Un informe del CEP advierte que Arica y Parinacota, Coquimbo, Ñuble y Aysén no cuentan con especialistas en radioterapia oncológica, mientras ocho regiones carecen de centros públicos y los retrasos GES por cáncer aumentaron 300% en cinco años
En Chile, recibir oportunamente un tratamiento contra el cáncer todavía depende, en parte, del lugar donde vive el paciente. Aunque las garantías sanitarias rigen para todo el país, las posibilidades de acceder a especialistas, equipamiento y centros asistenciales cambian considerablemente entre regiones, convirtiendo al territorio en una variable que puede incidir en el diagnóstico, el inicio de las terapias y las posibilidades de recuperación.
La desigualdad queda expuesta en Arica y Parinacota, Coquimbo, Ñuble y Aysén, las cuatro regiones que no cuentan con especialistas registrados en radioterapia oncológica. A ello se suma que ocho de las 16 regiones carecen de centros públicos capaces de entregar esta terapia, utilizada en el tratamiento de distintos tipos de cáncer.
Los antecedentes forman parte del boletín Salud: más allá de las listas de espera, elaborado por Juan Luis Ossa, Alfonso España, Paula Daza, Elvira Tagle y Noelia Zunino para el Centro de Estudios Públicos. El análisis plantea que el problema sanitario no puede reducirse al número de personas que aguardan una consulta, un examen o una intervención, porque detrás de esas cifras también existen carencias de infraestructura, concentración de profesionales y elevados costos para las familias.
La situación adquiere mayor urgencia ante el avance de la enfermedad. Durante 2025 se diagnosticaron 63.274 nuevos casos de cáncer y las proyecciones indican que el país podría acercarse a 80 mil en 2035. En diez regiones, esta enfermedad ya encabeza las causas de muerte y se estima que pronto podría ocupar ese lugar a nivel nacional.
Una red que concentra especialistas e infraestructura
Chile cuenta con 137 especialistas registrados en radioterapia oncológica, pero cerca de un tercio ejerce en la Región Metropolitana. La distribución reduce las posibilidades de que los pacientes reciban atención cerca de sus hogares y obliga a parte de ellos a depender de derivaciones hacia establecimientos ubicados en otras zonas del país.
La falta de profesionales y la ausencia de centros públicos representan dimensiones distintas de una misma brecha. Arica y Parinacota, Coquimbo, Ñuble y Aysén no registran especialistas en esta área, mientras la mitad de las regiones carece de infraestructura pública para entregar radioterapia.
La capacidad tecnológica también se encuentra por debajo de la observada en las economías desarrolladas. Chile dispone de aproximadamente 2,3 aceleradores lineales por cada millón de habitantes, menos de la mitad de la mediana de la OCDE, cercana a cinco equipos. Aunque el país supera el promedio latinoamericano, la disponibilidad continúa siendo insuficiente para una demanda creciente y distribuida entre territorios con capacidades sanitarias muy diferentes.
La distancia entre el domicilio y el centro asistencial puede transformarse en una barrera adicional. La radioterapia suele requerir sesiones sucesivas, por lo que recibirla fuera de la región implica traslados prolongados, gastos de alojamiento, interrupciones laborales y separación de las redes familiares durante varias semanas.
Las esperas crecieron mientras el cáncer avanzaba
Las brechas territoriales se profundizaron mientras las prestaciones oncológicas pendientes continuaban acumulándose. Los retrasos GES por cáncer pasaron de 4.758 en diciembre de 2020 a 19.046 al cierre de 2025, lo que representa un aumento cercano a 300% en cinco años.
El cáncer cervicouterino concentró la mayor cantidad de prestaciones atrasadas, con 5.391 casos, equivalentes a 28% del total oncológico. La mayoría correspondía a diagnóstico y tamizaje, etapas fundamentales para detectar la enfermedad e iniciar una terapia antes de que avance.
Solo durante 2025, los retrasos relacionados con esta patología aumentaron cerca de 90%. En diciembre de 2024 se contabilizaban 2.842 prestaciones atrasadas y un año después la cifra superaba las cinco mil.
En una enfermedad donde el tiempo modifica el pronóstico, estos registros no representan únicamente una acumulación administrativa. Una revisión internacional considerada por el CEP, basada en más de 1,2 millones de pacientes, concluyó que cada cuatro semanas de retraso en el inicio del tratamiento pueden elevar la mortalidad entre 6% y 13%, dependiendo del tipo de cáncer y de la terapia indicada.
