El nuevo dictamen del organismo fiscalizador permite que municipios adquieran medidas de resguardo excepcionales para autoridades y funcionarios expuestos a riesgos asociados al ejercicio de sus cargos, bajo criterios técnicos y restricciones presupuestarias
La escalada de amenazas, hostigamientos y episodios de violencia que enfrentan autoridades locales comenzó a transformarse en una preocupación creciente para municipios y organismos públicos. En ese escenario, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° D262/2026, estableciendo que las municipalidades sí podrán financiar medidas especiales de protección para alcaldes, concejales y funcionarios municipales que enfrenten riesgos concretos derivados del ejercicio de sus funciones.
La resolución entrega un marco jurídico más claro para que las administraciones comunales adopten medidas de seguridad cuando existan amenazas acreditadas. El organismo precisó que los municipios cuentan con facultades legales para adquirir elementos destinados a resguardar la integridad física de autoridades y trabajadores municipales, siempre que dichas acciones sean excepcionales, temporales y debidamente justificadas.
El pronunciamiento aparece en medio de un contexto donde la seguridad municipal comenzó a ganar espacio en la agenda pública, especialmente tras denuncias de alcaldes y funcionarios que han reportado intimidaciones vinculadas a fiscalizaciones territoriales, comercio ilegal, narcotráfico y conflictos asociados a seguridad comunal.
La Contraloría General de la República también vinculó esta interpretación al fortalecimiento institucional contemplado en la Ley N° 21.802, normativa que ampliará las capacidades municipales en materias de seguridad pública desde agosto de 2026.
Protección deberá tener carácter excepcional y temporal
El dictamen establece que cualquier medida de protección financiada con recursos municipales deberá cumplir condiciones estrictas. Entre ellas, que exista una amenaza concreta contra la autoridad o funcionario afectado y que el resguardo tenga una duración limitada al período en que subsista el riesgo.
Además, será obligatorio contar con informes técnicos fundados emitidos por organismos policiales competentes o medidas ordenadas por el Ministerio Público. La resolución también señala que estas acciones quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de cada municipalidad.
En términos prácticos, cada administración comunal deberá evaluar sus capacidades financieras antes de implementar mecanismos de protección personal para autoridades locales o trabajadores municipales expuestos a situaciones de riesgo.
Dictamen también incluye a concejales y funcionarios municipales
Uno de los puntos relevantes del pronunciamiento apunta a los concejales. Aunque estas autoridades no están regidas por el estatuto administrativo municipal, la CGR aclaró que ello no impide que los municipios adopten medidas destinadas a resguardar su integridad física cuando las amenazas estén directamente relacionadas con el ejercicio del cargo.
La resolución también incorpora a funcionarios municipales que enfrenten situaciones de riesgo derivadas de sus labores, particularmente en áreas vinculadas a fiscalización, seguridad territorial y control comunal.
La Contraloría General de la República recordó además que las amenazas contra autoridades o funcionarios pueden constituir delitos, por lo que deberán ser denunciadas formalmente ante el Ministerio Público conforme a la normativa vigente.
| Aspecto clave | Qué establece el dictamen |
|---|---|
| Quiénes pueden recibir protección | Alcaldes, concejales y funcionarios municipales amenazados |
| Tipo de medidas autorizadas | Elementos y acciones de protección personal vinculadas al ejercicio del cargo |
| Condiciones obligatorias | Amenazas acreditadas, informes técnicos policiales o medidas del Ministerio Público |
| Duración de las medidas | Carácter excepcional y temporal |
| Financiamiento | Recursos municipales sujetos a disponibilidad presupuestaria |
| Alcance del dictamen | Autoriza a municipios actuar frente a riesgos y violencia contra autoridades locales |
Seguridad local se instala como preocupación estructural
El dictamen refleja cómo la violencia y presión sobre autoridades locales comenzó a modificar las dinámicas de gestión comunal en distintas regiones del país. En varias municipalidades, alcaldes y equipos territoriales han debido enfrentar escenarios complejos asociados al aumento de delitos, incivilidades y presencia de organizaciones criminales en espacios urbanos.
Con esta resolución, la CGR busca entregar certezas administrativas para que los municipios puedan actuar frente a situaciones de riesgo sin exponerse posteriormente a cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos destinados a protección personal.
