La ofensiva socialista contra la invariabilidad tributaria abrió un flanco constitucional para la megarreforma, mientras el Gobierno pidió esperar el texto final y el Frente Amplio llamó a ordenar una estrategia común opositora ante el propio TC
La invariabilidad tributaria se convirtió en el punto más sensible de la megarreforma del Gobierno. La bancada de diputados del Partido Socialista confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional para impugnar la norma incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional, también denominada Plan de Reconstrucción Nacional, que busca asegurar estabilidad impositiva por hasta 25 años para grandes inversiones.
El anuncio abrió un nuevo frente para el Ejecutivo en plena discusión particular del proyecto, pero también obligó a la oposición a ordenar sus tiempos. Mientras el Socialismo Democrático dio por hecho que recurrirá al TC una vez que la iniciativa sea despachada como ley, desde el Frente Amplio pidieron evitar anuncios anticipados y esperar la definición conjunta que los partidos opositores buscarán cerrar este jueves junto a abogados constitucionalistas.
Para el Gobierno, la cláusula entrega certeza jurídica a proyectos de largo plazo y busca acelerar inversión en un ciclo económico débil. Para el socialismo, en cambio, deja amarrada la política tributaria de futuros gobiernos y limita la posibilidad de que nuevas mayorías democráticas corrijan los efectos de la reforma.
PS apunta contra la “Ley de los Súper Ricos”
La bancada socialista endureció el tono y calificó la iniciativa como una “Ley de los Súper Ricos”. En una declaración pública, acusó que el proyecto podría aumentar el déficit fiscal, empujar la deuda pública y abrir espacio para nuevos recortes sociales.
“Esta reforma amenaza con generar déficit fiscal, empujar la deuda pública y abrir la puerta a nuevos recortes sociales. Pero además contiene un elemento especialmente grave: pretende amarrar sus efectos por 25 años”, señalaron los diputados del PS.
El argumento político apunta a la duración del beneficio. La invariabilidad tributaria aplicaría a inversiones superiores a US$50 millones, pero para la bancada socialista el problema no está solo en el monto, sino en el plazo. A su juicio, una mayoría legislativa actual no puede dejar fijadas por un cuarto de siglo decisiones que podrían condicionar a próximas administraciones.
“Eso significa que ningún gobierno elegido democráticamente por el pueblo en las próximas décadas podría corregir sus consecuencias. Una mayoría circunstancial de hoy quiere ponerle un candado a las mayorías de mañana. Eso atenta contra la soberanía popular”, agregó la bancada.
La ofensiva se suma a advertencias que ya venían apareciendo en el debate opositor. Antes de este anuncio, el diputado Jaime Mulet había anticipado que recurrirían a un requerimiento de inconstitucionalidad contra aspectos centrales de la reforma, especialmente por sus efectos fiscales y por el alcance de la invariabilidad.
La oposición ajusta su estrategia
Desde el Senado, el jefe del comité socialista, Juan Luis Castro, confirmó que el Socialismo Democrático acudirá al Tribunal Constitucional por la invariabilidad una vez que el proyecto sea despachado como ley.
“Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley. No tenemos inconveniente en hacerlo y así lo hemos refrendado. Por nuestra parte, es un hecho”, afirmó el senador.
Castro también sostuvo que no existe un verdadero clima de acuerdo con La Moneda y calificó la iniciativa como “una reforma regresiva y prácticamente una contrarreforma respecto a los ingresos tributarios del país”. Además, adelantó indicaciones en materias de empleo y medioambiente.
El anuncio, sin embargo, no fue recibido de manera uniforme por toda la oposición. La senadora Beatriz Sánchez llamó a respetar el proceso colectivo y esperar la reunión de este jueves. “Nos gusta ser bien respetuosos de los procesos colectivos. Espero que el jueves tomemos la determinación final como oposición en conjunto”, agregando que “yo llamaría a no ser ansiosos o ansiosas en este tema. Hay que tomarlo con calma”.
En la misma línea, el senador Diego Ibáñez pidió actuar coordinadamente. “Hacemos un llamado a toda la oposición a actuar colectivamente, a que nadie se ponga ansioso, porque aquí las cosas se tienen que hacer bien”, sostuvo.
La cautela responde a un dato clave: un requerimiento ante el TC necesita al menos 13 firmas de senadores, por lo que la unidad opositora será determinante para transformar el anuncio político en una acción institucional viable. A ese cuadro se sumó el senador Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, quien respaldó la ruta constitucional y apuntó también al mecanismo de compensaciones para empresas cuyos proyectos con Resolución de Calificación Ambiental sean posteriormente invalidados por la justicia.
Gobierno pide esperar el texto final
Desde el Ejecutivo, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, llamó a esperar el resultado de la discusión particular antes de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Su argumento es que el articulado todavía puede cambiar durante la tramitación, por lo que una ofensiva constitucional debería construirse sobre el texto definitivo.
“La lógica indica que para recurrir al TC es más sano esperar cómo termina la norma en sí”, sostuvo Alvarado, junto con defender que el debate legislativo siga abierto en las comisiones. El biministro evitó atribuir intenciones a la oposición, pero marcó un límite político frente al eventual requerimiento. “Me gustaría que se use con fundamentos y con un profundo sentido de responsabilidad”, afirmó.
En Hacienda, Jorge Quiroz también ha defendido la constitucionalidad del proyecto y ha insistido en que el Gobierno mantendrá el diálogo, aunque sin alterar el núcleo tributario de la reforma: rebaja del impuesto corporativo, reintegración e invariabilidad. La Moneda sí ha abierto la opción de reducir el plazo de estabilidad de 25 a 20 años, pero sin eliminar la herramienta.
La discusión también se cruza con otros costos fiscales del proyecto. Uno de ellos es el efecto que podrían tener los cambios en contribuciones sobre los ingresos locales. En esa materia, alcaldes de distintos sectores han advertido que cualquier beneficio debe considerar una compensación permanente para los municipios, especialmente por su impacto en el Fondo Común Municipal.
La pelea por las reglas de las próximas décadas
La disputa por la invariabilidad tributaria dejó de ser una diferencia técnica sobre incentivos a la inversión. Lo que está en juego es cuánto puede una mayoría actual fijar las reglas fiscales que deberán enfrentar los próximos gobiernos.
Para el Partido Socialista, la cláusula instala un candado democrático y fiscal. Para el Gobierno, representa una señal de estabilidad para atraer capitales, destrabar proyectos y sostener una agenda de reactivación económica.
La definición opositora de este jueves será clave. Si los partidos llegan con una estrategia común, el Tribunal Constitucional puede transformarse en el nuevo campo de disputa de la megarreforma. Si llegan divididos, el Ejecutivo podría ganar margen para sostener su diseño y empujar el proyecto desde el Senado.
El desenlace no solo marcará el futuro de una norma. También definirá si la Ley de Reconstrucción Nacional avanza como una reforma con reglas tributarias de largo plazo o si queda recortada por cuestionamientos constitucionales, fiscales y políticos que ya cruzan al Congreso.
