva tratar datos personales, por ejemplo, en lo que concierne a la seguridad y confidencialidad de los datos personales.
También enfatizó en que “el Consejo para la Transparencia, siempre está trabajando por mejorar el resguardo de la información personal que trata la Administración del Estado”.
Agregó que “Sin duda, acciones como ésta colaboran con el resguardo de los datos personales y sensibles de la ciudadanía, pero no logran sustituir deficiencias estructurales del sistema de protección de datos que deben ser abordadas mediante modificaciones de carácter legal, y que incluso pueden tener estrecha vinculación con los diversos episodios de vulneraciones o accesos no autorizados a infraestructura tecnológica de organismos del Estado que hemos conocido en los últimos días”.
Agregó que “Sin duda, acciones como ésta colaboran con el resguardo de los datos personales y sensibles de la ciudadanía, pero no logran sustituir deficiencias estructurales del sistema de protección de datos que deben ser abordadas mediante modificaciones de carácter legal, y que incluso pueden tener estrecha vinculación con los diversos episodios de vulneraciones o accesos no autorizados a infraestructura tecnológica de organismos del Estado que hemos conocido en los últimos días”.Detalló que “esfuerzos como éste son un aporte concreto dado que hemos evidenciado deficiencias en distintos niveles en este ámbito, los que, además de requerir ser traducidos en procedimientos concretos al interior de los servicios, deben ser reforzados por medidas de fondo de carácter legislativo que atiendan los desafíos y riesgos de hoy”. “No podemos seguir con una regulación en materia de datos personales que data de 1999, y que, en cuanto a la ciberseguridad de esa clase de datos nos mantiene en la era del hielo”, comentó.
“Sin perjuicio de la necesidad de actualizar la norma de protección de datos personales, mediante esta guía logramos dotar de una herramienta muy útil para reforzar la actuación de los funcionarios, lo que colabora con la obligación del Estado de mantener permanentemente un respeto y resguardo del derecho fundamental de protección de datos personales de toda la ciudadanía”, finalizó.
