Junto a gremios de la salud entregó carta en La Moneda para frenar el ajuste presupuestario, advirtiendo efectos en listas de espera, atención primaria y capacidad hospitalaria, en medio de alta demanda asistencial y presión estacional sobre la red pública
La discusión del presupuesto de salud 2026 escaló a nivel político este lunes, luego de que el senador por O’Higgins y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, se sumara a la ofensiva de los gremios para revertir el recorte del 3% al Minsal, equivalente a $517 mil millones. La acción se concretó en La Moneda con la entrega de una carta dirigida al Presidente de la República.
La convocatoria reunió a dirigentes de FENATS Nacional, FENPRUSS, FENASENF y CONFEDEPRUS, junto a parlamentarios de distintas bancadas, configurando una señal de presión transversal frente a una medida que, advierten, podría profundizar las brechas del sistema público. El foco está puesto en listas de espera que superan los 2,5 millones de personas y en la capacidad de respuesta de la red asistencial.
Presión política y advertencia por capacidad del sistema
Durante la actividad, Castro fue enfático en cuestionar el ajuste presupuestario y sus efectos en la operación del sistema. “Estamos aquí para decir basta. No se puede seguir debilitando el sistema que sostiene al 80% de la población, justo cuando tenemos listas de espera de más de 2 millones y medio de personas, falta de especialistas y un invierno que pondrá nuevamente a prueba la red asistencial”, sostuvo.
El senador advirtió que una reducción de esta magnitud impactaría directamente en áreas críticas como la atención primaria, la resolución quirúrgica y la disponibilidad de camas, afectando la oportunidad de atención. En esa línea, planteó que el sistema ya enfrenta una demanda estructural creciente, lo que vuelve más sensible cualquier ajuste en financiamiento.
Impacto territorial y presión en regiones
Uno de los puntos centrales del planteamiento del parlamentario fue el efecto que tendría el recorte en regiones, particularmente en zonas donde la red pública cumple un rol predominante. En el caso de O’Higgins, subrayó que la dependencia del sistema público es clave para miles de familias, tanto en atención primaria como en hospitales de mediana complejidad.
“Cualquier reducción de recursos golpea directamente la continuidad de las prestaciones y las derivaciones a centros de mayor resolución”, advirtió, apuntando a un deterioro en tiempos de respuesta y calidad del servicio si se concreta el ajuste.
Contradicción con prioridades sanitarias
El debate también incorporó cuestionamientos a la coherencia de la política sanitaria del Ejecutivo, especialmente tras el anuncio de una alerta nacional oncológica. Para Castro, la reducción presupuestaria contradice la necesidad de fortalecer la respuesta frente al cáncer, principal causa de muerte en el país.
“No se puede anunciar una alerta de cáncer con una mano y con la otra quitarle recursos a la salud pública. Así no se enfrenta la primera causa de muerte del país”, afirmó, planteando que las prioridades sanitarias deben reflejarse en la asignación de recursos.
Definición queda en el Congreso
El conflicto abre un nuevo frente en la discusión del presupuesto 2026, donde se anticipa un debate marcado por la presión de gremios, la evidencia de demanda acumulada y la necesidad de fortalecer la red pública. La definición final se trasladará al Congreso, donde el financiamiento del sistema de salud volverá a situarse como uno de los ejes centrales del debate fiscal.
