La Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT), evidenció que de las personas que sí han ejercido el derecho a acceder a información de entidades del Estado, la mayoría son mujeres y han requerido información a Municipios, lo que se asocia a la necesidad de acceder a información útil sobre beneficios u otros derechos
Una percepción generalizada del acceso a la información como necesaria y como un derecho para cualquier ciudadano, pero al mismo tiempo un ejercicio que resulta poco efectivo para las personas que realizan solicitudes dirigidas a entidades públicas, evidenció la última versión del Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT).
Estas conclusiones se ven reflejadas en que 9 de cada 10 personas declaran que poder pedir antecedentes de entidades públicas es “necesario”, misma cifra que está a favor de que toda persona tiene derecho a acceder a información que se requiera a estas instituciones. Como contrapartida, la cifra se reduce a 3 de cada 10 encuestados que han requerido antecedentes a algún organismo del Estado, es decir que un 73% de las personas no ha solicitado información pública.
“Como institución pública y órgano autónomo encargado de velar por el acceso a la información pública, entre nuestros deberes está asegurar que las personas puedan acceder a antecedentes que poseen las instituciones públicas y que pueden ser útiles para defenderse frente a vulneraciones de otros derechos generales. Pero hemos visto que hay un porcentaje muy alto de población que no ha pedido nunca información a un organismo público, por lo que nos preocupa fomentar las herramientas de transparencia para un mejor y mayor ejercicio del control social que no están aprovechando con todo su potencial”, dijo el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.
El estudio también destacó que 5 de cada 10 personas consultadas reconoce eventuales resultados prácticos que podrían derivar del acceso a información que manejan instituciones públicas, como por ejemplo mejorar la gestión pública o fomentar la participación ciudadana. En palabras del presidente del CPLT, el abogado Jorge Jaraquemada, “esta conciencia de su derecho a saber contrasta con la utilidad que se percibe de esta herramienta”. Por ello, desde el Consejo el llamado es a reconocer en este tipo de acciones con lo que se conoce como “derecho llave”, es decir, el acceso a otros servicios o derechos que impactan directamente en la vida de las personas.
“Si usted se siente vulnerado, hay herramientas de la ley que permiten acceder a información de utilidad para poder ejercer sus derechos, por ejemplo, en el ámbito de acceso a la vivienda, salud y educación, que son temas de gran interés para las personas”, explicó el titular del CPLT.
A juicio de Jaraquemada, aunque se evidencia que la población reconoce cada vez más su derecho a exigir una rendición de cuentas, aún falta mucho por hacer, en particular en el contexto actual: “Nuestro estudio muestra bajos niveles de confianza hacia el sector público y privado, que se mantienen estables desde hace varios años. Esta crisis de confianza institucional que vemos es un fenómeno que cruza a la sociedad chilena y como hemos dicho: es parte del problema que derivó en el descontento que estuvo a la base de la actual crisis social”, finalizó el representante de Consejo.
Las mujeres usan más la Ley de Transparencia
Respecto de aquellas personas que declararon haber usado las herramientas de la Ley de Transparencia, un 43% lo ha hecho en Municipios, siendo el perfil del solicitante de información principalmente mujeres que utilizan el derecho de acceso a la información como una forma de ejercer otros derechos, es decir, con la finalidad de acceder a servicios o beneficios que brinda el sistema público, siendo una forma de informarse de ellos, conocer su exigibilidad y aplicación en sus vidas.
El mismo perfil se identificó en el caso de Transparencia Activa -asociado a la búsqueda de antecedentes que se encuentran disponibles por ley en los sitios web de las instituciones- y que a diferencia de mediciones anteriores cambia de género, correspondiendo principalmente a mujeres. En ambos casos la mayoría de ellas no tiene posicionamiento político y declara no conocer la Ley de Transparencia, lo que desde la perspectiva del Consejo deja a los solicitantes en una situación de vulnerabilidad frente al Estado.
El principal canal para requerir información sigue siendo el presencial (70%) y quienes indican haber hecho una solicitud presencial, en su mayoría, habían indicado previamente no saber cuáles son los canales a través de los cuales se puede ingresar una SAI (75%), lo que indica que se trata de usuarios desinformados.
Laboratorio de Integridad
Sobre la demanda a los municipios, Jaraquemada subrayó que “son de los actores públicos más cercanos a la ciudadanía y que manejan información de interés para los ciudadanos, por ello estamos trabajando para apoyar su quehacer en materia de transparencia”.
Por ello, comentó que una de las acciones que impulsa actualmente el Consejo es el denominado Laboratorio de Integridad, instancia colaborativa que busca trabajar en un proyecto piloto con municipios del país en la implementación de buenas prácticas y mejoras en materia de gestión y control al interior de estas entidades. Un trabajo que se realizará con el apoyo de la Contraloría, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y las principales asociaciones de municipalidades del país.
