La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2029 del régimen normativo excepcional de la Ley 21.450, consolidando el Plan de Emergencia Habitacional como un instrumento vigente para la planificación urbana, la gestión de suelo y la construcción de viviendas sociales.
Con 136 votos a favor, el proyecto fue despachado al Ejecutivo para su promulgación, cerrando su tramitación legislativa. La extensión del régimen busca asegurar la continuidad de proyectos habitacionales en ejecución y en etapa de diseño, en un escenario donde el déficit de vivienda sigue siendo un desafío estructural.
La Ley 21.450 fue concebida como una política prioritaria del Estado, habilitando mecanismos transitorios para acelerar procesos administrativos y destrabar iniciativas con impacto urbano y social, una lógica que el Congreso decidió mantener ante la persistencia de la demanda habitacional.
Emergencia habitacional como política pública de largo plazo
Durante el debate en Sala, una amplia mayoría coincidió en que el Plan de Emergencia Habitacional ha permitido avanzar en soluciones concretas, aunque reconocieron que el problema está lejos de resolverse.
En ese contexto, la diputada Ana María Gazmuri relevó que la prórroga responde a una mirada de largo plazo y no a una coyuntura política específica, señalando que “el Plan de Emergencia Habitacional ha permitido destrabar proyectos que llevaban años paralizados y avanzar en soluciones reales para miles de familias”.
En esa línea, recalcó que la prórroga apunta a dar continuidad a una política pública que debe trascender a los gobiernos, fortaleciendo la integración social y una planificación urbana con sentido territorial.
El propio texto del proyecto reconoce que, pese al cumplimiento de metas intermedias, aún existen miles de familias a la espera de una solución definitiva, lo que refuerza la necesidad de mantener herramientas excepcionales. Esta realidad fue transversal en el debate, donde se enfatizó que la emergencia habitacional no se resuelve en un solo período presidencial, sino que requiere consistencia institucional.
Déficit persistente, gestión territorial y control parlamentario
La iniciativa incorpora un refuerzo al control legislativo, estableciendo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá informar trimestralmente al Congreso sobre la ejecución del plan. Dichos reportes deberán detallar, por región, el número de viviendas terminadas, en construcción y el gasto presupuestario ejecutado, fortaleciendo la rendición de cuentas y el seguimiento territorial.
Si bien el respaldo fue unánime, desde distintos sectores se plantearon observaciones sobre la implementación del plan en algunas regiones.
La diputada Ximena Ossandón advirtió que la prórroga debe ir acompañada de mejoras en gestión para evitar que proyectos sigan estancados. En su intervención, la parlamentaria señaló que en determinados territorios la burocracia y la falta de coordinación han retrasado iniciativas habitacionales, lo que demuestra que extender el régimen excepcional “debe ir de la mano con una gestión más eficiente”.
Asimismo, enfatizó que si no se corrigen estas brechas operativas, el impacto real del plan se ve limitado, especialmente para familias que esperan desde hace años una solución.
Uno de los puntos más reiterados fue la situación de la clase media, que no califica para subsidios por criterios de vulnerabilidad, pero tampoco logra acceder a créditos hipotecarios. Parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que la crisis habitacional también afecta a este segmento, profundizando la presión sobre el sistema y evidenciando la necesidad de soluciones diferenciadas.
Pese a las críticas, el consenso político reflejó la urgencia de mantener instrumentos excepcionales, avanzar en proyectos de integración social y reforzar el enfoque territorial.
