La moción busca prohibir el ingreso, registro y uso de redes sociales a menores de 14 años, incorporando verificación de edad, eliminación de cuentas, multas a plataformas y una excepción para adolescentes con autorización de adultos responsables
El Senado comenzará a analizar una moción que busca prohibir a los menores de 14 años el ingreso, registro y uso de redes sociales, abriendo un debate de alto impacto sobre infancia, educación digital y responsabilidad de las plataformas. La propuesta será revisada el miércoles 3 de junio por la Comisión de Educación del Senado.
La iniciativa fue presentada por los senadores Javier Macaya, Iván Moreira, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe y Cristian Vial, y fue remitida a las comisiones de Educación y Familia para su estudio. El objetivo declarado es proteger a niños, niñas y adolescentes, además de promover su normal desarrollo y educación frente a riesgos asociados al uso temprano de redes sociales y la exposición digital de menores.
Qué propone la moción
El eje central del proyecto es establecer una prohibición para que menores de 14 años puedan ingresar, registrarse o utilizar redes sociales. La medida se inserta en una discusión más amplia sobre seguridad en internet, bienestar infantil y regulación tecnológica, especialmente en un momento donde el uso de plataformas digitales forma parte de la vida cotidiana de estudiantes y familias.
La propuesta contempla una excepción para mayores de 14 y menores de 16 años, quienes podrían acceder a redes sociales si cuentan con autorización de sus padres, tutor o curador. Con ello, la moción introduce una diferenciación por edad y traslada parte del control hacia adultos responsables, empresas tecnológicas y mecanismos de verificación.
Verificación de edad y eliminación de cuentas
Uno de los puntos más relevantes del texto es la obligación para que las plataformas de redes sociales dispongan de un sistema de verificación de identidad, destinado a controlar la edad de registro de los usuarios y, cuando corresponda, la autorización exigida para adolescentes entre 14 y 16 años.
Las cuentas que no cumplan con la edad mínima o con los requisitos establecidos deberán ser eliminadas por las plataformas. Además, cualquier persona que advierta una situación de incumplimiento podrá solicitar la eliminación de la cuenta, para lo cual las empresas deberán mantener un canal de denuncias y abrir un procedimiento de investigación que no podrá exceder los 60 días.
Protección de datos personales
La moción también incorpora normas orientadas a resguardar la protección de datos personales y la integridad de los menores. En caso de eliminación de una cuenta, las plataformas deberán borrar toda la información almacenada y todo respaldo del contenido publicado, reforzando la discusión sobre privacidad digital, trazabilidad de datos y derechos de la infancia.
El texto establece excepciones solo cuando exista solicitud expresa del adulto responsable del menor, o a petición de la parte interesada, previa autorización judicial. Este punto será clave en el debate legislativo, porque combina protección de datos, responsabilidad parental y eventuales tensiones sobre conservación de información en entornos digitales.
Multas y responsabilidad de plataformas
El proyecto contempla sanciones económicas para las plataformas que incumplan sus obligaciones. Las multas irían desde 500 hasta dos mil Unidades Tributarias Mensuales, monto que se duplicaría en caso de reincidencia, elevando la presión regulatoria sobre las empresas que administran servicios de redes sociales.
La discusión se produce poco después de la aprobación de la ley que prohíbe el uso de dispositivos tecnológicos, como celulares, al interior de los establecimientos educacionales. De esa forma, la moción se suma a una agenda pública orientada a redefinir el vínculo entre niñez, tecnología y educación, con énfasis en entornos escolares y digitales.
Un debate que va más allá de la prohibición
La propuesta abre una discusión compleja. Por un lado, responde a preocupaciones crecientes sobre exposición temprana a contenidos inadecuados, uso problemático de plataformas, ciberacoso, protección de datos y efectos sobre el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Por otro, el trámite legislativo también exigirá revisar la viabilidad técnica de la verificación de edad, sus impactos sobre privacidad, el rol de las familias y la capacidad real de fiscalizar plataformas globales que operan con altos volúmenes de usuarios.
Para el sistema educativo, el debate no se limita a prohibir o permitir. También obliga a preguntarse cómo formar usuarios críticos, cómo acompañar a las familias y cómo construir reglas claras para que la tecnología no sustituya procesos esenciales de convivencia, aprendizaje y desarrollo social.
La discusión que se abre en el Senado será observada por comunidades educativas, especialistas en infancia, familias, plataformas digitales y organizaciones vinculadas a derechos de niños, niñas y adolescentes. Su resultado podría marcar un nuevo estándar para la protección digital de menores y la regulación del acceso temprano a redes sociales en Chile.
