Por Carla Huerta. Abogada tributaria
Cada vez que una emergencia golpea al país, la respuesta del Estado debe ser rápida. Las familias que han perdido sus viviendas, sus fuentes de trabajo o parte importante de su patrimonio no pueden esperar indefinidamente mientras se diseñan las soluciones. La urgencia es una necesidad legítima, pero también representa un desafío para quienes deben transformar esa respuesta en políticas públicas eficaces.
La Región de Coquimbo conoce bien esa realidad. La sequía prolongada, los incendios forestales y otros eventos climáticos han demostrado que la reconstrucción no depende únicamente de disponer de recursos, sino también de contar con reglas claras que permitan ejecutar las medidas con oportunidad y entregar certezas a las comunidades.
Cada proceso de reconstrucción deja una enseñanza que trasciende la contingencia. Junto con responder a las necesidades inmediatas, también obliga a reflexionar sobre la calidad de las normas que se dictan para enfrentar escenarios complejos y sobre la capacidad del país para diseñar políticas públicas que resistan el paso del tiempo.
La experiencia demuestra que las emergencias suelen acelerar decisiones legislativas. Sin embargo, cuando esas normas incorporan efectos permanentes sobre el desarrollo económico, la inversión o la actividad productiva, resulta indispensable que también cuenten con un análisis técnico suficiente y una evaluación adecuada de sus impactos.
La reconstrucción exige rapidez. Las reformas económicas requieren tiempo, análisis y consensos amplios. Confundir ambos procesos puede afectar la calidad de las decisiones y dificultar el objetivo principal, que es entregar respuestas oportunas a quienes más las necesitan.
Desde el ámbito tributario, la certeza jurídica constituye un elemento esencial para promover la inversión y generar confianza. Esa certeza no depende únicamente del contenido de las normas, sino también de la manera en que estas se elaboran. Las leyes adquieren mayor legitimidad cuando son el resultado de una deliberación técnica capaz de ponderar sus efectos económicos, sociales e institucionales.
Para regiones como Coquimbo, donde el desarrollo depende en buena medida de la minería, la agricultura, la energía y el turismo, disponer de un marco regulatorio estable incide directamente en la generación de empleo, la atracción de inversiones y las oportunidades de crecimiento.
Legislar con sentido de urgencia no significa renunciar a una buena técnica legislativa. Al contrario, ambas exigencias deben complementarse. La rapidez resulta indispensable cuando las personas requieren apoyo inmediato, pero esa misma urgencia no debería impedir que las reformas de largo plazo reciban el análisis y la evaluación que merecen.
Una buena reconstrucción no se mide únicamente por la velocidad con que se recupera la infraestructura o se entregan ayudas. También se refleja en la capacidad de fortalecer las instituciones y producir normas que otorguen certeza, reduzcan la incertidumbre y contribuyan a crear un entorno favorable para el desarrollo.
Las emergencias pasarán. Las leyes permanecerán durante años. Por eso, reconstruir también significa legislar bien. Porque la confianza en las instituciones no se construye únicamente con recursos públicos, sino también con normas de calidad capaces de responder a las necesidades del presente sin perder de vista el futuro.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor (a) y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poderyliderazgo.cl
