Once alcaldes metropolitanos entregaron al ministro Fernando Rabat nueve propuestas para fortalecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, combinando sanciones efectivas ante delitos violentos, reinserción, alerta temprana, apoyo a víctimas y tratamiento de drogas en la región
Un grupo transversal de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana llegó hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para instalar una propuesta común frente a uno de los debates más sensibles de la agenda de seguridad: cómo fortalecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sin rebajar la edad de imputabilidad y sin abandonar la reinserción.
La reunión fue encabezada por el ministro Fernando Rabat, quien recibió un documento con nueve medidas orientadas a enfrentar delitos violentos cometidos por adolescentes, mejorar el cumplimiento de sanciones, reforzar el régimen cerrado, crear planes de egreso, proteger a las víctimas, activar alertas tempranas y abordar el consumo problemático de drogas como parte de la prevención de la reincidencia.
La propuesta fue suscrita por Camila Merino, de Vitacura; Claudio Castro, de Renca; Sebastián Sichel, de Ñuñoa; Christopher White, de San Bernardo; Carol Bown, de San Miguel; Javiera Reyes, de Lo Espejo; Jaime Bellolio, de Providencia; Gustavo Toro, de San Ramón; Karina Delfino, de Quinta Normal; Isabel Valenzuela, de Colina; y Tomás Vodanovic, de Maipú.
La señal política no es menor: alcaldes de distintos sectores intentan empujar una reforma que combine seguridad, responsabilidad penal, reparación a víctimas y oportunidades reales de rehabilitación.
Rabat valora propuesta transversal
El ministro Fernando Rabat destacó el carácter transversal del planteamiento municipal y sostuvo que varias de las propuestas coinciden con indicaciones que el Ejecutivo prepara para presentar en el Senado.
“Nos hemos reunido con alcaldes no solamente de distintas comunas, sino, lo más relevante hoy día, de distintos sectores políticos. Ellos han traído una serie de propuestas relacionadas con modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que coinciden con las indicaciones que el Ejecutivo ha preparado y está pronto a presentar en el Senado”, afirmó.
El secretario de Estado también advirtió que el debate no puede reducirse solo al endurecimiento de sanciones. “Hemos coincidido con los alcaldes y alcaldesas no solamente en lo que se refiere a indicaciones relativas a las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sino que también en la importancia que tiene la reinserción. No podemos trabajar solamente en el endurecimiento de la ley que afecta a los jóvenes si no nos preocupamos de la reinserción, tanto de los jóvenes como también de los niños y menores de edad”, sostuvo.
La discusión se instala en un momento en que municipios, Gobierno y Congreso enfrentan mayor presión por delitos violentos protagonizados por adolescentes. El documento municipal sostiene que la participación de jóvenes entre 14 y 17 años representa solo el 5% del total de delitos e incivilidades, pero alcanza el 17% de los imputados por robos por sorpresa y el 23% en robos violentos, como portonazos, encerronas y turbazos.
No bajar la edad, fortalecer el sistema
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, remarcó que el acuerdo no apunta a rebajar la edad de imputabilidad, sino a fortalecer el sistema vigente con más exigencia, mejor cumplimiento y una ruta efectiva de rehabilitación.
“Estamos contentos de haber logrado un acuerdo entre diferentes comunas del país que sufren la violencia y también pensando en personas menores de edad que necesitan ser rehabilitadas. Hoy día no tenemos que bajar la edad, tenemos que fortalecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Este acuerdo va a permitir, esperamos, que se acelere el cambio de la ley, que Chile esté más seguro y que nuestros adolescentes también estén mejor, porque van a tener una oportunidad real de rehabilitación”, afirmó.
El alcalde de Renca, Claudio Castro, planteó una línea similar. A su juicio, bajar la edad de responsabilidad penal adolescente no resuelve el problema de fondo, porque el foco debe estar en que el sistema funcione frente a delitos violentos y casos de reincidencia.
“Hoy tenemos evidencia de que el régimen abierto, en muchos casos, no está logrando detener las trayectorias delictivas. Por eso creemos que es necesario revisar y fortalecer el régimen cerrado, asegurando que las sanciones para delitos violentos sean proporcionales, se cumplan efectivamente y estén acompañadas de procesos reales de rehabilitación y reinserción. No se trata de elegir entre seguridad o reinserción: el país necesita ambas”, sostuvo.
Ese punto conecta con una preocupación más amplia sobre fallas institucionales, trayectorias de riesgo y respuesta estatal tardía frente a niños, niñas y adolescentes. En Poder y Liderazgo, ese debate también ha estado presente al abordar casos donde las instituciones fallan y los menores quedan sin seguimiento efectivo, una dimensión que vuelve a aparecer en la propuesta municipal.
Víctimas, reincidencia y respuesta estatal
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, puso el foco en las víctimas y en la urgencia de evitar que adolescentes reincidentes sigan en libertad sin una respuesta proporcional del Estado.
