El presidente de la Comisión de Salud del Senado cuestionó la rebaja de $28 mil millones contemplada para 2027 y exigió reponer los recursos, advirtiendo efectos sobre 84 mil pacientes que dependen de tratamientos de alto costo
El senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, cuestionó duramente la disminución de recursos contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027 para la Ley Ricarte Soto y llamó al Gobierno a revertir el ajuste durante la tramitación en el Congreso.
La asignación destinada a financiar diagnósticos y tratamientos de alto costo pasaría de un equivalente ajustado de $195.159 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027, una diferencia superior a $28 mil millones y equivalente a una disminución real de 14,45%, de acuerdo con los antecedentes presupuestarios conocidos esta semana.
La rebaja se incorpora a una discusión presupuestaria que combina aumento global del gasto con ajustes en distintas partidas y programas. Salud aparece entre los ministerios con mayor volumen de recursos para 2027, pero la distribución interna comienza a abrir focos de controversia durante la revisión del proyecto en el Congreso.
“Hoy se ha dado a conocer una pésima noticia para esos 84 mil pacientes de la Ley Ricarte Soto en Chile, que lleva 10 años de funcionamiento. ¿Cuál es? Que se han recortado más de $28 mil millones respecto del presupuesto del año pasado”, sostuvo legislador de la región de O’Higgins.
Tratamientos de alto costo bajo discusión
La Ley 20.850, conocida como Ley Ricarte Soto, creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y actualmente contempla garantías asociadas a 27 problemas de salud. Entre ellos figuran tratamientos para enfermedad de Crohn grave, mucopolisacaridosis, artritis reumatoide refractaria y otras patologías cuyo costo puede resultar difícil de asumir directamente por las familias.
Castro apuntó precisamente al efecto que podría tener una disminución de recursos sobre quienes ya reciben cobertura y sobre la capacidad futura del sistema. “¿Cuánta gente con enfermedades como el Crohn, mucopolisacaridosis, colitis ulcerosa, artritis reumatoide refractaria, cáncer mamario en ciertas etapas van a quedar desprovistos de esto? Por favor, esto es un ataque realmente inhumano a gente que solo tiene esa Ley Ricarte Soto para poder salvar su vida”, afirmó.
La discusión encuentra además a un fondo que enfrenta tensiones financieras desde hace varios años. El Ministerio de Salud reconoce que la disponibilidad de recursos ha limitado la incorporación de nuevas garantías, mientras durante 2026 el propio Ejecutivo mantuvo en tramitación una reforma destinada a mejorar la sustentabilidad del sistema y dar mayor flexibilidad al financiamiento de tratamientos de alto costo.
El número de beneficiarios también creció sostenidamente. Antecedentes conocidos durante la discusión presupuestaria sitúan el universo por sobre las 75 mil personas al cierre de 2025, mientras Castro habla actualmente de cerca de 84 mil pacientes cubiertos por la normativa.
Exigencia para reponer los recursos
El cuestionamiento se produce meses después de que la propia Comisión de Salud analizara las rebajas aplicadas al presupuesto sanitario durante 2026, discusión que entonces involucró al Ministerio de Hacienda, Minsal, gremios y organizaciones profesionales.
Ahora el foco está puesto específicamente en la Ley Ricarte Soto. Castro elevó el tono frente a una reducción que, según afirmó, puede afectar directamente el acceso a medicamentos y tratamientos garantizados por ley.
“¿Cómo es posible que hayamos llegado a este extremo de conductas que realmente rayan en lo miserable, de quitarle el acceso a medicamentos de alto costo que están garantizados en una ley que cubre más de 27 problemas de salud y que experimenta una rebaja de $28 mil millones para el año próximo? Eso es inaceptable”, señaló.
El parlamentario anunció que buscará modificar la asignación durante la discusión legislativa del Presupuesto 2027. “Yo exijo, como presidente de la Comisión de Salud del Senado, que esto se reponga a la brevedad, porque esa ley, así como está, la están atacando de muerte”, concluyó.
La cifra propuesta todavía debe pasar por la tramitación presupuestaria en el Congreso, instancia en la que las partidas pueden sufrir modificaciones. La discusión determinará si los $166.951 millones contemplados para 2027 se mantienen o si Hacienda y los parlamentarios acuerdan reponer parte o la totalidad de los recursos cuestionados.
