Por: Ignacio Prieto. Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Tarapacá
Cada familia en Chile tiene una historia de sacrificio, madres que se levantan antes del amanecer para darle lo mejor a sus hijos, o en el abuelo que trabajó incansablemente durante toda su vida, esperando poder dejar un legado. Todos conocemos a alguien que ha dedicado su esfuerzo para construir un futuro mejor, sin embargo, este esfuerzo no siempre ha sido recompensado con la dignidad que se merece, especialmente cuando llega la vejez y las pensiones no alcanzan para una vida tranquila.
Es en este contexto que la reforma provisional que hoy está en discusión en el Senado se presenta como una oportunidad única para cambiar esta realidad. Una oportunidad histórica de justicia social, para reconocer finalmente el trabajo de millones de chilenos y chilenas que, a lo largo de su vida, han aportado al crecimiento de nuestro país.
La propuesta del Gobierno busca construir un sistema previsional que sea justo y solidario, uno que valore el esfuerzo de toda una vida y corrija las desigualdades históricas que aún persisten. Un cambio significativo es la incorporación de un 6% adicional de cotización, a cargo del empleador, lo que representa un paso importante hacia la equidad. Este aporte no afectará el 10% que actualmente cotizan los trabajadores, y se destinará a dos grandes objetivos: Fortalecer el ahorro individual y crear un Seguro Social.
Ya en la Comisión de Trabajo del Senado se han aprobado importantes medidas que mejorarán la transparencia, rentabilidad y cobertura del sistema. Entre ellas, el tránsito hacia fondos generacionales, el aumento del tope imponible y un sistema único de cobranza previsional. Sin embargo, aún quedan puntos claves por definir, y es aquí donde radica uno de los mayores desafíos: lograr un acuerdo que sea transversal y que represente verdaderamente a todos los sectores.
Uno de los puntos cruciales es la definición de los años mínimos de cotización necesarios para acceder a la compensación por años cotizados. Las opciones van desde un mínimo de 15 años para las mujeres y 20 años para los hombres, hasta un acceso más universal con solo 5 años de cotización.
Otro tema pendiente es la distribución del 6% adicional, especialmente en lo que respeta a la compensación de las mujeres. Este es un punto clave para abordar las desigualdades de género que aún persisten en el sistema previsional actual.
Por último, la transformación de las AFP es esencial. Separar sus funciones de administración e inversión, y abrir espacio a alternativas públicas, es una medida necesaria para garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos previsionales.
No podemos olvidar el papel que las AFP han jugado hasta ahora. Con utilidades que superaron los $472.867 millones hasta septiembre, estas instituciones han llevado a cabo una campaña de desinformación, buscando proteger un modelo que ponga sus ganancias por encima de las necesidades de los pensionados.
Es momento de avanzar con responsabilidad. Esta reforma no solo tiene el potencial de mejorar las pensiones actuales y futuras, sino también de brindar estabilidad a un sistema que ha sido duramente criticado durante décadas. Es un acto de justicia para aquellos que han trabajado toda su vida, y una promesa de equidad para las generaciones venideras.
Lograr un acuerdo transversal es fundamental. Cada día que pasa sin aprobar esta reforma es un día que seguimos postergando el bienestar de nuestros adultos mayores y la confianza de nuestras familias en un futuro digno. Por eso, es urgente que todos los sectores políticos pongan a Chile primero, construyendo consensos que vayan más allá de los intereses partidistas.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo
