Gremio docente critica propuestas del Ejecutivo por centrarse en castigos y no abordar causas estructurales como salud mental y modelo educativo, abriendo un nuevo frente de tensión en el debate sobre seguridad escolar y políticas públicas en Chile
El anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre nuevas medidas para enfrentar la violencia en el sistema escolar abrió un nuevo frente de debate en el mundo educativo. Las propuestas del Ejecutivo reactivaron la discusión sobre el enfoque de la política pública y pusieron en tensión el equilibrio entre sanción, prevención y derechos dentro de los establecimientos educacionales.
Desde el Colegio de Profesoras y Profesores, su presidente Mario Aguilar Arévalo cuestionó el alcance de las iniciativas, señalando que “en una primera lectura -no conocemos todavía el proyecto en detalle-, nos parece que queda absolutamente pobre en relación a la gravedad y a la profundidad del problema que se pretende abordar”.
El dirigente profundizó sus críticas al contenido de las medidas, afirmando que “lo que se propone son simplemente medidas, sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas. Acá no hay una sola mención por parte del presidente a uno de los principales focos del problema, que es la salud mental”.
Salud mental y causas estructurales
El análisis del gremio docente instala una línea de discusión distinta a la impulsada desde el Ejecutivo. Aguilar sostuvo que “hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que hay que abordar el problema de salud mental que tiene nuestra sociedad, la que se traduce en serios problemas que se evidencian en los colegios y el caso de Calama lo demuestra dramáticamente”, agregando que “el horror que se vivió tiene la base en un problema serio de salud mental. Es decir, hay una causa”.
A esa dimensión, el dirigente sumó cuestionamientos al modelo educativo vigente, indicando que “no es solo el efecto lo que debe abordarse, un tema fundamental es el currículum, hoy las escuelas tienen el foco en el rendimiento, la productividad y la competencia, desatendiendo la educación emocional y el aspecto humano”.
Críticas al enfoque de las sanciones
El debate también se trasladó al alcance de las medidas propuestas. En esa línea, Aguilar advirtió que “cuando se quiere mezclar cualquier manifestación que pudiera producir una interrupción de clase, según ese proyecto sería lo mismo un acto de violencia que una protesta pacífica de estudiantes por condiciones básicas, lo que nos parece un enfoque equivocado”.
El cuestionamiento apunta a la proporcionalidad de las sanciones y su impacto en derechos. “Esa mezcla nos parece tramposa y atenta contra derechos fundamentales, porque no distingue entre hechos de distinta naturaleza dentro del sistema escolar”, sostuvo el presidente del gremio.
Impacto en derechos y debate legislativo
El dirigente también abordó las consecuencias de las sanciones propuestas en el acceso a beneficios sociales. En ese punto, afirmó que “nos parece que es un grave error sancionar de por vida a una persona, por ejemplo un joven que a los 14 años hubiese cometido una falta o incluso un delito, va a quedar sancionado respecto al derecho a la gratuidad, lo que podría ser incluso inconstitucional”.
El cuestionamiento del Colegio de Profesores se suma a un escenario donde el debate sobre violencia escolar ya se instaló en el Congreso y en la agenda pública. Las propuestas del Ejecutivo enfrentan críticas por su enfoque punitivo y abren una discusión sobre la necesidad de incorporar medidas estructurales en el sistema educacional.
