El máximo tribunal cuestionó cambios al sistema ambiental y al mecanismo de compensaciones estatales para privados, mientras el FMI y el CFA alertaron sobre efectos fiscales, estabilidad regulatoria y sostenibilidad financiera de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo
El proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast comenzó a enfrentar una creciente presión técnica, económica y judicial. Durante la última semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y ahora la Corte Suprema levantaron observaciones sobre sostenibilidad fiscal, estabilidad institucional y gobernanza regulatoria de la megarreforma que impulsa La Moneda.
El pronunciamiento más reciente provino del pleno de la Corte Suprema, que el pasado 4 de mayo analizó el proyecto y posteriormente remitió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados advirtiendo que la iniciativa requiere “ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos”.
Corte Suprema advierte incertidumbre jurídica y riesgo fiscal
El máximo tribunal concentró parte importante de sus cuestionamientos en las modificaciones al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y a las competencias de los Tribunales Ambientales.
Según el informe, “la propuesta presenta espacios de mejora en la precisión normativa” y además “no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema”.
La Suprema agregó que la iniciativa “omite armonizar esta nueva acción con las reglas de legitimación activa”, lo que podría generar incertidumbre sobre quiénes podrán ejercer reclamaciones ambientales.
El tribunal también cuestionó el mecanismo que permitiría al Estado restituir gastos a empresas cuyos proyectos ambientales sean anulados judicialmente. “La propuesta innova de manera significativa en el ordenamiento, al permitir que el Fisco asuma costos derivados de una inversión privada cuya resolución de calificación ambiental fue anulada judicialmente”, advirtió la Corte.
La advertencia más dura del informe aparece cuando la Suprema sostiene que, sin mayores restricciones, el Estado podría terminar operando como una suerte de “asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada”.
| Observaciones de la Corte Suprema | Riesgos advertidos |
|---|---|
| Falta de precisión normativa en el nuevo sistema ambiental | Incertidumbre jurídica |
| Vacíos en legitimación activa | Problemas de acceso y aplicación |
| Restitución de gastos a privados | Riesgo fiscal para el Estado |
| Límites a medidas cautelares | Debilitamiento de tutela ambiental |
| Ambigüedad competencial | Conflictos interpretativos judiciales |
CFA alerta impacto sobre sostenibilidad financiera
Las observaciones de la Suprema se sumaron a las advertencias emitidas previamente por el Consejo Fiscal Autónomo respecto al impacto fiscal acumulado de varias medidas contenidas en la ley miscelánea.
El organismo manifestó dudas sobre sostenibilidad financiera de largo plazo, especialmente frente a propuestas asociadas a rebajas tributarias, eliminación de contribuciones y reducción del tamaño del Estado.
Las alertas del CFA comenzaron además a instalar preocupación respecto a equilibrio presupuestario, ingresos permanentes y capacidad futura de financiamiento de políticas públicas, infraestructura y programas sociales.
| Observaciones del CFA | Riesgos advertidos |
|---|---|
| Rebajas tributarias permanentes | Menores ingresos fiscales |
| Eliminación de contribuciones | Presión sobre financiamiento municipal |
| Reducción del gasto estatal | Debilitamiento de servicios públicos |
| Menor recaudación estructural | Riesgos sobre deuda pública |
| Dudas sobre sostenibilidad fiscal | Menor capacidad de inversión estatal |
FMI llama a mantener estabilidad institucional y gradualidad
En paralelo, el Fondo Monetario Internacional llamó a mantener gradualidad, estabilidad institucional y certeza jurídica frente a reformas estructurales que puedan alterar condiciones de inversión y crecimiento económico.
Las observaciones apuntaron principalmente a evitar cambios abruptos que generen incertidumbre regulatoria o afecten confianza empresarial, productividad y gobernanza económica.
El organismo también puso atención sobre la necesidad de mantener estabilidad macroeconómica y reglas claras para inversión privada y desarrollo económico de largo plazo.
| Observaciones del FMI | Riesgos advertidos |
|---|---|
| Necesidad de gradualidad | Inestabilidad económica |
| Cambios regulatorios abruptos | Incertidumbre para inversión |
| Riesgos sobre confianza empresarial | Menor dinamismo económico |
| Dudas sobre sostenibilidad fiscal | Presión financiera y presupuestaria |
| Necesidad de certeza jurídica | Impacto sobre crecimiento e inversión |
Presión política y social sobre la megarreforma
Las advertencias de los tres organismos comenzaron a configurar un cuadro complejo para el Ejecutivo, especialmente porque los cuestionamientos provienen desde ámbitos distintos: sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, gobernanza pública y diseño institucional.
Resumen: principales reparos a la Ley de Reconstrucción Nacional
| Organismo | Principales observaciones | Riesgos advertidos |
|---|---|---|
| Corte Suprema | Cuestionó vacíos normativos, restitución de gastos y diseño del sistema ambiental | Incertidumbre jurídica y riesgo fiscal |
| Consejo Fiscal Autónomo | Alertó sobre impacto fiscal de rebajas tributarias y reducción del gasto estatal | Presión sobre ingresos fiscales y deuda pública |
| Fondo Monetario Internacional | Recomendó gradualidad y estabilidad institucional frente a reformas estructurales |
Las críticas también comenzaron a trasladarse al plano político y sindical. En su discurso del 1 de mayo, la CUT sostuvo que las medidas contenidas en la ley miscelánea “están orientadas a enriquecer a los grandes grupos económicos y que la crisis la paguemos los trabajadores y las trabajadoras”.
La central sindical advirtió además que la reducción del presupuesto público y la rebaja de impuestos podrían afectar empresas estratégicas del Estado, servicios esenciales y políticas ligadas a cohesión social y desarrollo territorial.