Los autores relacionan los incumplimientos con una combinación de problemas de gestión, información desactualizada de los pacientes, ausencia de profesionales e infraestructura insuficiente. Los factores se refuerzan entre sí, porque la falta de especialistas aumenta la presión sobre los centros existentes, mientras la escasez de equipos limita la capacidad para recibir nuevas derivaciones.
Maule cuadruplica la tasa nacional de retrasos
La desigualdad no divide simplemente al país entre regiones que cuentan con atención y aquellas que carecen de ella. También existen territorios con servicios oncológicos cuya capacidad resulta insuficiente frente al volumen de pacientes.
Durante 2025 se registraron 863 prestaciones GES de radioterapia atrasadas, una cifra menor que las 1.278 contabilizadas el año anterior, pero distribuida de manera muy desigual.
El Maule presentó la tasa más alta del país, con 20,6 retrasos por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces el promedio nacional de 4,7. Valparaíso alcanzó 10,3, mientras Ñuble registró 5,5, Biobío 5,0 y Antofagasta 4,9.
El cáncer de mama concentró 49% de las prestaciones de radioterapia pendientes, seguido por el cáncer de próstata, con 31%, y el cáncer colorrectal, con 8%. Los datos muestran que disponer de infraestructura no garantiza por sí solo una respuesta oportuna cuando la demanda supera la capacidad regional.
Las patologías también cambian según el territorio
La presión sobre las redes oncológicas tampoco presenta la misma composición en todo Chile. Entre las garantías GES abordadas por el Plan de Alerta Oncológica, los cánceres colorrectal, cervicouterino y de mama concentraron 74% de las prestaciones, seguidos por los cánceres gástrico y de próstata.
| Posición | Patología | Participación nacional |
|---|---|---|
| 1 | Cáncer colorrectal | 27% |
| 2 | Cáncer cervicouterino | 26% |
| 3 | Cáncer de mama | 21% |
| 4 | Cáncer gástrico | 6% |
| 5 | Cáncer de próstata | 5% |
La distribución cambia significativamente entre regiones. El cáncer cervicouterino representa 72% de las garantías abordadas en Los Lagos y 53% en Atacama, mientras el colorrectal alcanza 59% en Los Ríos y 46% en Biobío. En O’Higgins, en cambio, el cáncer de mama encabeza la composición regional, con 29%, seguido por los cánceres colorrectal y gástrico, ambos con 23%.
Los datos no corresponden a incidencia ni mortalidad regional, sino a garantías GES con tiempos prolongados incorporadas al plan. Aun así, muestran que cada red enfrenta una combinación distinta de patologías, demanda acumulada y capacidades asistenciales, por lo que la respuesta oncológica no puede diseñarse únicamente desde un promedio nacional.
El Gobierno acelera las atenciones acumuladas
La magnitud de las esperas llevó al Gobierno del presidente José Antonio Kast a implementar una alerta sanitaria oncológica, vigente desde el 15 de abril. La estrategia entregó facultades extraordinarias para contratar personal, extender horarios, agilizar compras y recurrir a establecimientos privados cuando los hospitales públicos no tuvieran capacidad suficiente.
El plan comenzó con 33.702 registros GES y No GES que acumulaban tiempos prolongados al 31 de enero de 2026. Tras revisar y validar los antecedentes, el universo quedó establecido en 30.348 registros, de los cuales 17.845 correspondían a garantías GES oncológicas y 12.503 a prestaciones No GES.
Para ejecutar la estrategia, el Ministerio de Salud formalizó la transferencia de $154 mil millones adicionales a los servicios de salud. Los establecimientos debían identificar y contactar a cada paciente, determinar si podían resolver su prestación dentro de la red pública y derivarlo a un segundo prestador cuando el hospital de origen no pudiera responder.
Al defender la urgencia de la intervención, la ministra de Salud, May Chomali, reconoció que el sistema había fallado frente a quienes acumulaban meses de espera. “Un día de atraso es un día menos de vida”, afirmó durante la presentación de los resultados en Aysén.
El plan informa 95% de atenciones iniciadas o garantías cumplidas
En el balance publicado el 14 de julio, el Minsal informó que 28.681 de los 30.348 registros validados, equivalentes a 95%, tenían una atención iniciada o su garantía cumplida. El Ministerio señaló además que 94% de los casos avanzados fue abordado dentro de la red pública y que 6% requirió una derivación a un segundo prestador en convenio con Fonasa.
Las cifras muestran una movilización significativa del sistema en un periodo acotado. El seguimiento individual, la extensión de horarios y los recursos adicionales permitieron que miles de personas comenzaran o retomaran procesos asistenciales que permanecían postergados.
