Por: Mercedes Ducci B., Presidenta de ComunidadMujer y Alejandra Sepúlveda P., Directora Ejecutiva @ComunidadMujer
Las discusiones de política pública que refieren a infancia y parentalidad suelen plantear un falso juego de suma cero: como si aquello que es ganar en derechos para las y los niños, debiera comportar una cesión de estos, especialmente para sus madres. Y a la inversa.
Estos días, el debate generado por el envío al Congreso del proyecto “sala cuna universal”, recuerda esa aparente contradicción. La propuesta es claramente una reforma pro-empleo de las mujeres, muy esperada por quienes trabajamos por la igualdad de género. Pero, en los hechos, las principales críticas han venido de sectores vinculados a educación, planteándola casi como una reforma a la Educación Parvularia.
El cambio a la normativa está encaminado, primero, a eliminar la barrera para las mujeres de estar empleadas en una empresa con 20 o más trabajadoras, para acceder a sala cuna. Y segundo, a igualar los costos de contratación, que explican en buena parte la brecha salarial, la que puede llegar al 31%. Esto, según la propuesta del Ejecutivo, se lograría con un modelo de financiamiento solidario entre empleadores.
¿Son contrapuestos los derechos de las madres a trabajar y los de sus hijos e hijas a educarse y ser cuidados? Claramente no y es ahí donde vemos el primer riesgo en la discusión. Hoy casi 153 mil niños y niñas no asisten a la sala cuna, aún cuando sus madres trabajan fuera de sus hogares y son cuidados a menudo por otras mujeres en redes informales.
De esos infantes, 112 mil podrían acceder al derecho a sala cuna de prosperar la reforma. Y si consideramos que las principales razones que ellas esgrimen para no participar del trabajo remunerado son las tareas de cuidado, estaríamos frente a un círculo virtuoso.
El segundo riesgo es asumir que, una vez aprobado el proyecto, todos esos niños/as se matricularán en avalancha en salas cunas. Más bien, lo que la experiencia indica es que esta alza será paulatina, en la medida que avance la participación laboral femenina, se asegure cobertura de la Educación Parvularia y se produzca el necesario cambio cultural que elimine la carga social del cuidado exclusivo en las mujeres.
Estamos ciertas de que el proyecto puede mejorar en la discusión parlamentaria. Esperamos, por ejemplo, que se incluyan a los padres trabajadores para lograr real corresponsabilidad. Ello también permitiría que las casi 174 mil mujeres que son madres de menores de dos años y están inactivas, puedan acceder a oportunidades laborales. No entrampemos esta necesaria reforma, en un juego de suma cero.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
