Dorothy Pérez advirtió que nuevas obligaciones sin financiamiento han impactado negativamente el funcionamiento de la Contraloría General, exigiendo mejoras estructurales para asegurar una fiscalización efectiva
En el marco de una nueva sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, presentó observaciones a cinco proyectos de ley que buscan fortalecer la labor de la Contraloría General. Entre ellos, destacan reformas que apuntan a reforzar el deber de denuncia de delitos, ampliar la fiscalización bancaria y sancionadora, y extender la persecución administrativa tras el cese de funciones.
La autoridad fue enfática en señalar que la implementación de nuevas tareas sin financiamiento ha debilitado el funcionamiento institucional, mencionando como ejemplo la puesta en marcha del canal de denuncias de la Ley 21.592, que debió activarse sin recursos adicionales, forzando redestinaciones internas.
“La Contraloría necesita recursos proporcionales a las obligaciones que el legislador nos impone”, afirmó Pérez. La contralora también defendió la necesidad de ampliar el plazo para sancionar a exfuncionarios públicos, proponiendo que se pueda continuar con investigaciones hasta seis meses después del cese del cargo, si el proceso sumario se inicia dentro de ese plazo.
Transparencia, control y financiamiento: claves del debate parlamentario
Entre los cinco boletines legislativos revisados, el proyecto para ampliar las facultades fiscalizadoras (Boletín 17621) fue considerado el más relevante por la contralora. Este permitiría acceder a información financiera y bancaria de organismos bajo control, además de fortalecer las capacidades sancionadoras del organismo.
Otro de los proyectos (boletín 16127) propone que se pueda perseguir la responsabilidad administrativa de funcionarios incluso después de dejar el cargo, una medida que busca cerrar la puerta a la impunidad administrativa.
Asimismo, se discutieron iniciativas que promueven mayor transparencia y rendición de cuentas de los consejeros regionales, así como el fortalecimiento del deber de denuncia en el sector público.
La contralora subrayó que se deben fijar parámetros claros para la denuncia oportuna de irregularidades, sin establecer un plazo único, pero sí marcos que eviten demoras y potencien la eficacia del control interno.
De esta forma, Dorothy Pérez solicitó al Congreso avanzar con celeridad en estos cambios, pero también con responsabilidad fiscal, asegurando que “la Contraloría no puede seguir asumiendo tareas sin contar con los recursos necesarios para cumplirlas de forma eficaz y técnica”.
