La reunión con excompañeros universitarios activó un requerimiento ante Contraloría, tensionó al oficialismo y expuso vacíos en la regulación de actividades privadas en dependencias del poder Ejecutivo
Un almuerzo encabezado por el presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda abrió un nuevo foco de controversia política, luego de que parlamentarios solicitaran a la Contraloría General de la República investigar un eventual uso de recursos públicos en una actividad de carácter privado.
La cita reunió a cerca de 70 excompañeros de Derecho de la Universidad Católica en dependencias del palacio presidencial, generando cuestionamientos sobre el financiamiento del evento, el uso de infraestructura estatal y la participación de personal de apoyo.
Gobierno defiende financiamiento, pero evita precisar detalles
Desde el Ejecutivo, la vocera Mara Sedini aseguró que el encuentro no implicó recursos fiscales, afirmando que “les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios”.
Sin embargo, al ser consultada por aspectos operativos —como la participación de garzones o cocineros— la autoridad evitó profundizar y reiteró que “vamos a responder en tiempo y forma lo que se nos requiera. Vamos a usar los canales institucionales para responder”.
La respuesta dejó abierta una de las principales interrogantes del caso: qué parte de la actividad corresponde a gasto privado y cuál podría haber involucrado recursos del Estado, una distinción clave para la evaluación de la Contraloría.
Requerimiento ante Contraloría y dudas sobre uso de La Moneda
El caso escaló luego de que parlamentarios presentaran un requerimiento formal para que se investiguen detalles del evento, incluyendo costos, uso de dependencias públicas, personal involucrado y eventuales reembolsos.
El foco no está solo en el financiamiento, sino en la naturaleza de la actividad. Como planteó el diputado Daniel Manouchehri, “el Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social”.
En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini advirtió que “los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata”, subrayando el impacto político del caso en un momento donde el discurso de austeridad es parte del eje del Gobierno.
Reparos dentro del oficialismo y llamado a reglas claras
La controversia no solo generó críticas desde la oposición. En el propio oficialismo surgieron cuestionamientos sobre el manejo del episodio y sus implicancias.
La diputada Ximena Ossandón señaló que “no sabemos quién pagó esa cena, y eso es lo que se pregunta”, agregando que el uso de un espacio público como La Moneda es parte central del problema. A su juicio, “tenemos que ser tremendamente responsables justamente en estas imágenes que van en el camino contrario”.
En paralelo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó la necesidad de establecer criterios más claros para este tipo de situaciones, afirmando que “tiene que haber una línea clara respecto a las actividades del presidente, actividades personales y actividades en cuanto al Presidente de la República”.
El dirigente fue más allá, proponiendo una regulación explícita: “lo que aquí tiene que haber es un instructivo, algún tipo de normativa interna que sea publicada, y que los deje a todos tranquilos respecto de cómo se van a tratar estos casos”.
Más allá del caso: gestión, probidad y señal política
El episodio instala una discusión más amplia sobre el uso de espacios institucionales y la separación entre lo público y lo privado en el ejercicio del poder. La Moneda no solo es residencia presidencial, sino también un símbolo del Estado, lo que eleva el estándar de transparencia y cuidado en cada actividad que allí se realiza.
El punto crítico no es solo si hubo o no uso de recursos fiscales, sino cómo se gestionan estas situaciones en términos de probidad, comunicación y coherencia política, especialmente cuando el Gobierno ha puesto énfasis en la austeridad.
La respuesta de la Contraloría será clave para definir eventuales responsabilidades, pero el efecto político ya está instalado: la falta de reglas explícitas abre espacio a cuestionamientos que impactan la credibilidad del Ejecutivo.