“Las víctimas son la prioridad. Que nunca más pase algo como lo de San Bernardo. Que alguien que ha cometido un delito seis o cuatro veces, siendo menor de edad, no haya sido detenido y permanezca en un régimen cerrado, y que nunca más el Estado deje de reaccionar a tiempo cuando alguien puede ser rehabilitado”, sostuvo.
Sichel agregó que el debate requiere rapidez legislativa. “Si tenemos estos principios en común, creo que es tiempo de trabajar rápido, con sentido de urgencia. Hay personas que son potenciales víctimas de delitos en el mediano plazo y, si no reaccionamos y no cambiamos la ley, probablemente vamos a tener que decir de nuevo: ‘Pucha, fallamos, nos equivocamos’. El Estado puede reaccionar, debe hacerlo transversalmente y debe hacerlo ahora, a través de un proyecto de ley que debe ser ingresado”, afirmó.
Desde San Miguel, la alcaldesa Carol Bown entregó una cifra que grafica la presión comunal. Según señaló, el 71% de los detenidos por delitos violentos en San Miguel corresponde a menores de entre 14 y 17 años. Por eso, valoró una propuesta que, a su juicio, pone en el centro la seguridad de los vecinos y la protección de las víctimas, pero también la intervención temprana de adolescentes en situación de riesgo.
Las nueve medidas de los alcaldes
La propuesta municipal plantea una reforma más exigente para delitos violentos, pero también una intervención estatal más temprana. Entre sus principios, los alcaldes proponen mantener un sistema especializado para adolescentes, conservar la edad actual de imputabilidad, asegurar cumplimiento efectivo de sanciones y comprometer al Estado con el egreso.
| Medida | Foco principal |
|---|---|
| Restringir sanciones en medio libre | Delitos violentos como portonazos, encerronas y turbazos deberían tener sanciones en régimen cerrado. |
| Escalamiento frente a reincidencia | Aumentar control, intensidad de intervención o duración de medidas cuando exista reiteración delictiva. |
| Rediseñar régimen cerrado | Unidades más pequeñas, equipos estables, salud mental, escolaridad y formación laboral obligatoria. |
| Plan de egreso vinculante | Acompañamiento al menos 24 meses después de cumplir la sanción. |
| Participación de víctimas | Notificación y derecho a ser oídas ante cambios relevantes en el cumplimiento. |
| Mejor supervisión de condenas | Más control judicial y revisión ante incumplimientos graves o reiterados. |
| Alerta temprana nacional | Integrar información de educación, salud, protección y municipios. |
| Protección especializada | Fortalecer Oficinas Locales de la Niñez y coordinación con tribunales de familia. |
| Tratamiento de drogas | Abordar consumo problemático como factor central de reincidencia. |
Una reforma que llega tarde para muchas comunas
La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, sostuvo que los municipios llevan años alertando sobre el cambio en los patrones de delincuencia juvenil y la necesidad de una respuesta estatal más firme.
“Los alcaldes llevamos años advirtiendo que la delincuencia juvenil está cambiando y que el Estado debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Hoy damos una señal transversal: necesitamos una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente más firme, que proteja a las víctimas, garantice el cumplimiento efectivo de las sanciones y entregue herramientas reales de reinserción”, indicó.
Desde Quinta Normal, la alcaldesa Karina Delfino puso el acento en prevención, oportunidades y presencia estatal en el territorio. “Cuando el Estado no se hace presente en el espacio público, a nuestros niños y niñas los toma el crimen organizado, y hacernos cargo de aquello es nuestra responsabilidad. Debemos adoptar una mirada preventiva, de reinserción, de entregar oportunidades laborales a los jóvenes. Tenemos que proteger y entregar oportunidades y así cortar estas trayectorias delictuales”, señaló.
El planteamiento municipal también cruza una discusión más amplia sobre seguridad pública, coordinación institucional y rol de los gobiernos locales. Al igual que en debates recientes sobre propuestas municipales presentadas ante autoridades nacionales, los alcaldes buscan transformar la presión territorial en una agenda legislativa concreta.
Seguridad y reinserción en la misma ecuación
La propuesta de los alcaldes intenta despejar una falsa disyuntiva: sancionar o reinsertar. El documento plantea que ambos objetivos deben avanzar juntos, especialmente cuando se trata de adolescentes involucrados en delitos violentos o reincidencia.
El diagnóstico de fondo apunta a que el sistema penal adolescente es el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes. Según la propuesta, muchos adolescentes que llegan a cometer delitos violentos ya habían mostrado señales de riesgo en el sistema escolar, en programas de protección, en familias con baja adherencia a intervenciones y en contextos donde el consumo problemático de drogas no fue tratado a tiempo.
La discusión que viene en el Senado será clave para medir cuánto de esta propuesta transversal logra traducirse en indicaciones concretas. El desafío para el Gobierno y el Congreso será construir una reforma que entregue respuestas efectivas a las víctimas, cierre espacios de impunidad, fortalezca la reinserción y evite que adolescentes en riesgo sigan llegando tarde al sistema penal.