El informe oficial precisó que las garantías GES acumulaban una espera promedio de 76 días al inicio del plan, mientras los registros No GES llegaban a 248 días. Entre las garantías GES atendidas, 67% correspondió a diagnóstico, 19% a tratamiento, 9% a tamizaje, 3% a etapificación y 2% a seguimiento.
Chomali anunció además que el Ministerio trabaja para que la derivación a un segundo prestador sea automática cuando una garantía oncológica esté próxima a vencer, evitando que el paciente deba presentar un reclamo para ejercer ese derecho.
La iniciativa responde a una debilidad identificada también por el CEP. Durante 2025, de las 78.594 personas con garantías de oportunidad GES incumplidas, considerando todas las patologías y no solamente cáncer, solo 30.826 lograron acceder a un segundo prestador.
Hernando cuestiona el alcance de las cifras
El balance gubernamental abrió una controversia sobre la forma de interpretar los resultados. La diputada Marcela Hernando, exministra de Minería, cuestionó que el contacto con los pacientes pudiera ser presentado como equivalente a la resolución completa de sus problemas sanitarios.
“Contactar al 99% de los pacientes no significa que todos tengan su problema resuelto”, sostuvo la parlamentaria. Hernando afirmó que, según antecedentes de Fonasa que dijo haber revisado, las listas de algunos servicios de salud se habían mantenido o incluso aumentado durante la ejecución del plan.
La diputada también advirtió que la revisión administrativa podía encontrar a personas fallecidas mientras aguardaban atención y cuestionó que esos casos pudieran incorporarse a una reducción efectiva de la lista. Chomali rechazó esa interpretación, acusó a Hernando de difundir información falsa y defendió el trabajo desarrollado por los equipos de la red pública.
El contrapunto expone una diferencia relevante entre contactar a un paciente, iniciar su atención, cumplir una garantía y concluir completamente un tratamiento. El propio balance oficial utiliza la categoría “atenciones iniciadas o garantías cumplidas”, por lo que el 95% representa un avance operativo importante, pero no significa que todos los pacientes hayan finalizado su recorrido terapéutico.
La evaluación definitiva deberá considerar cuántas prestaciones terminaron, cómo evolucionaron los tiempos de espera y si la red consiguió impedir que nuevos casos volvieran a acumularse. El avance gubernamental es significativo, pero sus resultados deberán medirse también por la capacidad de sostener la respuesta una vez concluida la emergencia.
Una respuesta extraordinaria frente a un problema permanente
El plan demostró que una combinación de recursos adicionales, seguimiento individual y mayor coordinación puede acelerar la atención de miles de pacientes. También confirmó la capacidad de la red pública, que abordó la mayor parte de las prestaciones incluidas en la estrategia.
Sin embargo, una respuesta de emergencia no forma de manera inmediata especialistas en Arica y Parinacota, Coquimbo, Ñuble o Aysén, ni instala centros públicos de radioterapia en las ocho regiones que carecen de ellos. La alerta puede ordenar registros, financiar prestaciones y acelerar derivaciones, pero las brechas territoriales requieren inversiones y políticas sostenidas.
La alerta sanitaria se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026. El desafío será transformar las prácticas desarrolladas durante estos meses en una capacidad estable y evitar que las listas vuelvan a crecer cuando termine el esfuerzo extraordinario.
Enfermarse también presiona a las familias
Las diferencias territoriales se combinan con una preocupación económica transversal. La salud aparece como la segunda prioridad ciudadana en la Encuesta CEP y 84% de las personas teme no poder pagar los costos que el sistema no cubre.
El temor tiene una base concreta. El 35% del gasto sanitario proviene directamente del bolsillo de las personas, mientras la mitad de las familias debió reducir el consumo de otros bienes debido al aumento de los costos médicos. Un 30% tuvo que endeudarse y 19% dejó de adquirir productos o servicios esenciales.
La presión puede ser todavía mayor para quienes deben salir de su región para recibir radioterapia u otra prestación de alta complejidad. A los copagos se agregan el traslado, el alojamiento, la alimentación y las dificultades para mantener una actividad laboral durante tratamientos prolongados.
El Plan de Alerta Oncológica mostró que una movilización extraordinaria puede reducir rápidamente una parte de las prestaciones acumuladas. El informe del CEP recuerda, sin embargo, que la espera es apenas una dimensión de un problema que también involucra infraestructura, capital humano, distribución territorial y protección financiera.
Chile necesita evitar que las listas vuelvan a crecer, pero también formar y retener especialistas, ampliar su infraestructura pública y distribuir el equipamiento con criterios territoriales. Mientras esas capacidades continúen concentradas, el lugar donde vive una persona seguirá influyendo en sus posibilidades de enfrentar oportunamente el cáncer.
