Piden al Ejecutivo el envío de mensaje que postergue hasta el año 2024 la entrada en vigencia de la ley que afecta a prestaciones de servicios profesionales, asesorías y consultorías; comités de APR; servicios sanitarios rurales y organizaciones comunitarias similares
El Senado, a través de un proyecto de acuerdo solicitó al presidente de la República el envío a tramitación de un proyecto de ley que prorrogue la entrada en vigencia de la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias, en lo referido al cobro de IVA a los servicios profesionales; norma que comenzó a regir desde el 1 de enero del presente y que afecta, directamente, a las prestaciones de servicios profesionales, asesorías y consultorías; a Comités de Agua Potable Rural (APR), Servicios Sanitarios Rurales (SSR) y organizaciones comunitarias similares.
La solicitud fue patrocinada por las senadoras María José Gatica, Alejandra Sepúlveda, Carmen Gloria Aravena, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Claudia Pascual y los senadores Alfonso De Urresti, Sergio Gahona, Karim Bianchi, Juan Castro González, Juan Castro Prieto, Francisco Chahuán, José Miguel Durana, Fidel Espinoza, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Juan Antonio Latorre, Javier Macaya, Iván Moreira, Daniel Núñez, Manuel José Ossandón, Rafael Prohens, Kenneth Pugh, Gastón Saavedra, David Sandoval, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe y Esteban Velázquez.
Presupuesto familiar
A juicio de los autores, “esta medida implicará un alza considerable en el coste de servicios profesionales, asesorías técnicas y consultorías que requieren los diversos Comités de APR, Servicios Sanitarios Rurales u organizaciones comunitarias con similar finalidad de entregar agua potable a las familias de nuestro país, afectando directamente en el presupuesto administración y situación financiera de las diversas instituciones a lo largo de nuestro país”.
“Esta consecuencia directa en el patrimonio de la organización –agregan- también afectará al presupuesto de los(as) usuarios(as) finales, pues finalmente les serán traspasados estas alzas y costos (provocado por la afectación al IVA de servicios profesionales, consultorías y asesorías), siendo las familias de sectores rurales, principalmente, las más afectadas en su presupuesto familiar”, explica la iniciativa.
El proyecto de acuerdo alude, además, al alza sostenida en los precios de vida, la canasta familiar básica al alza, en los combustibles, “entre otras situaciones que afectan a la economía del país y al presupuesto de cada familia de nuestro país. Estas situaciones hacen urgente que el Estado, a través del Gobierno, adopte medidas urgentes y directas en apoyo de las familias chilenas”.
