Especialistas y actores sectorialistas analizaron los alcances, implementación e impacto de la nueva normativa a nivel regional
Para difundir los alcances de la aplicación de la nueva normativa y conocer y proyectar su impacto en el sector, la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso realizó un conversatorio sobre el tema, en el que participaron autoridades sectoriales, especialistas, funcionarios públicos y municipales, profesionales independientes y socios del gremio.
La actividad buscó proyectar el impacto de la Ley N.º 21.718, que entró en vigencia esta semana, en la reactivación económica y en la generación de empleo, claves para abordar el déficit habitacional y las urgencias de infraestructura de la región.
El evento, realizado en el auditorio gremial de Viña del Mar y transmitido por videoconferencia a varias regiones del país, contó con la apertura del presidente regional CChC, Fernando Bustamante, quien destacó cómo la agilización de permisos puede impulsar proyectos habitacionales y de infraestructura, contribuyendo a la generación de empleo y al crecimiento económico de la región.
El timonel gremial recordó que, de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Marfán, reducir un tercio los plazos de permisos podría generar US$ 940 millones anuales en recaudación fiscal y destrabar 67.000 viviendas en el país, lo que podría beneficiar a algunas de las más de 100 mil familias que actualmente en la Región de Valparaíso no cuentan con un techo propio.
“Esta ley representa un paso concreto hacia la modernización de los procesos de aprobación y entrega de permisos. Como gremio esperamos que este avance no solo facilite la inversión y la creación de empleo, sino que también permita que las comunidades accedan a proyectos de vivienda e infraestructura en tiempos adecuados y con seguridad jurídica”, enfatizó Bustamante.
Desafíos históricos
La seremi Minvu en la región de Valparaíso, Belén Paredes, en tanto, resaltó el rol de la cartera al promover el diálogo con los actores locales, a fin de facilitar la ejecución de proyectos que contribuyen a paliar el déficit habitacional regional.
“Desde el inicio de nuestra gestión, hemos enfocado nuestro trabajo, tanto a nivel nacional como regional, en el diálogo, reconociendo los desafíos históricos que hemos enfrentado en diversas áreas. Nos hemos propuesto identificar y abordar aquellos aspectos que requerían impulso, pero que, debido a múltiples factores, no estaban generando los resultados esperados. Uno de estos desafíos, sin duda, está relacionado con una industria que, por su antigüedad, enfrenta procesos administrativos y regulatorios que requieren modernización y mayor eficiencia”, resaltó Paredes.
“Esperamos poder tener proyectos y procesos exitosos aplicándola (la nueva ley) y que podamos también tener las respuestas a aquellos elementos y factores que se vislumbran como complejos, para que, en conjunto, siempre busquemos y encontremos una solución, porque sabemos y hemos demostrado en el tiempo, que la única forma de trabajar es de manera colectiva. Así que agradezco la instancia y agradezco a la Cámara este esfuerzo. Y espero que haya muchas más instancias como estas”, afirmó la autoridad sectorial .
Beneficios de la ley
Posteriormente intervino la abogada Jeanette Bruna, magíster en derecho administrativo, académica y consultora especialista en derecho urbanístico, quien resaltó varios de los beneficios clave de la Ley N.º 21.718.
- Agilización: La introducción de declaraciones juradas alivia la carga de trabajo en las Direcciones de Obras Municipales (DOM), permitiendo avanzar en ciertos aspectos preliminares de los proyectos mientras se tramitan los permisos definitivos.
- Reducción de Judicializaciones: La ley establece un único reclamo jurisdiccional especial para resolver controversias, lo que reduce significativamente la exposición a procesos judiciales prolongados.
- Reactivación Económica: Con menos barreras burocráticas, se espera un aumento en la velocidad de ejecución de proyectos, promoviendo mayor inversión y generación de empleo.
- Control de Gestión: La normativa habilita al Minvu para supervisar directamente la tramitación de permisos, fomentando procesos más eficientes y transparentes.
- Colaboración Estratégica: Se abre la posibilidad de establecer convenios con universidades y revisores independientes, lo que permitirá aliviar la carga en DOMs, agilizando aún más los trámites pendientes.
